Uruguay exhibirá avances en las políticas aplicadas ante impacto de cambio climático

Del 7 al 18 de diciembre se celebrará en Copenhague (Dinamarca) la 15ª Conferencia COP15 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que congregará a representantes de 192 naciones.

La cumbre tendrá como objetivo alcanzar un acuerdo vinculante de acciones concretas para los países y de esa forma combatir los cambios climáticos a partir de 2012, fecha en la que caducará el Protocolo de Kyoto, el cual se refiere a la reducción de emisiones de gases contaminantes responsables del efecto invernadero. El planteo internacional que realizarán los delegados uruguayos en Copenhague tiene un doble objetivo; por un lado que la actitud del país sirva de ejemplo y por otro conquistar fondos no reembolsables provenientes de los países desarrollados (responsables de las emisiones contaminantes) para poder aplicar el Plan de Acción del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático que será presentado al presidente de la República, Tabaré Vázquez, el 7 de diciembre (ver nota aparte).

El ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Carlos Colacce, recordó a LA REPUBLICA que durante la última reunión preparatoria de la Cumbre de Copenhague, que se desarrolló en Barcelona, Uruguay presentó su posición.

En el documento se expresa que Uruguay es un país «muy vulnerable a los efectos adversos del cambio climático y de la variabilidad climática».

Se asegura que el país es cada vez con mayor frecuencia impactado por eventos extremos tales como «tormentas severas, fuertes inundaciones y graves sequías», las que afectan a poblaciones, infraestructuras, procesos productivos, ecosistemas, biodiversidad y, muy especialmente, al sector agrícola, «condicionando con esto fuertemente el desarrollo productivo».

También se destaca que Uruguay posee zonas costeras donde reside más del 70% de la población, las «que se verán seriamente afectadas por el aumento del nivel del mar, el aumento de la frecuencia de los eventos severos, resultando en futuros impactos también para el sector turismo».

Por tales motivos se asegura que Uruguay está realizando los mayores esfuerzos para «atender, de forma prioritaria, los crecientes costos que requiere la adaptación y también trabaja en la implementación de acciones de mitigación».

«Uruguay ha planteado reiteradamente ante la comunidad internacional la necesidad de mejorar y ampliar las capacidades del Fondo de Adaptación del Protocolo de Kyoto, de modo que permita atender eficazmente las vulnerabilidades», se expresa en el documento.

También se ha insistido en la urgente necesidad de que «los países desarrollados den pleno cumplimiento a los compromisos vinculantes asumidos en la Convención, proporcionando los recursos necesarios para que los países en desarrollo hagan frente a los efectos adversos del cambio climático y a los costos de su adaptación a esos efectos adversos. Desafortunadamente, no se ha logrado hasta ahora el nivel de respuesta esperado».

Es en ese marco que el Consejo de Ministros resolvió el 26 de octubre asumir una posición «proactiva frente al tema, para contribuir al logro de un acuerdo en Copenhague».

Por ello Uruguay se compromete ante la comunidad internacional a «continuar implementando en forma unilateral medidas de mitigación voluntarias y medibles para contribuir a la reducción de los GEI».

Entre las acciones ya cumplidas por Uruguay se pueden mencionar como ejemplo «la modificación de la matriz energética. Actualmente el 6% de la potencia instalada de energía eléctrica en el país proviene de fuentes de energía renovables no tradicionales, lo que representa el mayor índice de toda América. Y esto es el inicio, porque nos hemos fijado la meta de aumentar ese porcentaje hasta el 15% para el año 2015″.

Hacia las negociaciones en Copenhague, Uruguay está ubicado en el grupo de los 77, integrado por los países en desarrollo y divididos según su ubicación geográfica: Latinoamérica y el Caribe, más China y el grupo africano.

Otro de los bloques está compuesto por la Unión Europea. Luego hay países denominados «paraguas», algunos de los cuales han ratificado el protocolo pero otros no. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia. Además hay un grupo especial formado por países que se encuentran fuera de los grandes bloques, como México y Suiza.

«Uruguay se diferenció, junto con otros países, al plantear que está realizando tareas para mitigar el efecto del cambio climático, es decir para reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, aun sin recibir fondos de los países desarrollados para realizar esa tarea», remarcó Colacce.

El secretario de Estado dijo que es una «posición novedosa», tratando de servir «como ejemplo». Expresó que en este período de gobierno se ha modificado la matriz energética y casi un 6 % de la generación se realiza a través de energía renovable no convencional y autóctona como la eólica, la solar y la quema de biomasa.

El planteo de Uruguay apunta a obtener fondos no reembolsables.

«Sabemos que eso puede ayudarnos, pero lo importante es que se defina un Fondo de Adaptación. Actualmente el Fondo Mundial de Adaptación, creado en Bali en 2007, es de U$S 1.000 millones, sin embargo es una cifra muy pequeña porque los países en desarrollo necesitan unos U$S 70 mil millones anuales para su adaptación. A partir de allí habrá que ver cuáles son los mecanismos para que estos fondos se apliquen y cuáles son las medidas para aplicarlos», sentenció Colacce.

Aclaró que en el protocolo de Kyoto no está planteada ninguna forma de que Uruguay asuma un compromiso; no se plantea llegar al extremo de que los países en desarrollo tengan obligaciones.

Remarcó que esas obligaciones eran para los países desarrollados, los cuales debían reducir las emisiones; «algunos los cumplieron, otros más o menos, pero el problema fue el caso concreto de Estados Unidos, que ni siquiera firmó el Protocolo de Kyoto, entonces no se vio obligado a ninguna acción. Eso generó fuertes desigualdades y controversias».

Colacce añadió que el problema hoy también está planteado porque los países desarrollados pretenden que las naciones que no integran el anexo 1, como China, India y Brasil, que son países emergentes, y tienen importantes grados de emisión, también tengan obligaciones o acciones vinculantes para reducir sus emisiones».

 

Sin acuerdo

De todas maneras, el secretario de Estado se manifestó un tanto escéptico de que la cumbre de Copenhague logre un acuerdo vinculante orientado a los países que tienen importantes emisiones contaminantes, como por ejemplo Estados Unidos y China.

Explicó que el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentó al Congreso de su país un proyecto de ley sobre cambio climático.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la iniciativa por la cual por primera vez se establece un «precio» al monóxido de carbono y se fija una reducción de las emisiones del 17% en 2020 y de 83% en 2050. Pero aún resta la sanción del Senado.

Por tal motivo, «Estados Unidos no aceptará firmar ningún compromiso vinculante si su legislación interna no está aprobada.

Es decir, la definición de los porcentajes de reducción de emisiones no va a poder ser por esta circunstancia clara de Estados Unidos».

En tal sentido, resaltó que ya se está planteando una nueva reunión que suceda a la de Copenhague y que seguramente se realizará en México en diciembre de 2010, donde con la ley Obama sancionada podría llegarse a ese documento que divide las aguas en lo que es el desarrollo mundial.

Por otro lado, remarcó que no se le podrá solicitar a China una reducción de sus emisiones cuando durante años Estados Unidos no ha cumplido con el Protocolo de Kyoto.