Batlle negó información sobre represores a la Justicia argentina

En una nota enviada al juez argentino Gustavo Literas, el mandatario señala que no proporcionará información alguna sobre cuatro militares uruguayos. La nota de Batlle fue la respuesta a un pedido de informes enviado por Literas, en una causa en la que se investigan los hechos cometidos en el marco del plan de represión en países del Cono Sur, conocido como Plan Cóndor.

La instrucción de esta causa está en manos del fiscal federal Miguel Angel Osorio, quien podría pedir la intervención del Poder Ejecutivo, para preservar así el convenio de asistencia judicial mutua que rige entre ambos países, informó ayer el diario argentino Clarín.

En la causa están acusados, entre otros, el ex general de división Guillermo Suárez Mason; los generales de división José Montes y César Ferrero; los generales de brigada Jorge Olivera Róvere y Adolfo Sigwald; los vicealmirantes Julio Torti y Antonio Vañek, y el mayor del Ejército del Uruguay José Nino Gavazzo.

Además, están acusados el capitán del Ejército Jorge Silveira, el mayor Manuel Cordero y el inspector de la Policía Hugo Campos Hermida.

Todos ellos son investigados por el delito de privación ilegal de la libertad de refugiados políticos uruguayos (y de sus hijos, en algunos casos). Se sospecha que actuaron utilizando como base de operaciones el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, donde fueron recluidos varios ciudadanos uruguayos.

En su respuesta, Batlle invocó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, sancionada para los delitos cometidos por funcionarios militares uruguayos hasta marzo de 1985, lo que implica la imposibilidad de juzgar estos delitos.

También citó el artículo 10 del Código Penal, que establece que «no se sustraen a la aplicación de la ley uruguaya los delitos cometidos en territorio extranjero por funcionarios al servicio de la República».

En declaraciones a Clarín, el abogado Alberto Pedroncini, uno de los que inició la causa, consideró que, de esta forma, «se produce una grave violación del derecho del Estado argentino».

Días atrás, el presidente Batlle defendió el hecho de que cada país juzgue las acciones de sus militares de acuerdo a sus códigos. «Si se comprueba la existencia del Plan Cóndor (sic), cada país aplicará a ese proceso sus leyes», dijo el mandatario en una entrevista con el diario chileno La Tercera. Batlle manifestó su oposición a la decisión del juez argentino Gabriel Cavallo de declarar inconstitucional las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. «Yo, aunque soy abogado, no actúo como juez sino como político y como tal sostengo que el bien más importante a preservar en la vida de los pueblos es la paz. A veces los jueces, al decidir con el expediente en sí mismo, no están participando de ese bien Eso a veces en vez de ayudar a buscar la paz, complica».