El intendente dobló la apuesta

Por espacio de dos horas compareció ayer en el Juzgado Penal de 2º Turno de Maldonado, el intendente Oscar De los Santos, en el marco de la investigación iniciada hace más de 3 años por el presunto enriquecimiento ilícito de algunos allegados al ex intendente Enrique Antía.

De los Santos fue citado en carácter de testigo por la doctora Adriana Graciuso, ante petitorio de los abogados patrocinantes de Daniel Chiachio (quien fuera durante 2000-2005, director general de Planeamiento de la Intendencia de Maldonado), y Sergio Servetto (Dirección de Obras de la IMM).

La estrategia de los abogados del ex director de Planeamiento municipal Daniel Chiachio, y del jerarca de Obras de la administración Antía, Sergio Servetto, fue demostrar que De los Santos no tiene elementos probatorios de que ellos pueden haber tenido un vertiginoso enriquecimiento durante los años 2000-2005, para que el caso pase a vista fiscal y finalmente sea archivado. Pero eso no ocurrirá según varias fuentes consultadas por LA REPUBLICA, ya que hasta después de la Feria Judicial no se establecerá en Maldonado la nueva fiscal de 3er. Turno que debe atender el asunto.

El doctor Hugo Alvez, patrocinante de Servetto dijo que la intención era saber si De los Santos tenía la certeza de que varios allegados al ex intendente Enrique Antía se habían «enriquecido» de forma llamativa. «Nosotros entendemos que no hay ninguna causa para seguir adelante con esta investigación», porque De los Santos «no va a poder aportar más elementos de los que ya adelantó en sus comparecencias anteriores; vamos a pedirle a la sede que archive el expediente como corresponde», acotó Alvez.

Oscar De los Santos por su parte, que declaró por cuarta vez en este caso, mientras que el denunciante original, Enrique Antía, no lo hizo ni una sola vez, dobló su apuesta y pide que la investigación prosiga.

«Acá esto se resuelve levantando el secreto bancario, la declaración de bienes e ingresos, y sabiendo cual fue la situación patrimonial al comenzar y al terminar el período de gobierno. Particularmente un caso muy emblemático, y es que enriquecerse no es cometer delito, en absoluto, pero en la peor de la crisis de Uruguay entre el 2002 y el 2004, el ingeniero Antía pasó de 37 a 58 millones de pesos en su declaración jurada. Y los que estamos en la función pública, estamos expuestos a las acciones y a rendir cuentas en definitiva de nuestros actos cotidianos», dijo de los Santos al salir del juzgado.

El jefe comunal progresista se mostró algo molesto al recordar que por este caso ha tenido que concurrir ante los estrados judiciales en cuatro oportunidades, mientras que «él (Antía) que debía demostrar en definitiva cuál es la situación de la que viene y en la que está ahora, no sé si ha entrado alguna vez a un juzgado».