"Terminar con el monopolio"

En declaraciones a LA REPUBLICA el profesional compatriota señaló cuatro condiciones básicas: la inversión se realiza también en infraestructura y se potencia la red actual para acceder a Internet y a telefonía; se realicen controles efectivos para asegurar el acceso a la red de productores de contenidos nacionales; no está atada al mantenimiento del monopolio en Montevideo y se introduce un proceso de rendición de cuentas transparente del nuevo operador.

Saavedra fue más explícito aun: «Es preferible tener operadores extranjeros regulados por un organismo que promueva objetivos que beneficien al consumidor que ciudadanos nacionales que operen sin ningún contrapeso».

El experto informático uruguayo radicado en EEUU opinó que «si no se usara esta infraestructura para ofrecer servicios de telefonía o Internet sería un error estratégico grave. La inversión necesaria para ofrecer estos servicios a los abonados de cable existentes, alrededor de 330.000, es del orden de U$S7 a U$S 10 millones».

Para Saavedra la venta de Equital es una oportunidad para habilitar la participación de «otros operadores» en el cable de Montevideo y terminar con el «monopolio». «La adquisición de la infraestructura no debería venir acompañada con un monopolio de contenidos».

Saavedra también precisó la importancia del reclamo judicial de las empresas que se consideraron perjudicadas por la adjudicación del cable en Montevideo, «si el comprador asume un fallo favorable por parte del TCA, o es irracional o sabe algo que algunos de los mejores juristas de esta especialidad en Uruguay desconocen».

–¿Qué opina de la posible transacción de la mayoría del paquete accionario de los canales cable de Montevideo a manos de un consorcio extranjero?

–La adquisición de la mayoría de las acciones de Equital por un consorcio extranjero puede ser muy beneficiosa para el país si cumple con ciertas condiciones.

Viene acompañada con inversiones en infraestructura de transmisión de datos que potencien al máximo la infraestructura ya existente. Se le adjudica al Ursec, que reemplaza a la Dirección Nacional de Comunicaciones como órgano regulador de las telecomunicaciones de acuerdo a la nueva ley de presupuesto, autoridad efectiva sobre el nuevo operador y se imponen reglas de juego que permitan y fomenten el acceso a la red por productores de contenidos locales.

No está condicionada al mantenimiento de un monopolio en Montevideo por parte del comprador.

Se introduce un proceso de rendición de cuentas trasparente para el nuevo operador.

–En EEUU no se permite que sectores tan importantes de la comunicación estén en manos de extranjeros. ¿Qué opina de la decisión del presidente Batlle de habilitar esa posibilidad en nuestro país?

–Esta decisión en sí no está equivocada. Hay extranjeros y extranjeros. Es preferible tener operadores extranjeros regulados por un organismo que promueva objetivos que beneficien al consumidor que ciudadanos nacionales que operen sin ningún contrapeso.

Uruguay necesita inversiones extranjeras, con menos de U$S100 per cápita por año Uruguay queda muy retrasado en comparación con Brasil ($250), Argentina ($400) y Chile ($1.000).

–Cuando informamos sobre la posible transacción señalamos que los inversores extranjeros están particularmente interesados en la red física de cableado por sus posibilidades de utilización para otros fines. ¿Esa red se puede utilizar para telefonía, transmisión de datos y/o Internet?, ¿se necesita una inversión adicional?, ¿de qué monto estaríamos hablando?

–Nuevas tecnologías de telecomunicaciones hacen que hoy día sea posible usar las infraestructuras de servicios públicos preexistentes. De esa manera se piensa utizar gasoductos y líneas eléctricas para tender fibra óptica, Ya existen tecnologías como la DSL que permite usar los cables telefónicos de cobre comunes, o PLC que a través de los cables de electricidad de 220 V domiciliarios, permiten anchos de banda superiores al megabit, que habilitan tanto a video, telefonía como Internet. Una nueva tecnología holandesa permite el uso de cañerías de agua.

Si no se usara esta infraestructura para ofrecer servicios de telefonía o Internet sería un error estratégico grave.

La inversión necesaria para ofrecer estos servicios a los abonados de cable existentes, alrededor de 330.000 es del orden de U$S7 a U$S10 millones. Resultaría muy difícil avaluar a Equital en U$S 250.000.000 sin incluir los ingresos posibles en el futuro por estos servicios.

–Una estructura tan poderosa en manos privadas y extranjeras, ¿en qué situación deja a Antel?

–Un Equital en manos de inversores extranjeros es una razón más para la utilización de los instrumentos previstos en la Ley de Presupuesto, de manera que Antel pueda captar sus propias inversiones, así como moverse como un holding de empresas de telecomunicaciones organizadas como sociedades anónimas de derecho privado y de mayoría accionaria estatal, concretando asociaciones con empresas de la región. Lo más importante no es lo que le pase a Antel sino cómo se beneficiará el consumidor de los servicios provistos por estos dos operadores que competirían por el mismo abonado. Tarde o temprano Antel deberá competir en todos los segmentos, por lo que es importante asegurar un proceso armónico de transición, a partir de la coordinación de acciones entre Antel, el Poder Ejecutivo, la Ursec y los nuevos operadores del mercado.

–La adjudicación de la TV cable en Montevideo fue muy polémica y terminó habilitándose a los tres canales de televisión abierta que realizaron un cableado único y formaron una empresa que los unifica a los tres para proveer el contenido. ¿Esta venta de concretarse fortalece una posición monopólica en ese mercado? ¿Cómo se podría fomentar la competencia en cuanto a los contenidos?

–La adquisición de la infraestructura no debería venir acompañada con un monopolio de contenidos. Reglas del tipo «must carry» (o debe llevar) que, a un precio razonable fijado por un organismo regulador (el Ursec), permitan la formación de nuevos canales y la creación de canales de acceso público, subsidiados por las ganancias del operador de la red, donde productores independientes puedan ofrecer contenidos, fomentarían la creación de contenidos nacionales.

–El presidente de la República, Jorge Batlle, en un decreto muy comentado, liberalizó el ingreso de la TV satelital al mercado. En el marco de esta negociación de venta ¿sería deseable una medida igual para el cable en Montevideo? ¿Usted piensa que sería positivo que se habilitara a operadores interesados a realizar otro cableado en Montevideo?

–La competencia leal entre empresas privadas es el motor del desarrollo económico de un país. Lo que favorece al consumidor es la competencia entre prestadores de servicios. Entiendo que el presidente Jorge Batlle tiene claro esto.

La oposición por parte de los integrantes del grupo Equital a la entrada de la TV satelital no es indicativa de una visión clara del futuro o mismo el presente tecnológico de las comunicaciones.

Por otra parte el ordenamiento legal previsto en la Ley de Presupuesto, en lo referente a la creación de la Ursec, y que no ha sido cuestionado plebiscitariamente, da potestades muy amplias de apertura inmediata, en el artículo 96 inciso d se expresa la potestad del Poder Ejecutivo de «habilitar genéricamente la prestación de determinados servicios de telecomunicaciones por particulares, estableciendo que no se requerirá autorización para brindarlos, sin perjuicio de la concesión de frecuencias u ot
ros bienes escasos que pudieran requerirse».

–El EP-FA presentó un pedido de informes sobre la venta de Equital, ¿qué piensa del nivel de información que existe sobre esta transacción?

–El nivel de información es nulo. Un pedido de informes por parte del EP-FA es muy útil. En EEUU, luego del anuncio de la compra de Time Warner por AOL se entró a un período durante el cual se le permitió a los organismos reguladores hacer una sintonía fina del acuerdo para evitar la creación de un monopolio con demasiado poder. En Uruguay, dada la falta de tal organismo regulatorio, es útil que los detalles de esta transacción se analicen a nivel del Parlamento.

–En una reciente entrevista radial usted dijo que los compradores «deben tener una idea de cuál va a ser el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en relación al juicio que entablaron las empresas que se sintieron perjudicadas, porque el Estado les negó la autorización para operar en la TV cable. Debido a que se está hablando de una inversión de 250 millones de dólares ¿cree que esos inversores ya conocen el resultado del fallo, cuando aún no se ha expedido?

–La Constitución de Uruguay establece claramente la autoridad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de anular la licencia de Equital para operar si así lo decide. La evaluación de Equital por parte del comprador puede tener en cuenta el riesgo de que esto ocurra, si es así no hay problema.

Tal vez Equital sin este riesgo valdría mucho más. Un comprador racional podría adjudicar probabilidades a cada fallo y el costo de uno u otro.

Por otro lado, si el comprador asume un fallo favorable por parte del TCA, o es irracional o sabe algo que algunos de los mejores juristas de esta especialidad en Uruguay desconocen.