Denuncia contra comuna canaria por deuda bancaria

La jueza especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Graciela Gatti, dispuso el archivo de una denuncia penal presentada contra las jerarquías de la Intendencia Municipal de Canelones (IMC) por la compra de una deuda administrada por la empresa Thesis Uruguay SA.

La resolución de la magistrada se sustenta en el dictamen del fiscal Ricardo Perciballe en el que se solicita el archivo de las actuaciones por «falta de mérito», al no poderse dilucidar ningún tipo de responsabilidad penal de los denunciados en la transacción cuestionada, dijeron fuentes a LA REPUBLICA.

El diputado Tabaré Hackembruch Legnani y el edil Julián Ferreiro, ambos del Partido Colorado, interpusieron la denuncia penal por la compra de un crédito a particulares, otrora administrado por la empresa Thesis Uruguay SA, el cual redundó en un beneficio para un particular.

La IMC otorgó en 2001 un préstamo bancario al hoy desaparecido Banco Comercial para el pago de salarios, pero los constantes atrasos en la cancelación de pagos implicaron un aumento de la deuda hasta alcanzar los 10,6 millones de dólares.

El cierre del Banco Comercial en 2002 implicó que los activos de la institución, entre ellos el crédito de la IMC, fueran derivados al Banco Central del Uruguay (BCU). La entidad bancocentralista licitó la gestión de cobro de las carteras de clientes, siendo su adjudicataria Thesis Uruguay SA, un fondo fiduciario de origen mexicano.

La deuda se mantuvo hasta el 4 de octubre de 2007 cuando un particular se presentó ante las autoridades de la IMC aduciendo la adquisición del crédito. La IMC y el nuevo propietario (Mario Bonanata) acordaron la compra del crédito en 1,6 millones de dólares, lo cual redundó en un beneficio para la comuna. Las dudas de las denunciantes se suscitaron porque Bonanata había adquirido el crédito ese mismo 4 de octubre en poco más de 1 millón de dólares.

Sin embargo, la actuación judicial no encontró elementos para concretar una imputación penal, puesto que la transacción significó un «notorio beneficio» para la IMC y «no se pudo determinar la responsabilidad de algún jerarca en maniobras ilícitas ni la obtención de beneficios espurios», señalaron las fuentes.

La transacción cuestionada se realizó con «la anuencia de la unanimidad de la Junta Departamental, entre ellos, los representantes colorados en el legislativo comunal y es ilógico imputar responsabilidad penal cuando existió conformidad de todos los partidos políticos con la transacción», agregaron las fuentes.

Además, el beneficio obtenido por el particular por la transacción comercial «se encuentra dentro de las reglas de juego del mercado», al mismo tiempo que las observaciones del Tribunal de Cuentas (TCR) «eran formales y de menor entidad», ante lo cual se solicitó el archivo, expresaron las fuentes.

El expediente contó con la comparecencia de los denunciantes (Hackembruch Legnani y Ferreiro), de representantes de todas las empresas involucradas en la sesión de los créditos y del actual intendente de Canelones y ex secretario general de la IMC, Yamandú Orsi.