Presupuesto al Tribunal de Cuentas

La tarifa de saneamiento, las normas de personal, la creación del Departamento Jurídico y algunos artículos considerados inconstitucionales por la bancada colorada fueron los principales aspectos sobre los que se basó el debate. El Encuentro Progresista (EP) prácticamente no opinó sobre casi ningún tema, en un intento por evitar debatir para que la sesión no se extendiera más allá de las 11 de la mañana. El Partido Nacional (PN), por su parte, también limitó sus opiniones a aspectos muy específicos y en general se mostró de acuerdo con el oficialismo, acompañando la mayoría del articulado y en particular la polémica tarifa de saneamiento.

Los directores municipales no estuvieron libres de las críticas, que cayeron constantemente desde la bancada colorada y estuvieron protagonizadas principalmente por los incansables César García y Cristina Ferro, que prácticamente no abandonaron la Sala en toda la sesión. La transformación de la División Servicios Jurídicos en un Departamento motivó duras críticas al director Adolfo Pérez Piera y paralelamente a la directora de Recursos Humanos, Hyara Rodríguez (ver nota aparte). Las normas de personal provocaron acusaciones contra el director del área, Juan Carlos Bengoa, a quien Ferro llegó a acusar de «dividir para reinar en la oscuridad».

 

Una noche de vigilia

A las 6.30 horas de la mañana de ayer, luego de una noche entera sin dormir, los ediles llegaron al polémico artículo 92, que implementa la creación de la tarifa de saneamiento. Como el tema había quedado agotado la noche anterior durante el debate en general, los ediles se limitaron a dar breves opiniones en cada bancada y terminaron aprobando la tarifa con los votos del EP y el PN.

Poco antes de emitir el voto el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Carrasco, reconoció que «es verdad que se paga más por este tributo» que con los anteriores. Sin embargo, aclaró que no se trata de un impuesto porque «no estamos recargando a la gente sino que buscamos percibir a cambio de un servicio prestado».

El quincista Mario Linzo insistió en que «se recauda más de lo necesario» y argumentó que aunque comparte la necesidad de extender el saneamiento «no estoy de acuerdo con que se meta la mano en el bolsillo de la gente». Duilio Zupardi agregó que «se trata de un impuesto disfrazado», aspecto que fue compartido por los colorados Carlos Suárez, César García y Cristina Ferro. Los blancos, que fueron fuertemente atacados por los colorados en la noche anterior como consecuencia de su respaldo al EP, se limitaron a levantar la mano sin emitir opinión.

 

Amanecer en calma

Recién a las 8 de la mañana los ediles comenzaron a analizar las normas de personal. Unos pocos dirigentes de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) se mantenían en las barras para asistir a la sesión, lo que hicieron en un clima muy calmo para retirarse después sin gritos ni discusiones. Solamente una vez en el transcurso del debate se escuchó a alguien gritar desde las barras contra el coordinador de la bancada progresista, Uberfil Hernández, quien fuera presidente de Adeom. «Uberfil, ¿tenés la mano enyesada?», preguntaron en alusión a que el edil acompañaba las normas que la dirigencia gremial considera perjudicial para los trabajadores. El comentario no tuvo respuesta ni consecuencias de ningún tipo salvo por un planteo del presidente del deliberativo, Walter Morodo, quien señaló: «Hasta ahora debo felicitar a las barras. Vamos a terminar bien, muchachos».

El artículo 118, que posibilita que los funcionarios presupuestados puedan ser contratados para tareas específicas, fue calificado como «falto de garantías para el ingreso» por García. Este aspecto fue compartido por Ferro, quien apuntó que «se presta a favoritismos. Esto de proteger el cargo presupuestado para alguien que está cumpliendo un contrato es extremadamente peligroso. Se trata de una disfunción administrativa que permite que se lleven adelante prácticas que no compartimos».

El artículo 119, que racionaliza las retribuciones personales, fue observado por el colorado Alfredo Menini porque «brinda a la IMM otra posibilidad para meter la mano en el bolsillo de los trabajadores». Ambos artículos fueron aprobados únicamente con los votos del EP.

 

Inconstitucionalidad sobre la mesa

Las normas de personal permitieron a la Junta alcanzar la unanimidad en algunos casos y fue para retirar parte del articulado. Esto sucedió en el caso del artículo que fijaba un monto mínimo de recaudación en Casinos y establecía que la diferencia debería ser cubierta por los funcionarios.

Pero no ocurrió en el caso del polémico artículo 135 (que en la versión modificada de la Comisión de Presupuesto llegó al plenario con el número 128) que establece el retiro para los funcionarios con causal jubilatoria. Aunque se retiró la palabra «obligatorio» y se fijó la norma para los trabajadores que ingresaron a la administración después de 1990, la oposición se manifestó insatisfecha por un artículo que, según Menini, «llama a asombro porque es ilegal e inconstitucional». García agregó que «esto va a ser impugnado por el Banco de Previsión Social (BPS). ¿Qué necesidad tienen de votarlo si, además, es para dentro de veinte años?». Sostuvo que mantenerlo –como se hizo– implicaba «conservar una conflictividad latente que va a aparejar problemas para esta administración. Aquí hay algún director municipal que tiene muy malas ideas porque cuando no intentan pasar por arriba de la Junta Departamental, presentan planes que perjudican a los trabajadores».

Linzo compartió la postura del Foro Batllista sobre este tema y afirmó que aún con las modificaciones planteadas por el EP «sigue siendo inconstitucional. Esto queda como una espada de Damocles sobre todos los funcionarios que tengan causal jubilatoria con jubilación bonificada».

Los blancos estuvieron de acuerdo con los colorados. Martín Fernández apuntó que «la IMM actúa con una arrogancia increíble, tratando de dictaminar quiénes pueden continuar trabajando y quiénes no».

 

Dispuestos a cambiar

El EP defendió su postura a través del edil Carlos Varela, quien dijo que la izquierda votaría el artículo tal como fue presentado por la Comisión pero adelantó que «si hay aspectos para corregir lo vamos a hacer en la próxima rendición de cuentas», que ingresará a la Junta antes del 30 de junio. Varela enfatizó que «este sector no busca perjudicar a ningún trabajador. Vamos a votar este artículo como está por una cuestión de tiempos políticos pero si hubiera una necesidad de hacer cambios, los haremos en la próxima modificación presupuestal».

Este planteo fue considerado «extraordinario» por Linzo, mientras el nacionalista Osvaldo Abi Saab dijo que «si hay mejoras en algún aspecto es por la grandeza de los ediles oficialistas para intentar lograr algo justo y no por la IMM».

Una vez aprobado el controvertido artículo, únicamente con los votos del EP, el resto del presupuesto se agotó en pocos minutos, concluyendo el análisis del articulado a la hora 10.40. Previamente se agregó el artículo acordado con los blancos creando una cuenta especial –que ya existe en los hechos– para los fondos del saneamiento. La administración deberá rendir informes anuales sobre el contenido de esa cuenta a la Junta Departamental.

Al analizarse las metas y objetivos de la administración, se incorporó la versión taquigráfica de una intervención de García criticando la falta de recursos para la reconstrucción del Teatro Solís y reclamando la creación de una «cuenta vit
rina» para controlar los gastos. En cuanto al planillado, fue aprobado con la incorporación de un pedido del Partido Colorado para que el Departamento de Cultura lleve a veinte la cantidad de tablados de Carnaval. A las 11 en punto y luego de una maratónica sesión, el pasaje del presupuesto al Tribunal de Cuentas fue aprobado por unanimidad.