EP pide informes sobre la venta de la televisión por cable

El diputado por Alianza Progresista, Víctor Rossi, presentará en las próximas horas un pedido de informes, por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional, a la Dirección Nacional de Comunicaciones y a la Administración Nacional de Telecomunicaciones a través del cual interroga si el Poder Ejecutivo ha recibido «algún planteo concreto» relacionado con la posible venta del paquete accionario de Equital SA, empresa proveedora de las señales de todos los canales cables de Montevideo, a un consorcio extranjero.

La iniciativa de realizar consultas ante el gobierno por la venta de los canales cable había sido planteada por el líder de la izquierda, Tabaré Vázquez, en la reunión del pasado lunes de la Mesa Política del Frente Amplio. Ese mismo día, LA REPUBLICA informó en portada sobre la inminencia de la enajenación de Equital SA a capitales extranjeros representados en nuestro país por el Citibank.

En su solicitud de informes, Rossi interroga si el Poder Ejecutivo ha recibido «algún planteo concreto relacionado con esa operación por parte de Equital SA o de las empresas convergentes en esa firma, tales como Bahía Esmeralda SA, Riselco SA, y Tractoral SA», y si el Ejecutivo tiene información acerca de que «la filial argentina de Citicorp Venture Capitals (CVC) u otra empresa extranjera negocia la compra de la mayoría accionaria de esas empresas».

Rossi pretende saber, a través de su pedido de informes y al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República, en «qué países está permitido que el capital accionario mayoritario de las empresas servidoras de televisión cable esté en manos de capitales extranjeros».

Asimismo pregunta, si de acuerdo a nuestra legislación vigente, «la empresa Equital SA y las empresas convergentes, están habilitadas a ceder su permiso para suministrar el servicio de televisión por cable a la ciudad de Montevideo», e interroga si en caso de no estar habilitadas, «se volverá a realizar un nuevo llamado público a interesados en instalar y suministrar el servicio de Televisión por abonados dentro de la capital del país». «En caso de que la empresa compradora fuera autorizada a suministrar el servicio de televisión por cable, qué exigencias le impondría el Estado para poder asumirla», expresa el texto.

El legislador pregunta si el Ejecutivo ha manejado la posibilidad, en caso de concretarse la venta, «de liberalizar el mercado de la televisión cable por abonados, tal como lo hizo con la televisión satelital por abonados»; y si está previsto que quienes posean la autorización de operar una infraestructura de cable, «tengan la obligación de ofrecer esa infraestructura a terceros que sean productores válidos de contenidos y si se autoriza a esos terceros para que estos a su vez ofrezcan servicios de acceso a Internet».

«Cuáles son las causas que pueden llevar a que la autorización de prestar servicios pueda ser otorgada. Hay algún antecedente de que se haya derogado la autorización», interroga el legislador encuentrista. En caso de que una empresa que realizó el cableado se retire del mercado y no pueda venderlo, «quién pasa a ser el propietario de la fibra óptica». En tal sentido, pregunta si la actual legislación permite a los propietarios de la fibra óptica «habilitar un sistema privado de telefonía básica y de transmisión de datos». «Qué opinión técnica y política tiene Antel sobre la posibilidad de que la televisión cable sea utilizada por servicios de telefonía. Está previsto, en caso de habilitar la competencia, que el Estado juegue el rol de árbitro; qué papel piensa jugar el Estado en el control de los contenidos», pregunta además el legislador de la Alianza Progresista, para quien la venta significa una «contradicción del gobierno, cuando está proclamando la desregulación de toda la actividad económica y empresarial».