El gobierno pasaría al BPS la cartera de accidentes del BSE

«En caso de prosperar la ley», advirtieron fuentes políticas y sindicales, «el BSE sufriría la pérdida de un 30% de sus ingresos y quedaría a corto plazo al borde de un colapso financiero irreversible».

Los informantes explicaron a LA REPUBLICA que los seguros laborales representan para el BSE un ingreso anual superior a los 80 millones de dólares. La eventual «desmonopolización» y «desregulación» de la cartera de seguros laborales a cargo del BSE ha sido anunciada reiteradas veces por el presidente Jorge Batlle y los legisladores oficialistas. «Nada impide que el traspaso al BPS pueda ser un primer paso hacia la privatización total de la cartera», alertó una de las fuentes y agregó: «Los pobres quedarían en el BPS mientras que los trabajadores de clase media tenderían a contratar seguros privados; y de paso el gobierno lograría que el sindicato perdiera una de sus principales banderas: la no privatización de los seguros laborales». Las fuentes recordaron que el gobierno Batlle «ya eliminó» el monopolio de los seguros en manos del BSE (a excepción de los seguros laborales), mediante el artículo 614 de la Ley de Presupuesto, en vigencia desde el 23 de febrero, que permite a las empresas públicas contratar con aseguradoras privadas.

Además, el Presupuesto quinquenal permitió, a través del artículo 558, que los seguros del BSE fueran afectados por un impuesto igual al que recae sobre los seguros privados.

«Si le quitan los 80 millones de dólares de ingreso por seguros laborales», señaló uno de los informantes, «el BSE quedaría en inferioridad de condiciones frente a las multinacionales privadas que presionan al gobierno para eliminar todo vestigio de monopolio estatal».

«Un pasaje menos traumático»

El presidente del Directorio del BSE, el empresario Alberto Iglesias, y el gerente general, doctor Jorge Dotta, reintegraron en su puesto a comienzos de marzo a una abogada del banco estatal, jubilada un mes atrás, para obtener su «colaboración personal» y hacer «menos traumático» el pasaje de la cartera de accidentes a la órbita del BPS, aseguraron los informantes.

La ex funcionaria, durante años Asesora Letrada del Directorio del BSE, concurre al banco «dos y tres veces por semana» para reunirse con diversos jerarcas, según consta a funcionarios que informaron a LA REPUBLICA bajo condición de permanecer en el anonimato.

«Iglesias y Dotta me pidieron que me quedara para que el pasaje de la cartera al BPS no fuera tan traumático», habría dicho en presencia de terceros la doctora Beatriz Calvo, antigua funcionaria jubilada en febrero y luego reintegrada «en forma honoraria» a comienzos de marzo, de acuerdo al relato de las fuentes.

La doctora Calvo, quien habría aceptado su reintegro honorario por sentirse «deudora moral» del banco estatal en el que laboró durante años, fue autora, en 1995, de un proyecto «desregulador» de la cartera de accidentes que fracasó un año después.

El llamado «proyecto Calvo», inspirado en una ley española, fue rechazado por empleados y patronos en el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Conassat), integrado por delegados del PIT-CNT, el MTSS, el MSP, el BSE, el BPS y por las respectivas cámaras empresariales. El Conassat había sido creado por decreto, el 9 de marzo del 96, para reglamentar un convenio que Uruguay firmó con la OIT.

Temen reducción de personal

El eventual traspaso al BPS de la cartera de accidentes que reduciría en un 30% los ingresos del BSE estaría vinculado, según las fuentes, a una «drástica e inminente» reducción de personal. El recorte de la plantilla funcional habría sido diseñado en el marco de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que implicó la contratación de un consultor externo (un ex presidente del Banco Central de Chile), que luego recomendó al gobierno uruguayo la fusión de los bancos estatales en un único holding de banca oficial.

No obstante, los temores por eventuales reducciones de personal se agudizaron en las últimas semanas cuando el Directorio del BSE reunió en la filial uruguaya de una conocida cadena internacional de hoteles a los principales jerarcas y gerentes de División del banco estatal.

La convocatoria, indicaron las fuentes, fue para dar a conocer un software adquirido por licitación que permitiría continuar la gestión del banco «con apenas 400 o 500 funcionarios», en lugar de los casi mil 400 que emplea en la actualidad.

«Quedó claro que podrían echar a la calle a no menos de 700 funcionarios», se lamentó uno de los informantes.

«Además –señaló la fuente– hace unos días empezaron a hacer un relevamiento sección por sección para saber qué está haciendo cada funcionario; a todos nos hizo pensar que están estudiando las reducciones». La instalación del software, dijeron las propias autoridades durante las reuniones, «quedaría completada en menos de un año».

¿Sólo rumores?

Funcionarios del BSE consultados por LA REPUBLICA dijeron haber escuchado «rumores» respecto a que el actual Directorio presidido por el empresario Iglesias rehabilitaría un viejo mecanismo normativo, ahora en desuso, para incentivar el retiro del personal mediante un fórmula que permitiría al funcionario estar en condiciones de jubilarse «al alcanzar los 90 puntos».

La fórmula consiste en sumar la edad del funcionario a los años trabajados: al alcanzar los «90 puntos» el empleado estaría en condiciones de jubilarse. El viejo mecanismo, señalaron las fuentes, estuvo en vigencia hasta el golpe de Estado de 1973. Ahora sería rehabilitado mediante la implementación del aludido préstamo del BID.

Sin embargo, destacaron los informantes, no todos los funcionarios serían pasibles de obtener el beneficio del retiro incentivado.

«Los presupuestados que no quieran retirarse podrían ser redistribuidos dentro del mismo Estado sin problemas, así como los que pasen al BPS seguirían aportando a la Caja Bancaria; la verdadera tragedia sería, por ejemplo, para los más de 200 suplentes del sanatorio del BSE que podrían ser cesados sin ningún derecho al pataleo», indicó una de las fuentes consultadas.Según los informantes, hasta el propio sanatorio estaría en peligro. «Con un pequeño aumento en la cuota de Disse habría más de una mutualista interesada en hacerse cargo de la asistencia», afirmó uno de ellos, quien dijo haber escuchado en tal sentido «ciertos comentarios» que implicarían a una mutualista y a un servicio de emergencia.