La investigación de la Justicia

En la investigación judicial del caso denominado «los fusilados de Soca» se investiga a los ex dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Alvarez, a los mandos civiles, militares y policiales de la época y a los oficiales que actuaban en el Servicio de información y Defensa (SID) o el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

El 21 de diciembre de 1974 un comunicado oficial de la Jefatura de Policía de Canelones daba cuenta de la aparición de cinco cadáveres en las cercanías de la localidad de Soca. La información ocupó las primeras planas de los diarios «La Mañana», «El Día» y «El País». «Las primeras observaciones demostraron a simple vista que los cadáveres presentaban varias heridas de armas de fuego (de calibre 45 y 9 mm) que les habrían provocado la muerte.

Todos los cuerpos estaban vestidos con ropas y calzado de procedencia argentina y, entre ellas, se encontraron cigarrillos y fósforos del mismo origen y también uruguayos. Todos los cuerpos carecían de documentación que pudiera facilitar su identificación», decía el comunicado.

Pese a esa «dificultad» para identificarlos, en el propio comunicado policial se daban los datos filiatorios de los occisos, como sus antecedentes ideológicos y prontuariales. «Ninguna de estas personas se encontraba requerida en la actualidad», sugería el parte de la «efectiva» Policía canaria.

Durante tres décadas aquel homicidio colectivo quedó cubierto por el silencio austero. Se dijo que había sido una represalia por el homicidio de Trabal. Se estableció el mensaje de que diez subversivos serían ejecutados por cada militar muerto. El régimen nunca reconoció aquel fusilamiento.