Se inició ayer recolección de firmas para defender Ancel

La Comisión pretende derogar los dos artículos (612 y 613) del presupuesto quinquenal que autoriza la venta del 40% de la telefonía celular de Antel. En la sede del Sindicato Unico de las Telecomunicaciones se reunieron dirigentes gremiales y políticos para firmar el acta de constitución de la Comisión de Defensa del Patrimonio.

De la mesa que presidió el acto participaron el presidente del Encuentro Progresista, Tabaré Vázquez, el senador Rodolfo Nin Novoa y la presidenta de Sutel, Carmen Zurano.

La dirigente sindical anunció, además, la adhesión del ex presidente de Antel, el colorado Ricardo Lombardo, quien –sostuvo Zurano– se disculpó de no poder participar y comprometió su presencia para la próxima reunión, a realizarse el miércoles 28. En la noche de la pasada jornada estuvieron presentes, además, delegaciones gremiales de Francia, Costa Rica, Brasil y Cuba, todos pertenecientes a la rama de las telecomunicaciones. La presidenta de Sutel remarcó que la Comisión es abierta a todos quienes quieran integrarse, tanto organizaciones sociales, políticas, como personalidades de la cultura y otros ámbitos.

En tanto, la Mesa de Elaboración de la Ley de Iniciativa Popular reunida en Bella Unión el pasado 17 e integrada por distintas organizaciones sociales, incluida la Mesa de Entidades Agropecuarias, decidió apoyar la propuesta hecha por Sutel de plebiscitar los artículos referidos al ente de las comunicaciones, contenidos en el presupuesto quinquenal.

 

Respuesta a Batlle

Por su parte, Vázquez recordó que el apoyo al referéndum fue una resolución unánime de todas los sectores que integran el EP-FA. «Nos comprometemos como fuerza política a trabajar para conseguir las firmas necesarias, y así permitir que todos los uruguayos se expresen sobre el tema, logrando que las empresas permanezcan en manos de los uruguayos», señaló el líder izquierdista.

Con respecto a las afirmaciones del presidente Jorge Batlle referidas a la inconstitucionalidad de la consulta, Vázquez expresó: «No es constitucional que se haya incluido en el presupuesto nacional la suerte de una empresa estatal. Hoy confirmamos con preocupación que se incluyeron esos artículos con la intención de que no sean impugnados a través de un referéndum. Pensamos –agregó– que el plebiscito se debe llevar adelante».

El líder de la izquierda negó que la realización del mismo cuestione el diálogo iniciado con la coalición de gobierno. «Quienes fijaron posición en primer lugar fueron los que impusieron esos artículos en la ley presupuestal.

Es ahora que plantean un diálogo y no previamente a la redacción del articulado. Sin embargo esperamos que las negociaciones sean fructíferas». Para Vázquez es necesario defender las empresas públicas por la vía del diálogo o del referéndum. En relación a las condicionantes básicas exigidas para un posible acuerdo con el gobierno, precisó que el punto de partida es la inhabilitación de cualquier posible aplicación de los artículos 612 y 613. Vázquez anunció que se reunirá con Luis Alberto Lacalle, el próximo 27 en la sede del Partido Nacional.

Por su parte, Zurano sostuvo que las afirmaciones de Batlle «nos merecen una opinión contraria. La Constitución hay que leerla completa. Lo inconstitucional de esta ley de presupuesto no es que se someta a plebiscito a algunos de sus artículos, sino la inclusión en la misma de la reforma de la Carta Orgánica de Antel y la venta parcial de Ancel, que no corresponden directamente a la materia presupuestal. La intención seguramente fue evitar una discusión sobre estos temas».

Zurano agregó que su sindicato es partidario de derogar los artículos en cuestión. «El compromiso de palabra firmado con tinta o sangre, de los distintos actores políticos del gobierno de que no aplicarán los artículos 612 y 613, no nos aporta ninguna tranquilidad. Sólo nos conforma la anulación vía plebiscito o bien por la aprobación de una ley que los deje sin efecto».

 

Referéndum o reforma

El senador del EP-FA Rodolfo Nin Novoa señaló a LA REPUBLICA que «si el doctor Batlle afirma que la ley que permite la venta de Ancel no se puede plebiscitar porque la norma constitucional no lo habilitaç Proponemos, entonces, reformar la Constitución y establecer, con claridad, cuál es el alcance de las empresas públicas y del patrimonio público nacional, con lo que el tema se definirá en el año 2004.

Para que en esa oportunidad, cuando se elija gobierno, no sólo se decida sobre modelos de conducción sino que además se elijan los instrumentos para gobernar». Nin Novoa entiende necesario «que la gente decida si quiere seguir con esta ola privatizadora, de la cual toda Latinoamérica está de vuelta y nosotros recién, felizmente, comenzamos. El ejemplo argentino es por demás ilustrativo, pues al no tener qué vender, la única alternativa que tienen es ponerle impuestos a la gente y recortar los presupuestos provinciales».