Vidalín comparece hoy ante el juzgado como indagado por desvío de ayuda

Dos de las denuncias provienen de los ediles frenteamplistas, una de un edil colorado y el resto de cerca de 1000 damnificados.

Los ediles departamentales de Durazno ratificaron ante la Justicia Penal la certeza de «desviación de fondos» por parte de integrantes del Ejecutivo comunal en ocasión de la distribución de ayudas solidarias que recibió cuando la gran crecida del Río Yí en 2007, la cual afectó a unos 5.000 ciudadanos. La denuncia penal, previa investigación administrativa, fue presentada por el presidente Tabaré Vázquez.

Este expediente, en el que están involucrados JP Rodríguez, director de Finanzas de la Intendencia y José Domingo Rielli, actual director de Promoción Social, también recae sobre el ex intendente Carmelo Vidalín ,superior de ambos jerarcas. Los orígenes de la denuncia recaen en el pésimo manejo municipal de la pretendida ayuda a la difícil situación. El juicio surgió como una carta-denuncia que enviaron 700 perjudicados de las inundaciones a Jorge Vázquez, prosecretario de la presidencia de la República y presidente del Comité Nacional de Emergencia. En ella se alertaba de que aún seguían sin obtener solución a los problemas y se puso el acento en que la Intendencia de Durazno tenía gran parte de la responsabilidad. Hoy se vive una nueva instancia, cuando el ex intendente retorne, a las 14.00 horas, por cuarta vez a declarar en calidad de indagado .

En esta ocasión, Vidalín y José Pedro Rodríguez serán interrogado por la Dra. Farfalla en base a una denuncia por desviación de fondos del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. La denuncia surge de los ediles frenteamplistas y por la desaparición de 3 de los 20 contenedores que la empresa Botnia envió en apoyo a los damnificados.

La primera denuncia busca aclarar el destino de $ 2.350.000 aportados por el Mvotma para «reconstruir viviendas dañadas por el agua», ya que luego de dos años la Intendencia presentó recibos por gasto de alquileres de las personas alojadas en refugios y traslados, pero nada que documente sobre viviendas reconstruidas.

El caso de los contenedores es otra gran interrogante, ya que Botnia ofreció 50 y la Intendencia aceptó 20 «por costos de traslado», pero AFE se había ofrecido para hacerlo en forma gratuita. Por otra parte, «desaparecieron 3 de los contenedores». Este caso salió a la luz la semana pasada y ya se ha comprobado, según las fuentes consultadas, la existencia de una despachante de aduana que los vendió a 3 mil dólares. Los tres contenedores ya fueron identificados por medio de pesquisas particulares.

Otras acusaciones que pesan sobre el ex intendente JP Rodríguez y José Domingo Rielli tratan sobre el otorgamiento, para construir nuevos accesos a la ciudad de Durazno, a una empresa que no llamó a licitación del doble sueldo cobrado por un secretario del intendente Hugo Noguera que trabajaba al mismo tiempo en la Intendencia y en otra repartición publica. Cuando la denuncia se hizo pública, Noguera renunció al cargo de la comuna, pero quedó endeudado con «1.800.000, suma que cobró por demás, entre 2008 y 2009.

Por otra parte, existe la acusación por homicidio culposo debido a que la Intendencia habilitó las obras en una calle sin que estas estuvieran finalizadas, lo que provocó que un joven se accidentara y quedara con una pierna amputada y finalmente falleciera.

Otra causa tiene que ver con 5 casas prefabricadas donadas por el BID que se consiguieron a través de un convenio con la organización El Abrojo y, por carecer esta de personería jurídica, Presidencia de la República tomó las riendas y solicitó al Ministerio de Economía la exoneración de todo tipo de impuestos para las viviendas y así lograr reducir su costo, el cual quedó en 14.000 dólares. El BID puso como condición al Comité de Emergencia que informara del lugar físico en el cual se iban a instalar y el perfil de las familias que las integrarían. La realidad fue que la Intendencia ofreció unos padrones que no tenían ningún servicio, ni siquiera era posible llegar hasta ellos porque no existía ningún acceso, ni caminería, ni luz, agua corriente , etc. Como corolario coherente de lo relatado hasta ahora, la Intendencia informó al BID de las 5 familias que fueron adjudicadas con las viviendas, pero las familias no pudieron recibir nada porque las casas no se han encontrado aún.

También se está a la búsqueda de 20 enormes lonas que se trasladaron en un convoy militar desde Montevideo y que fueron donadas por la representación diplomática de Japón. En total eran 50. Fueron depositadas , debido a su tamaño, en un predio de la Fuerza Aérea y se fueron retirando en la medida de las necesidades. La Intendencia acusa a los militares de la ausencia de las carpas, pero los oficiales y soldados que han ido a declarar al juzgado han ratificado que su función era controlar la entrada y salida del predio, pero en ningún momento revisar ni controlar el movimiento de mercaderías.

Hoy también terminarán de declarar funcionarios de Bienestar Social de la comuna , ya que hay indicios de que cuatro de ellos estarían involucrados en las maniobras.

El inusual conjunto de 5 acusaciones penales contra un intendente comenzó con una carta, por parte de 1.000 de los 5.000 damnificados, a Presidencia de la República informando que a dos años de las inundaciones, continúan en situación precaria. El Presidente de la República ordenó de inmediato una investigación administrativa, encomendada al abogado Eduardo Sellanes, en la que se concluyó que «no se estaba hablando solamente de fondos que el gobierno central aportó frente a la situación de emergencia, sino que también se trata de donaciones de organismos internacionales, representaciones diplomáticas, servicios descentralizados y entes autónomos del Estado».

También señaló que él mismo, acompañado por la asesora jurídica de Presidencia, doctora Marianela Delor, procedieron a tomar declaraciones a altos funcionarios de la Intendencia Municipal de Durazno. El asesor presidencial al salir de la sede del Juzgado Letrado en lo Penal de la ciudad de Durazno, donde presentó la denuncia penal formulada por la Presidencia de la República, aseguró que será la Justicia quien determine si estas irregularidades constituyen un ilícito penal. Vidalín, por su parte, ha declarado que se trata de una maniobra política para desacreditarlo.