Reacción dispar de oposición ante planteo  de Mujica de modificar el Derecho Público

El ex presidente nacionalista Luís Alberto Lacalle considera «irónico» que veinte años después se esté tratando el tema, pero desde otra perspectiva, haciendo referencia a la propuesta de reformas de las empresas públicas durante su administración (1990-1994).

«Si se dice que se quiere analizar críticamente las empresas públicas, entonces perfecto. Me alegra mucho que se abran las mentes y las cabezas con 20 años de demora y que después de ese tiempo la principal figura del Frente Amplio esté dispuesta a modificar el régimen jurídico de las empresas públicas», dijo Lacalle.

Aseguró que si Mujica especifica la expresión de reforma del Derecho Público, su partido político la analizará.

«Creo que tiene que concretar un poco más, porque modificar el Derecho Público implica desde una reforma constitucional hasta una reforma de la estructura empresarial del Estado, entonces ante cosas concretas contestamos que sí», dijo ayer luego de un encuentro que representantes del Banco Mundial mantuvieron con las principales figuras de la oposición (ver nota aparte). Al ser consultado acerca de cómo puede terminarse con la burocracia, dijo que «nadie pretende terminar con la burocracia, sino que funcione».

Lacalle propuso incorporar y consultar a los trabajadores en el proceso de modificación y cambio de la función pública a quienes «nadie nunca les preguntó si lo que están realizando estiman es necesario o que pueda realizarse de otra manera».

«Lo primero que hay que hacer es llamar a los trabajadores y especialmente a los que tienen 10 o 15 años de trabajo y preguntarles, y ellos van a asesorar diciendo que determinados trámites no sirven, no agregan nada o pueden hacerse más rápido».

Por su parte, el líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, considera que el Derecho Público uruguayo tiene cosas «muy buenas y otras no tanto».

«Lo que no gusta es que es un poco lento, pero los bajos índices de corrupción se deben a las garantías que da ese Derecho Público, entonces toda reforma tiene que venir acompañada por esas garantías de cristalinidad y transparencia, porque a veces la celeridad quizás lleva a que se originen casos que conduzcan a la corrupción».

Acotó que le «preocupa que se vayan a bajar las garantías de cristalinidad y transparencia porque eso afecta la corrupción».

Recordó que en su momento se reunió con Mujica para analizar la reforma del Estado.

«Eso de que hay que echar funcionarios públicos o sacar cosas nunca se va a hacer, por lo cual se debe concretar una eficiente y moderna gestión del Estado uruguayo, y para ello hay instrumentos», expresó.

Aclaró que el Partido Colorado propuso en su programa lo que se llama gestión por resultados, lo cual significa que «no alcanza con medir la legalidad, sino la gestión, es decir si lo que se hace está siendo bien gestionado».

El miércoles 3 de febrero, durante una jornada de reuniones que se realizaron entre el gobierno electo y representantes del Banco Mundial, Mujica había cuestionado que «cada vez aparecen más instituciones públicas de derecho privado y distintas agencias aunque con necesidades justificadas».

«Para mí está demostrando que el derecho público tiene enormes dificultades para poder funcionar y los hombres en su afán de resolver problemas tienden a crear instituciones que es como si tuviéramos un Estado que tiene dificultades de funcionar y tendemos a generar otro al costado que se mueve con otra matriz de carácter jurídica. ¿Estará bien ese camino que estamos llevando, o tendremos que reformar el Derecho Público? Esta es la sensación que me dejan largas discusiones y son problemas para nada sencillos», señaló el presidente electo.

Desde el gobierno se expresó que la reforma del Derecho Público implica poder implementar compras y licitaciones con rapidez y en forma transparente.

En ese marco, la próxima administración realizará un esfuerzo e inversión importante y apuntará al despegue, por ejemplo, pasar del Derecho Público al privado.

Otro de los aspectos que se pretende reformar está relacionado con determinar con certeza la regulación de las concesiones al sector privado, es decir los permisos para ejercer actividades en diferentes áreas relacionadas a la infraestructura.