Intendentes rechazaron la propuesta del gobierno

San José

 

Ayer desde aproximadamente las 9.30 horas y hasta las 18.30, sesionó en el Teatro Macció de San José el Congreso Nacional de Intendentes. Sobre el mediodía, el plenario de jerarcas comunales recibió al director de la OPP, Ariel Davrieux, junto al subdirector, Gonzalo Cibils. La propuesta presupuestal del Poder Ejecutivo transmitida a los jefes comunales fue rechazada por éstos en forma unánime. «No estamos de acuerdo», informó a la prensa en calidad de vocero el presidente del Congreso, Juan Chiruchi.

La propuesta del gobierno que Davrieux transmitió al Congreso sobre el presupuesto que se destinará a las comunas refería particularmente a los fondos de desarrollo del Interior del país. Según detalló, de acuerdo a lo previsto en el artículo 298 de la Constitución, «lo que hicimos fue plantear un esquema para el quinquenio 2001-05, donde se destinarían aproximadamente 95 millones de dólares del gobierno, 16 millones de dólares de las intendencias, que totalizan 111 millones. Si a eso agregamos el programa de desarrollo municipal en ejecución, más el que se ha iniciado en la gestión actual, se invertirían con recursos del gobierno y ejecución de las intendencias unos 201 millones de dólares en el quinquenio. A esto se agregaría lo que ejecutarían los organismos de la administración central en el Interior por 285 millones. O sea que estaríamos hablando de una cifra de alrededor de 500 millones de dólares».

Tres puntos centrales contenía la posición del Ejecutivo: primero, que el conjunto del quinquenio fuera analizado por el Congreso en conjunto «para que cada intendencia pudiera presentar proyectos más voluminosos de los que resultarían de distribuir cada cifra anual entre todas ellas»; segundo, que los fondos de desarrollo de la inversión se distribuyeran entre las comunas «de acuerdo a su población, superficie y necesidades básicas insatisfechas, dándole más recursos a las que tiene más necesidades; y tercero, lo relativo a la negociación iniciada desde la OPP con el Banco Interamericano para financiar un programa «de gestión municipal».

Davrieux consideró, por su parte, como muy factible que de dicha negociación «surja la conveniencia para que además de los fondos de que dispone el gobierno y del préstamo del BID, haya también alguna contrapartida de recursos propios de las intendencias, usando sus propios recursos o los que les transfiere el gobierno por el 214″.

 

En desacuerdo

Justamente al respecto de las partidas y asistencia que el gobierno central pretende destinar a las comunas, fue que el presidente del Congreso expresó: «Estuvimos analizando lo que tiene que ver con el artículo 298 y no ha habido acuerdo en el modo en que se van a distribuir estos recursos. El 298 genera 30 millones de dólares que entendemos deben ser proyectos de desarrollo sugeridos y resueltos por los gobiernos departamentales, promoviendo así una verdadera descentralización y no que los 30 millones financien actividades que organismos del Estado realizan en el interior del país, que eso fue lo que nos planteó el contador».

La postura de los intendentes sobre este tema será definida finalmente en la próxima reunión del Congreso, a realizarse el primer martes después de Turismo en Montevideo. Con la propuesta de Davrieux «no se está cumpliendo con promover la descentralización y el desarrollo del Interior, ni con el fin por el cual fue creado este artículo ni con los recursos que se dispusieron en el presupuesto quinquenal. No estamos de acuerdo en cómo el gobierno central piensa manejar estos 30 millones de dólares», dijo Chiruchi.

Por otra parte, la intención de que las intendencias aporten contrapartidas para el Plan de Desarrollo Municipal IV –también manifiesta por Davrieux– sería rechazada al menos por la mayoría de los intendentes. «Tampoco estamos de acuerdo y ya se lo dijimos hoy. La contrapartida tal vez pasa por la asistencia que los gobiernos municipales hacen a una escuela, a un liceo, al Ministerio de Salud Pública, tareas que por ley deben ser asumidas por organismos nacionales pero cuyos costos totales son asumidos por las intendencias. En eso no nos pusimos de acuerdo tampoco».

 

Mevir

Una carta enviada por el Directorio del Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir) al Congreso fue motivo de especial análisis y preocupación por parte de los jerarcas comunales. En dicha nota, Mevir comunicaba no haber recibido desde el mes de enero la partida que le corresponde por el Fondo Nacional de Vivienda (por un monto aproximado a los dos millones de dólares), situación que había determinado la suspensión del 60% de las obras en marcha y la suspensión de los contratos de 300 trabajadores.

Sin embargo, por la tarde, el ministro de Vivienda, Carlos Cat, tranquilizó a los intendentes, ya que reconoció que el problema era responsabilidad de la cartera. «Firmamos un nuevo convenio que ya fue aprobado por el Tribunal de Cuentas. En los próximos días cobrarán los dos millones y el Ministerio cumplirá su compromiso», por lo que el plan de viviendas podrá continuar funcionando.