LA CARTA

La misiva firmada por 83 abogados cuestiona la utilización de herramientas de investigación aprobadas en la reciente ley de lavado de activos, en el entendido que «la amplitud e imprecisión de los tipos legales implica una inseguridad en el libre ejercicio de la profesión de abogado, absolutamente contraria a un Estado de derecho y por tanto, pasible de impugnarse por inconstitucionalidad».

Asimismo, los abogados aseguran que las medidas utilizadas en la causa, como escuchas telefónicas y la figura del colaborador, fueron cuestionadas desde el Ministerio Público y el Poder Judicial «admitiendo que las nuevas técnicas de investigación pueden generar riesgos en función de cómo se apliquen».

«En el caso, el procesamiento y prisión de un abogado por actos cumplidos en el ejercicio de su profesión, causa gran preocupación en el gremio», ya que «se incrimina a quien está ejerciendo la sagrada función de la defensa penal ante los Tribunales», dice la misiva. Los abogados concluyen, en tanto, que «hoy, un abogado está purgando una prisión preventiva por actos cumplidos en ejercicio de su profesión».