FA impulsará cobertura educativa universal para niños de 0 a 3 años

Como lo adelantó LA REPUBLICA, las autoridades de la enseñanza proyectan ampliar la cobertura educativa de la primera infancia. En un primer paso se apunta a cubrir a los niños de 0 a 3 años en situación de pobreza para luego universalizar la cobertura.

Para alcanzar esta meta se deberá ampliar la capacidad de los servicios de educación inicial financiados con fondos públicos. Esto supone la construcción de 124 centros adicionales, necesarios para alcanzar una cobertura promedio del 95% en 3 años, asumiendo que los centros funcionarían a plena capacidad. Así se incorporarían 5 mil niños de 3 años y un total de 10 mil de entre 2 y 3 años.

La construcción de esos 124 centros implicaría una inversión de U$S 28,6 millones. Los gastos anuales derivados del funcionamiento de estos centros se estiman en U$S 13 millones. El gasto actual de funcionamiento corresponde al monto anual transferido por el INAU a los centros CAIF en 2008, por lo tanto no incluye el gasto en alimentación del INDA.

El reemplazo de los centros alquilados por centros nuevos implicaría un ahorro por concepto de alquileres. Con una estimación del costo específico del alquiler de cada uno de los centros, suponiendo un alquiler promedio de $ 7.000, el ahorro anual sería de U$S 170 mil dólares.

Sobre la base de 40 horas de trabajo semanal, se estima que los requerimientos de personal para el funcionamiento de los 124 centros adicionales necesarios para alcanzar la universalización en 3 años sería de 1.302 funcionarios. En términos absolutos los requerimientos más importantes corresponden a horas de educadoras, y en segundo lugar a las horas de auxiliares. El total de 1.302 personas para esta cobertura se desglosa de la siguiente manera: 136 maestros, 594 educadores, 35 psicomotricistas, 34 psicólogos, 34 trabajadores sociales, 124 cocineros, 225 auxiliares de cocina y de limpieza y 118 coordinadores administrativos.

Actualmente el sistema educativo atiende a 36.735 niños de entre 0 y 3 años pertenecientes al 20% de los hogares con menos ingresos per cápita. Para incorporar a todos los niños de esas edades en situación de pobreza es necesario incorporar unos 48.000 educandos más en todo el país.

Durante el actual gobierno, en lo que respecta a la atención de la primera infancia, la cobertura del Plan CAIF pasó de 30.000 a 47.000 niños de 0 a 3 años y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) incentivó el control de calidad y funcionamiento de los centros.

La nueva Ley de Educación habilitó la creación del Consejo de Educación en la Primera Infancia, que reunirá a integrantes de varias instituciones, unificará criterios de calidad de la educación inicial y buscará extenderla a toda la población. El Consejo estará integrado por representantes del Consejo de Educación Inicial y Primaria de la ANEP, del INAU, el Ministerio de Salud Pública, el Congreso de Intendentes, de los educadores en primera infancia y de los centros de educación infantil privados. Actualmente, hay 47.000 niños de 0 a 3 años que acuden a los Centros CAIF y otros 20.000 que van a guarderías privadas.

Entre las recomendaciones de la Unesco se encuentra «el derecho de las personas a aprender a lo largo de la vida». El órgano de las Naciones Unidas señala que «asegurar una educación de calidad a lo largo de la vida que promueva el desarrollo de las múltiples capacidades del ser humano, requiere de sistemas educativos pertinentes y flexibles que contemplen diferentes modalidades y trayectos, articulados entre sí, para dar respuesta a las distintas necesidades de las personas y las características de los contextos». En función de ello se recomienda, entre otras cosas: «Enfatizar políticas de equidad para asegurar la universalización de la educación primaria, así como para generar las condiciones que aseguren el logro de los aprendizajes básicos de este nivel educativo».

«Ampliar y diversificar la cobertura de la educación y cuidado de la primera infancia, dando prioridad a la atención de los menores en situación o riesgo de exclusión; estableciendo estrategias de coordinación intersectorial y fortaleciendo la formación de los padres para que puedan participar en los procesos educativos».