Podrían crear seis nuevos cargos en la Junta Departamental

Los ediles de Maldonado percibirían remuneración

El proyecto presupuestal estaba incluido en el orden del día de la última reunión del legislativo municipal. Pero a solicitud de los ediles blancos que integran la Comisión de Presupuesto, fue retirado y su debate pospuesto para el próximo viernes. Para ser aprobado el proyecto se requiere 19 votos, que el viernes pasado no estaban. Peor aún, ni siquiera existe unanimidad en la bancada y la negociación interna estaba trancada.

En principio el proyecto original que comprende un monto global de asignaciones por un total de 15.500.000 dólares para los cinco años, podría sufrir modificaciones durante la discusión. Sin bien públicamente ningún edil ha querido reconocer la situación, LA REPUBLICA está en conocimiento, a través de múltiples fuentes políticas, del tenor de algunas discusiones.

En principio quedó plenamente confirmado que el pasado jueves se realizó una reunión en el despacho del 5º piso del edificio comunal de la que participaron el intendente de Maldonado, Enrique Antía, el diputado herrerista Ambrosio Rodríguez, el senador colorado Wilson Sanabria y el dirigente del mismo Partido, Benito Stern, además de varios ediles blancos. La confirmación vino por boca del edil Guillermo Ipharraguerre, coordinador de la bancada nacionalista y uno de los presentes, aunque se negó a dar detalles de lo conversado.

Este cronista pudo confirmar el viernes entre varias fuentes blancas y coloradas cuál es el verdadero eje de la discusión, adornada con el palabrerío habitual en estas circunstancias. El proyecto presupuestal contiene la creación de un supercargo como el de secretario general político, que tendría mayor jerarquía que el del actual secretario general al que se accede después de una extensa carrera en la administración. Además se propone la creación de dos nuevos cargos como secretarios de bancada, uno para el Partido Nacional y otro para el Encuentro Progresista.

Durante el debate político realizado en las últimas semanas surgieron otras propuestas que tendrían como objetivo una nueva repartija de cargos para conquistar votos. Los blancos ofrecieron a los colorados por lo menos un nuevo cargo que se crearía: el prosecretario relator. Pero en la interna surgieron voces que reclaman para sí alguno de esos cargos, por lo que se propuso la creación de otros dos cargos jerárquicos: un prosecretario general y un prosecretario redactor.

Se trata en total de seis nuevos cargos que en su conjunto, sumando las aportaciones legales y los 14 sueldos al año que perciben los municipales, rondan los dos millones de dólares que habrá que sumar al presupuesto o deducir de alguna otra asignación.

Por si esto fuera poco, varios ediles blancos y colorados pretenden obtener alguna remuneración para desempeñar el cargo. El artículo 295 de la Constitución establece con claridad que «quienes desempeñan cargos en la Junta Departamental o en las Juntas Locales lo harán en forma honoraria».

Maldonado era hasta el momento de los pocos, si no el único, departamento cuyos ediles no recibían otro beneficio que la exoneración de la patente de su vehículo. Esa etapa parecería quedar atrás si prospera el planteo para recibir una partida para diarios, vales de nafta y lo que eufemísticamente denominan «reintegro de gastos». El lunes el presidente de la Comisión de Presupuesto del legislativo, Jorge Núñez (PN-Antía), confirmó a FM Gente que «hubo ediles que plantearon el tema en la propia Comisión».

Según las fuentes a las que accedió LA REPUBLICA en esta posición se encuentran los ediles blancos Alfredo Lara, Fernando García, Alejandro Echavarría, Martín Laventure, Walter Acosta, Eduardo Barrán y Teresa Silva. En filas coloradas apoyan los beneficios para los ediles: María Emilia Alvarez y Eduardo Ipar (Lista 15) y Eduardo Elinger (Foro) aunque podría haber uno o dos ediles más en la misma posición.

Sin embargo entre quienes se oponen con dureza a las prebendas están los blancos Daniel Lois, presidente de la Junta, Guillermo Ipharraguerre, Jorge Núñez, Federico Casaretto, Alvaro Villegas y Javier Sena; y entre los colorados Germán Cardozo representante del sector «sanabrista».

Los nueve ediles del EP ya adelantaron el viernes que «bajo ninguna circunstancia votarán ningún tipo de prebenda para los ediles», evidenciando que la discusión existe aún cuando ha sido negada por los involucrados. Además aseguraron que «no aceptarán el cargo de secretario de bancada» y solicitaron que se elimine del proyecto presupuestal. Hoy por hoy la mayoría de ediles se opone a cualquier tipo de prebendas, pero la discusión puede plantearse «sobre tablas» –es decir, sin acuerdos previos y para debatir el mismo día– y su futuro depende de qué viabilidad tenga ese día la aprobación del Presupuesto.

Algunos legisladores nacionalistas, que pretenden cobrar beneficios, han insinuado que si el Partido Nacional no los apoya «podrían reclamar una investigadora sobre la administración del legislativo» y volverían a poner a consideración el expediente de la destituida prosecretaria, Martha Dehorta, quien acusó de presunta corrupción a varios legisladores y dirigentes políticos.

Para algunos ediles blancos «es más importante que la Junta Departamental demuestre que puede resolver sus propios problemas que los pocos pesos más que costaría reintegrar gastos». Sin embargo hay ediles colorados que plantearon un «reintegro» de 15 mil pesos mensuales y otros que hablan de 10 mil. El viernes será un día clave para que los ediles le demuestren a los ciudadanos que no llegaron a ese cargo sólo para resolverse sus problemas personales.

Las posiciones en la Comisión de Presupuesto

LA REPUBLICA logró confirmar entre sus fuentes cuáles son las posiciones que los representantes de los partidos políticos han mantenido en la Comisión de Presupuesto y que puede dar una idea del estado actual de situación. Los cuatro representantes han expresado su desacuerdo a votar beneficios económicos para los ediles.

Jorge Núñez (presidente de la Comisión-Antía): No está de acuerdo con la creación del cargo de secretario general político, tampoco con el organigrama y no tiene posición con respecto a las secretarias de bancada y el contador público. Propuso que todos los ascensos de funcionarios se hagan por concurso.

Ruben Toledo (Cabildo 2000-EP): Está de acuerdo con los montos globales propuestos. Pero está en desacuerdo con la creación del cargo de secretario general político, aunque se mostró partidario de proveerlo una vez cese el actual secretario general y se elimine ese cargo del escalafón. No tiene acuerdos con el organigrama de funcionamiento consignado en el proyecto y propuso la creación de una comisión con ediles de los tres partidos para confeccionar el nuevo organigrama. Tampoco estuvo de acuerdo con crear dos nuevas secretarías de bancada, con crear el cargo de contador público y propuso la posibilidad de contratar asesores para consultas puntuales. Defendió la idea de que los ascensos de funcionarios deben ser por concurso.

Gullermo Ipharraguerre (Herrerismo): Defendió el proyecto presentado por el presidente de la Junta, Daniel Lois, aunque podría presentar modificaciones.

Germán Cardozo (Foro/Sanabria): De acuerdo con los montos globales propuestos; en desacuerdo con crear el cargo de secretario general político y el cargo de contador, pero está de acuerdo con los cargos de secretarios de bancada. También propone formar una comisión para estudiar organigrama y un ascenso de 24 funcionarios, aunque no explicó mediante qué mecanismos.

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