Preparan los contenidos de la Ley de Iniciativa Popular
Las reuniones realizadas en febrero y marzo en Salto y Bella Unión por parte de la Intersocial, de un núcleo calificado de organizaciones sociales representativas a escala nacional, junto con representantes de las fuerzas políticas progresistas buscando los puntos de coincidencia en la elaboración de una propuesta de ley de iniciativa popular, tienen la mayor importancia.
En torno a la propuesta se viene trabajando desde hace muchos meses.
La decisión de esos sectores de recorrer el camino de elaborar una ley de iniciativa popular de acuerdo a lo que la Constitución de la República establece como forma de democracia directa, es algo original, un tipo de acción ciudadana novedosa que prácticamente no tiene antecedentes.
Quizá lo que más se asemeje a este tipo de propuesta ha sido la Reforma Constitucional impulsada por algunas organizaciones políticas y sindicales que se sometió a plebiscito en noviembre 1966 y que recogiera un escaso respaldo electoral.
En un contexto político absolutamente distinto (en aquella época no existía el Frente Amplio y daba sus primeros pasos la CNT, que como tal no apoyó la iniciativa), la propuesta actual constituye un esfuerzo inteligente para tratar de superar, desde al ángulo de los intereses populares, la dispersión y desmantelamiento que genera el gobierno con su ofensiva de reformas que golpean a los trabajadores y a los sectores productivos.
A partir de las reflexiones desarrolladas después de algunos reveses sufridos en la búsqueda de la consulta popular, se fue comprobando que era necesario retomar la iniciativa política, evitar que el movimiento popular quede permanentemente expuesto a actuar «al golpe del balde», respondiendo, caso por caso, a las iniciativas de un gobierno decidido a aplicar a fondo todo el recetario de las políticas neoliberales.
Es fácil comprender que lograr articular en una (o unas) propuestas legislativas las demandas de todos los sectores sociales golpeados, postergados o agobiados por las políticas actuales no es una tarea sencilla.
Se trata de recoger un haz variopinto de reivindicaciones de muy distinta naturaleza que van desde la defensa del país productivo hasta las políticas sociales pasando por las políticas de democratización del Estado y de la sociedad.
Se trata de recoger, para anudar y conjugar en un solo esfuerzo de difusión y debate público nacional, las reivindicaciones sectoriales y locales, con las que son de toda la sociedad y de todo el territorio nacional.
Tejer el delicado macramé de este singular «programa común» requiere no sólo un conocimiento profundo de las demandas a incluir en el proyecto de ley sino también las señales de amplitud, flexibilidad y respeto por la amplia gama de perfiles de los participantes.
La iniciativa popular tiene que contemplar intereses muy variados, pero no puede ser mera suma.
Dado el camino elegido, la recolección de firmas y su remisión al Poder Legislativo, el texto a difundir tendrá que ser claro para convencer y entusiasmar, para recoger aspiraciones e indicar caminos, para ensamblar en una sola voluntad de acción política democrática los anhelos dispersos de inmensos sectores populares.
Culminada la fase de elaboración, el proyecto de Ley por Iniciativa Popular tendrá que pasar su prueba de fuego: medir la receptividad, la energía y el apoyo que suscita en la sociedad, entre sus sectores más activos, más enérgicos y más exigentes.
Según se anuncia, la próxima reunión del grupo de trabajo se hará en Montevideo. El avance ha de ser, sin duda, paciente y cuidadoso. Sin hacer concesiones a los corporativismos, ningún sector del campo popular se debe sentir excluido. Coincidiendo sectores sociales con fuerzas políticas con representación parlamentaria, estas tendrán que actuar con el respeto pertinente a las ideas e identificaciones políticas del amplio espectro social protagonista de la iniciativa: en síntesis una tarea titánica para la que nuestro movimiento popular y las organizaciones políticas democráticas están indudablemente preparados.
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