César Rodríguez Batlle: el secreto bancario "es una barrera franqueable por la vía lógica"

–¿El BCU cumple con los estándares internacionales en lo que se refiere a la prevención del lavado de dinero o resta establecer alguno de ellos?

–Con las últimas decisiones que arrancan sobre mediados del año pasado y llegan a enero de este año, el BCU ha perfeccionado su normativa en materia de lavado de activos y está hoy a nivel de aceptación internacional, cumpliendo los estándares de mayor recibo de orden internacional en esta materia. Por el mes de octubre se hizo una recopilación y una incorporación de nuevas normas en lo que hace al manejo de activos provenientes de actividades ilícitas, sea del lavado, sea de la corrupción, sea de la evasión impositiva. Allí se actualizaron algunas normas que venían de la década del 90 y se incorporaron nuevas normas justamente para ajustarse a los estándares internacionales. Fundamentalmente, además de recopilación, en esa oportunidad se extendió a todo el sistema financiero esa misma normativa que regía para el sistema bancario pero que a raíz de esa norma se extendió para las companías de seguro, para el mercado de valores y los fondos de inversión. Se enfatizó en lo que se llama mecanismos para conocer al cliente, que es la clave de estas operaciones, lograr que estas instituciones se aseguren quienes son sus clientes y la razonable seguridad del origen de los fondos. Más adelante se creó una base de datos sobre un equipamiento que el banco había recibido en 1999, como donación de la Embajada de Estados Unidos, y que es un equipo con un software moderno para procedimientos complicados que puede incorporar transacciones de toda la banca y detectar ciertas triangulaciones.

–¿La creación de la UIAF es el último paso en la prevención del lavado?

–Esa es también una práctica usual a nivel internacional y una de las pocas medidas que faltaba tomar, fue en diciembre del año pasado que se aprobó. En el mundo existen, no siempre tienen la misma dependencia ni están en la misma órbita. En el caso nuestro la creamos en la órbita del BCU. El hecho de ser un país con secreto bancario, donde el BCU concentra los organismos de control –superivisión de bancos, de seguros, de mercado de valores y las AFAPs– lo hizo parecer el lugar más natural, aunque otros países han optado por otras estructuras orgánicas según cada realidad.

–¿Está previsto cómo y cuándo va a funcionar la UIAF?

–La unidad ya está creada y comenzó a funcionar, porque la integran los superintendentes de las áreas que mencioné, la preside el superintendente de instituciones de intermediación financiera y la integran el superintendente de seguros y reaseguros, el gerente del área de mercado de capitales, el gerente del área de control de AFAPs y el intendente de la superintendencia. O sea que está funcionando, tiene definido una serie de objetivos en las propias normas que la crean, ya es un hecho. Está funcionando bien con sus funcionarios a los que todo el cuerpo inspectivo le da apoyo. Entonces el cuerpo inspectivo es el instrumento natural que tiene esta unidad, sin desmedro que como este es un tema visto a nivel nacional hay necesarias coordinaciones. Hay una ley del año 98 que combate a la droga, hay una Junta Nacional Contra la Droga, hay diferentes organismos involucrados. Sin desmedro de la UIAF, el BCU tiene que realizar una coordinación con otros organismos del Estado que están con propositos similares de combate a las operaciones ilícitas. No es sólo el BCU y esta unidad que va a trabajar en el combate al lavado de activos, sino que hay ya organizaciones creadas a nivel nacional que tienen su formalidad, su funcionamiento y que participan de reuniones de cáracter internacional. No hay que verlo como un trabajo aislado, tiene su cuerpo, su staff, pero también tiene que coordinar con otros organismos del Estado que están con objetivos comunes.

–¿Esta unidad tiene independencia técnica para por ejemplo hacer una denuncia ante la Justicia, o tiene que informar al Directorio del BCU y éste resolver?

–Una comisión estudia los antecedentes y si considera que hay que hacer alguna denuncia ante la Justicia lo plantea al Directorio, simplemente para formalmente canalizarlo a través del Directorio. Pienso que es una formalidad que no le quita mérito ni le agrega tiempo, como tampoco le quita independencia, porque además un funcionario público que tenga convicción de un delito tiene la obligación de denunciarlo. Quiero decir que en el hipotético caso que por alguna razón no prosperara una denuncia, igual está la independencia lógica que tiene el funcionario público para tener iniciativa, pero estamos hablando de un caso extremo. El trámite ante el Directorio es porque formalmente nos pareció que era lógico para no desperdigar esfuerzos, que no saliera independientemente de la unidad sin pasar por el Directorio, porque en nuestro caso estamos involucrados en esa coordinación con otros organismos y podemos necesariamente encontrar algun dato para el problema. No visualizo que eso sea un problema, porque es un trámite normalmente muy ágil.

—¿Existe reglamentación para que las entidades financieras no pongan como reserva el secreto bancario en las investigaciones del BCU?

–Al BCU las instituciones financieras tienen la obligación de darle toda la información. El secreto bancario rige de los bancos hacia los particulares, pero no hacia el BCU, que puede requerir todas las informaciones que sean del caso.

–Tiempo atrás usted dijo que el BCU investigó casos de posible lavado de activos. ¿Se pasó alguno de esos casos a la Justicia?

–Pasamos y colaboramos con la Justicia, básicamente hemos recibido en algunos casos directamente el pedido de la Justicia para que se levante el secreto bancario y todo el sistema financiero le informe si hay necesidad de saber sobre una cuenta o de movimientos de una u otra persona. Muchas veces hemos colaborado en base a acuerdos que hay entre dos países, frente a pedidos del Banco Central argentino o del Banco Central de la República de Brasil, que nos han pedido información. Cuidando siempre ese equilibrio del secreto bancario y la búsqueda de verificar una situación, el BCU ha colaborado y lo sigue haciendo en brindar información.

–El presidente del Banco Central argentino, Pedro Pou, dijo que el BCU no había respondido a un pedido de informes que se realizó desde el vecino país, situación que usted se encargó de aclarar y señaló que se contestó dos veces ese pedido. ¿Tras esa situación tuvo algún contacto con su par argentino?

–Sí, y él me aclaró personalmente que lo que quiso decir fue que la información no le fue útil para su investigación, pero no quiso decir que no la había recibido. Con eso quedó allanado y superado el hecho, no da para más.

–¿Por qué cree que en el exterior existe a veces esa imagen de Uruguay como país lavador de activos?

–No es una imagen ni tan grande ni tan extendida como se piensa. Se han observado comentarios sobre el mercado uruguayo, pero nadie ha dicho formalmente –como se ha dicho de otros mercados– que en el mercado uruguayo se lave dinero. En aras de buscar explicaciones, sólo como una forma de meditar en voz alta, el Uruguay ha tenido una larga tradición de apertura, de libre entrada y salida de capitales. Fue uno de los primeros países de América del Sur en abrir su economía y su mercado financiero en la década del 70, tiene una tradición de respeto muy grande hacia lo extranjero y por algo se habló en algún momento de la Suiza de América, porque era un país democrático, con apertura, con seguridad para el inversor. El otro aspecto es que somos un país que tiene una buena
legislación en materia de actividad financiera y en particular de secreto bancario. Son aspectos que pueden haber pesado para que algunas opiniones o comentarios hablen de lavado. Pero estamos en buenas condiciones para demostrar que se toman todas las medidas y se hace todo lo necesario para evitarlo, que creo es lo máximo que se nos puede pedir. De ahí en más queda siempre una zona gris que ya no depende de las normas sino de la propia gestión del sistema financiero. Tenemos esa tradición de libertad, pero no debe confundirse la misma con la idea de que es un país donde la Justicia no funciona, porque ese es un aspecto importante. A veces se marcan países porque no hay un fluido funcionamiento de la Justicia en estos temas.

En Uruguay es al revés, mi experiencia tanto aquí como cuando estaba en el Banco República es que la Justicia tiende a actuar muy rápido. El juez cuando encuentra elementos que merecen una investigación manda rápidamente el exhorto para levantar el secreto bancario y es respondido con celeridad. El secreto bancario no es una barrera infranqueable; es una barrera franqueable por la vía lógica, con pruebas y éstas van al juez, que luego de evaluarlas decreta el levantamiento.