"Carta abierta" al presidente electo

«Quienes suscribimos esta carta somos los sobrevivientes de la mal llamada crisis del 2002. Los desapoderados de lo suyo todavía que una Ley envió a una liquidación. Despojados y después de una tortura de seis años confiando todavía en que este gobierno habría de hacer lo justo», así se inicia la misiva.

«Se hicieron muchas cosas con el dinero de los ahorristas, hasta se financió un banco con los activos que nos pertenecían». «Un excelente negocio para el Estado que luego vendió a privados resarciéndose de su perjuicio (siendo) uno de los tantos negocios que realizó el Estado a costo de los perjudicados ahorristas», dice la carta.

Los cuotapartistas confiaron que el Estado «haría lo justo» y procedería a la devolución de los ahorros, pero «en el transcurso del tiempo ello no ha sido así y hemos esperado en vano, lo que nunca nos debió ser quitado ni retenido».

Las quitas se produjeron primero por «maniobras financieras de alto vuelo y por personajes de larga data en el país, que debió tenerse en cuenta a la hora de entregarles las potestades que les entregó el BCU, sin tomar ningún recaudo de los bienes públicos, y segundo porque el Estado se apoderó a posteriori de todo lo que había quedado en los bancos por Ley y actuó a su arbitrio sin priorizar la recuperación y/o devolución de la cual se hizo cargo».

«Hasta el día de hoy los ahorristas perdimos el 90% en los Fondos», agrega.

Sin embargo, «nuestra lucha va más allá de una cuestión material. Apunta a abrir la caja de Pandora hacia una verdadera justicia social, la que no se ha hecho desde los tribunales ni desde el poder político hasta ahora». «Falló el deber moral y cívico. El común de la gente piensa que a esta altura está totalmente resuelto el asunto. Y no es así», señala.

«Nunca pensamos aquellos que confiamos en este gobierno que el Estado se iba a lavar las manos por encima de todo lo que pasó (y que) el mismo Estado nos iba a dar batalla en los tribunales, en honerosos juicios en contra de los damnificados depositantes, siendo el único recurso que nos dejaron para hacernos de lo nuestro, literalmente obligándonos a litigar». «La única respuesta que tuvimos fue la indiferencia y la discriminación», dice.

«Al día de hoy el Estado ganó todos los juicios. Incluso aquellos donde los propios testigos del BCU reconocen la falta u omisión del ente controlador abiertamente». «Sin embargo, los jueces y magistrados de la República teniendo las cartas bien claras sobre la mesa pasan por alto pruebas contundentes y fallan a favor del Estado. Que paradoja», dice.

En este sentido, los cuotapartistas anunciaron recientemente la presentación de una denuncia penal contra las autoridades de los Fondos de Recuperación de Patrimonio Bancario y del BCU. «Nuevamente nos obligan a dar batalla ya que el tema quedó en el olvido para las autoridades, pero no así para los damnificados», expresa.

El presidente del BCU, Mario Bergara, por tanto, «deberá dar explicaciones precisas y pasar por los tribunales si es necesario para aclarar en qué condiciones se hicieron los recaudos retenidos por el anterior gobierno, y que les pertenecen a los ex ahorristas. Montos exactos y cuándo han de estar disponibles en detalle oficialmente».

 

Su voto

El Directorio del BCU dispuso en 2002 la disolución y liquidación del Banco Comercial, Banco Montevideo y Banco La Caja Obrera y la creación de Fondos de Recuperación de Patrimonio Bancario para el manejo de «todos los derechos y obligaciones, títulos y garantías, incluso activos líquidos» existentes en los balances de las entidades financieras al 31 de diciembre de 2002.

La resolución se adoptó mediante la aprobación legislativa de la Ley Nº 17.613, norma que no fue votada por el actual presidente electo, José Mujica, según señalan los cuotapartistas. «Quizás llegaría el momento de poder lavar la ropa sucia», dice la misiva.

«Es absurdo pensar que el Estado no fue responsable de nada, y que el Banco Central tiene alas de ángel salvador. En ese caso sería salvador de los delincuentes que vaciaron los Bancos ante sus abigarrados y deficientes controles», expresan los cuotapartistas.

«Quienes suscribimos no estamos intentando hacer el negocio de nuestras vidas (…) ni tenemos controvertidos intereses a razón de las circunstancias. Ni un juicio en el exterior. Sí tenemos una razón muy valiosa: llegar a desenmascarar a los verdaderos responsables que permitieron la catástrofe», agregan.