Adeom "El presupuesto de la IMM no genera empleo"

Los dirigentes Pablo Sanmartino, Pablo González, Marcelo Correa y Martha Muiño anunciaron que presentarán un recurso ante el Parlamento si la Junta Departamental aprueba el articulado referido a los trabajadores sin modificaciones. Entre los puntos que cuestionan se incluye el otorgamiento de potestades al intendente para modificar o unificar carreras, así como retiros incentivados y obligatorios.

Los dirigentes gremiales anunciaron que los cuestionamientos se centran en 41 artículos del presupuesto, para los cuales han presentado redacciones alternativas o directamente han propuesto que se eliminen del presupuesto.

Señalaron que una de las principales críticas que hacen al presupuesto comunal es que «no genera empleo», aclarando que no quieren «incrementar el número de funcionarios municipales» pero sí que «por cada baja que se produzca se tome un funcionario nuevo». Afirmaron que reconocen que «hubo un aumento salarial» en estos años pero indicaron que «también hay que tener en cuenta que se perdieron miles de puesto de trabajo». La dirigencia gremial considera que el presupuesto «no ha sido suficientemente discutido por los ediles» y que el objetivo de fondo de la administración con el proyecto que presentó es «sacar gente para privatizar».

Por otra parte, rechazaron que la tercerización implique una mejora de los servicios y aseguraron que la Intendencia de Montevideo (IMM) «maneja números falsos» para decir que la limpieza mejoró en el área atendida por la empresa Sur.

El secretario general de Adeom, Pablo Sanmartino, destacó el «espíritu» con que los recibió el presidente del Encuentro Progresista (EP), Tabaré Vázquez, la semana pasada junto a la Federación Nacional de Municipales. Indicó que el líder de la izquierda «nos dejó claro que la postura del EP no es tan homogénea como parece» respecto al presupuesto y dijo encontrar en él «un mayor espíritu crítico» que en los integrantes del gabinete municipal.

Los representantes de los trabajadores municipales también se manifestaron «contra la violencia» pero reconocieron que «un grupo minúsculo de compañeros» protagonizó enfrentamientos verbales durante la asunción de Arana y en la Junta Departamental. El motivo fue que «hay veces que la gente, molesta, reacciona» y apuntaron que la actitud de los ediles difiere de la que tienen los parlamentarios. Según los dirigentes, en el Palacio Legislativo «se tiraban moneditas y se escupía a los legisladores hasta que desalojaban las barras y los diputados del EP aplaudían a los trabajadores».

Futuro sin trabajo

–¿Cuáles son sus principales objeciones al proyecto de presupuesto quinquenal?

Martha Muiño: Por un lado se piden potestades para el intendente que hasta el momento han sido facultades de la Junta Departamental. Autorizan al intendente a modificar o unificar carreras y generar vacantes.

M.C: El presupuesto contiene artículos que hablan de la polifuncionalidad de los trabajadores y otros que dan al intendente el poder de suprimir tareas, mientras otros hablan de retiros incentivados y obligatorios. Esto no es constitucional.

Pablo Sanmartino: Lo principal es que el presupuesto no genera trabajo. Se plantean retiros incentivados para mayores de 45 y 60 años y retiros obligatorios a los compañeros de Casinos que tienen causal jubilatoria, lo que es inconstitucional. Además un artículo al que planteamos la modificación, la IMM expresa que todas las vacantes generadas en estos cinco años vayan para créditos presupuestales pero nosotros no estamos de acuerdo.

Ellos calculan un ahorro de sesenta millones de dólares en retribuciones personales en cinco años. Nosotros propusimos que las vacantes que se fueran generando fueran para crear nuevos puestos de trabajo. Nosotros no decimos que se aumente la plantilla de funcionarios sino que se tome gente para cubrir esos lugares. Estamos de acuerdo con que se tomen jóvenes sin trabajo pero no con que se contrate específicamente a alguna ONG. Queremos que se haga un llamado para todos porque el desempleo está en todo Montevideo. También queremos que se tomen padres y madres de familia.

M.M: Nuestra reivindicación no va meramente hacia los municipales sino que queremos nuevas fuentes de trabajo. Nosotros queremos que se mejoren los servicios y este presupuesto va contra el funcionamiento de los mismos. Entendemos que esto ya empezó a generar un caos porque para que el trabajador cumpla tiene que ser dignificado pero la administración se dedica a acusar a los trabajadores por sus carencias.

–Ustedes paralelamente reclaman reajustes salariales. En la medida en que la IMM se encuentra en situación deficitaria, el mantenimiento de la planilla de trabajadores ¿no implica una dificultad para que las autoridades atiendan a ese reclamo?

P.S: No. Si hoy se jubilan 500 trabajadores con grados altos, los que ingresan tienen grado de peón y por lo tanto, la administración ahorraría igual, tanto en salarios como en aportes patronales. La verdad es que la administración quiere sacar gente para introducir gradualmente la política de las privatizaciones. Por eso apuntan a las ONGs, que le permite ahorrar aportes patronales. Nosotros no estamos en contra de las ONGs sino que nos oponemos al procedimiento que usa la IMM para abaratar mano de obra y tener trabajadores menos sindicalizados.

Privatizaciones inminentes

–La IMM argumenta que terceriza servicios porque no son cumplidos con eficiencia por los municipales. ¿Esto es así?

MM: No es cierto. No es real que la ciudad esté más limpia en la zona que atiende la empresa privada.

PS: Los números que la IMM maneja son falsos. La balanza estuvo rota durante un año y la administración maneja números que no existen. Pero además no se pueden comparar números del Centro de Montevideo con el Cerro o Paso de la Arena. Si lo comparan con Pocitos queda claro que los municipales levantan más basura y trabajan con más eficiencia.

También pasa que los funcionarios de Sur no trabajan más de un año en la empresa porque los destrozan. Los hacen trabajar de a dos, corren ocho horas todos los días y no resisten.

Marcelo Correa: Acá no hay una planificación de la administración. Hoy tenemos la mitad de trabajadores y se recoge un 60 por ciento más, lo que demuestra que los municipales no somos tan malos.

Si los trabajadores de Sur recogen más basura porque planifican mejor el trabajo, creo que la administración debería preocuparse por saber qué es lo que hace mal y corregirlo. Si lo que pasa es que los trabajadores son mejores para limpiar la ciudad, me parece que es una buena oportunidad para ingresarlos a los cuadros municipales.

Hay que tomar muchos factores en cuenta para decir cómo se trabaja. No se trata de un tema de quilos porque limitarse a ese dato es obrar con malicia.

No se puede perder de vista que para el Comunal Nº 13, la IMM le dio al Movimiento Tacurú diez camiones y dejó en el Cantón Nº 2 solamente veinte camiones para que los compañeros atendieran seis comunales. Esas cosas no son culpa de los trabajadores sino de una mala distribución de los recursos humanos. Lo que pasa es que es más fácil privatizar.

Apelación segura

–¿Consideran que este presupuesto ha sido suficientemente discutido?

MM: No. Nosotros planteamos en la Junta Departamental la creación de una comisión tripartita con representación de los ediles, la administración y Adeom para discutir esta normativa pero no tuvimos respuesta.

PS: Además notamos que la discusión entre los ediles del Encuentro Progresista (EP) ha sido prácticamente nula. No saben ni de qué se trata el pr
esupuesto y eso es muy grave.

–En caso de que la Junta Departamental apruebe los retiros obligatorios en Casinos, ¿piensan apelarlo ante algún organismo?

PS: Sí. Esto es tan inconstitucional como las atribuciones especiales para el intendente, que deja a los ediles sin posibilidades de efectuar su tarea de contralor.

MM: También es inconstitucional que se den superpoderes a los directores de Departamento, que pueden trasladar a los funcionarios a otros cargos sin generar los correspondientes aumentos salariales. Estas normas dan potestades que salen de la normativa.

MC: En esta norma de retiro obligatorio se plantea concretamente el cese de los funcionarios. Nosotros no estamos de acuerdo con que cesen a los compañeros pero además echar a la mitad de los trabajadores del Casino implica que la única solución sea privatizarlo o pasárselo a alguna ONG. Sabemos que hay algunos que se están afilando los dientes con esta norma.

No descartamos tomar acciones legales si esto se vota así.

–¿Cuáles serían esas acciones legales?

MC: Uno de los caminos puede ser presentar firmas en el Parlamento.

«Burradas políticas»

–Durante esta administración se produjeron por lo menos dos manifestaciones violentas de los trabajadores, durante la asunción de Arana y el 23 de febrero en la Junta Departamental. ¿No implica una traba para el diálogo con la administración?

Pablo González: En nuestra vida sindical hemos participado de manifestaciones más violentas que lo que sucedió en esos casos. Lo que hubo fue un grupo minúsculo de compañeros molestos porque se les bajaba el salario, no se daban aumentos o se autorizaba al intendente a suprimir carreras. Un edil provocó a los compañeros con gestos obscenos que no correspondían y un grupo se exaltó. La dirección sindical en forma madura pidió a los compañeros que nos retiráramos.

En el Parlamento eso no pasa porque se tiraba moneditas y se escupía a los legisladores hasta que desalojaron las barras pero los diputados del EP aplaudían a los trabajadores. Nosotros no estamos de acuerdo con la violencia pero hay veces que la gente molesta reacciona.

–¿Pero esto sucede porque la gente está molesta o es algo preparado por la dirigencia? ¿Ustedes lo condenan?

PS: No es algo preparado. Lo que pasa es que la administración comete burradas políticas. ¿A quien se le va a ocurrir, cinco días antes de la asunción del intendente, rebajar el 30 por ciento del salario a 600 trabajadores? Nosotros le pedimos al entonces director de Recursos Humanos, Ernesto de los Campos, que aplazara la medida durante un mes para poder discutirla pero nos dijo que no porque el déficit era a causa de eso. Entonces en el acto de asunción los que gritaron no fueron colorados, eran frenteamplistas y ni siquiera de los sectores radicales.

MM: Lo que pasa es que se van generando heridas en los trabajadores como cuando nos pusieron a los coraceros durante el conflicto de Limpieza. El día antes de la asunción de Arana tuvimos una reunión del consejo ejecutivo y la mayoría consideró que no debíamos estar presentes en el acto. Como algunos querían participar se dejó libertad de acción. Nosotros tendemos a dignificar al trabajador. El insulto descalifica, o sea que como sindicato nunca vamos a promover el insulto o el agravio. Nos quedamos en la explanada. Esto se trató de una manifestación de la gente desilusionada por los caminos que tomó la administración.

«Sin disculpas de la Junta»

–El encuentro que tuvieron con la bancada de ediles del EP después del enfrentamiento del 23 de febrero, ¿permitió retomar el diálogo?

MC: Fue una conversación muy frontal, donde quedaron claras las pautas. Pero mientras nosotros no tenemos inconveniente en hacernos autocrítica, no encontramos la misma actitud en algunos ediles, que hubiera ayudado a restablecer el diálogo entre trabajadores y el legislativo. Hemos cumplido con nuestra parte pero no sucedió así con algunos ediles, que se quedaron con su versión y no ayudaron a limitar este tema a un hecho político.

PS: Hacia adelante planteamos nuestra disposición a dialogar en un clima de mutuo respeto pero no vimos de parte de algunos ediles, no digo un pedido de disculpas, pero ni siquiera un reconocimiento de responsabilidad.

–¿Y cómo perciben la relación con el EP?

PS: El encuentro que tuvimos la semana pasada con el doctor Tabaré Vázquez nos dejó claro que la postura del EP no es tan homogénea como parece. Cuando fuimos a plantear nuestra postura sobre el presupuesto junto a la Federación Nacional de Municipales encontramos en Vázquez un mayor espíritu crítico. Reconoció que algunos de nuestros planteos son razonables y nos dijo que hoy lo iba a presentar ante la Mesa Política del FA. Esas mismas diferencias las encontramos entre los ediles porque hay algunos que coinciden con nosotros en que el articulado no es conveniente para los trabajadores. Nos han dicho que hay voluntad para cambiar algunos puntos y que concretamente el artículo referido a los retiros obligatorios sería retirado, pero hasta ahora no tenemos nada concreto.