Junta votó presupuesto municipal

Pasada la una de esta madrugada todavía no habían comenzado con la discusión en particular de los 153 artículos contenidos en el presupuesto, por lo que se estima que el debate se extenderá hasta la mañana de hoy. La tarifa de saneamiento, que resultó aprobada en la madrugada con los votos del oficialismo y los tres representantes nacionalistas, fue la «vedette» de la discusión.

Pese a saber que el tema sería retomado en la discusión en particular, la mayoría de los ediles utilizó su tiempo en la discusión general para referirse a la tarifa. El resto del tiempo se fue en discusiones políticas que poco tuvieron que ver con el presupuesto, donde el EP hizo sucesivos balances sobre las obras realizadas durante su gestión, el Partido Nacional destacó el acuerdo alcanzado con la Intendencia de Montevideo (IMM) en todas sus alocuciones y el Partido Colorado criticó los montos manejados.

«Impuestazo» fue una de las palabras más repetidas en la sesión. Aunque el posible intento de impugnación a la tarifa fue desarticulado por los blancos, el EP recordó la existencia de esa «amenaza» mientras los colorados dejaron claro su derecho a apelar al Parlamento si lo consideraban necesario.

 

Acuerdo cuestionado

El informe en mayoría, presentado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Carrasco, defendió la propuesta y aseguró que «no perjudica a ningún funcionario ni otorga poderes plenipotenciarios al arquitecto Mariano Arana». Recordó que los trabajadores conseguirán un reajuste del cien por cien del IPC «a costa de un enorme sacrificio», aspecto que fue recogido por sus compañeros de bancada en diversas intervenciones. El mantenimiento de las políticas sociales y los convenios con las ONGs también fueron destacados por el representante frenteamplista y reiterados durante el debate.

Osvaldo Abi Saab, que tuvo a su cargo el informe nacionalista, aclaró que su sector no votaría el presupuesto en general por discrepancias en las cifras y porque «el gobierno frenteamplista no ha cumplido nunca con los dictámenes del Tribunal de Cuentas». Agregó: «No vamos a votar aumentos en la tasa de necrópolis, nada que perjudique los logros alcanzados por los trabajadores ni tampoco facultades al intendente que no tengan previa anuencia de la Junta Departamental». Sin embargo, destacó la «responsabilidad» asumida por los blancos al respaldar la tarifa de saneamiento. Este punto fue particularmente atacado por el forista César García, quien manifestó que los blancos deberían «justificar» el hecho de haber resuelto «solucionarle un problema al FA».

Abi Saab negó que se hubiera apuntado a respaldar a la izquierda y explicó: «Lo que buscamos fue solucionarle un problema a la gente. Nosotros no hacemos lo que nos dicen de arriba porque conviene. No tenemos necesidad de decir cosas que después no se concretan para salir en un diario o en la televisión». El edil Martín Fernández agregó al respecto: «Los nacionalistas no tenemos que justificar nuestras actitudes ante el Partido Colorado. Tenemos que justificarlas solamente ante la gente, así que García se puede quedar tranquilo».

 

Colorados divididos

La Lista 15 y el Foro Batllista presentaron informes separados pese a plantear aspectos similares. El informe del quincismo, presentado por Mario Linzo, reconoció que el presupuesto original fue «suavizado» en las normas referidas a los funcionarios. Por otra parte, cuestionó el costo de la tasa bromatológica, «por el que se cobran 14 millones de dólares cuando el servicio bromatológico cuesta 1.800.000. Esto claramente es un impuestazo». Respecto a la tarifa de saneamiento indicó que «se utiliza para financiar parte de una deuda que tiene la IMM. Entonces no es un precio sino un impuesto».

García, que realizó el informe del Foro, indicó que la tarifa «faculta a la IMM a cobrar en el quinquenio 53 millones de dólares más que lo que se recauda en la actualidad para pagar obras que ya están terminadas y tareas que ya se cumplen. Con la ayuda de los blancos se les está pegando una piña en el hígado a los montevideanos». Agregó que el proyecto de presupuesto enviado por el municipio «contenía un autoritarismo que ha sido menguado no sólo por la oposición sino por la negociación del oficialismo. Aquí se trató de avasallar la democracia».

 

Decisión del Tribunal

La edila emepepista Susana Pereyra manifestó su preocupación por las «amenazas» del Partido Colorado respecto a que apelarían la tarifa ante el Parlamento, lo que fue rebatido por el colorado Duilio Zupardi. El edil explicó: «Nosotros no amenazamos sino que anunciamos nuestro derecho a recurrir a facultades que nos confiere la Constitución». Linzo, que en ningún momento se mostró favorable a la impugnación, respaldó a su compañero de bancada y recordó que en otros sectores políticos «se juntan y falsifican firmas. De manera que la Constitución se ejerce para un solo lado. Cuando se aprende lo que nos han enseñado otros, no hay que enojarse».

La vertientista Laura Fernández planteó que «se puede estar o no de acuerdo con la tarifa pero está claro que no es un impuesto porque se trata de un modo de cubrir un servicio». El quincista Jar Sánchez, por su parte, opinó que «doce millones anuales de más son un impuesto. Salen del bolsillo de la gente y eso es así aunque no les guste». Carrasco salió en defensa de la tarifa y reafirmó «rotundamente que estos son los montos adecuados. Ya en 1985 ya se sabía que las tarifas vigentes eran insuficientes para el mantenimiento. Por eso el Estado tuvo que pagar la totalidad del préstamo que el BID dio a Montevideo ese año. Porque la plata no alcanzaba».