Se retomó ayer el diálogo

La dirigencia sindical fue recibida por la bancada de ediles del Encuentro Progresista (EP), con cuyos integrantes analizó los enfrentamientos en un clima de diálogo que fue calificado como «muy bueno» por ambas partes.

Ninguna de las partes se disculpó por las agresiones, lo que permitió que «todos quedaran con su investidura bien plantada», según explicó a LA REPUBLICA el coordinador de la bancada de la izquierda, Uberfil Hernández. Tanto el gremio como los ediles coincidieron en la necesidad de «incrementar la comunicación» para evitar futuros enfrentamientos. Hernández aclaró que el tema del 23 de febrero «se rozó» pero no fue tratado en forma específica. Apuntó que el EP reconoce «el derecho de las organizaciones sociales a manifestarse pero ellos también entendieron que los legisladores necesitan contar con un espacio razonable para hacer su tarea».

Como ex presidente de Adeom, el edil emepepista señaló que «en materia sindical algunas veces los hechos pasan por encima de los directivos. Las masas están ahí y a veces por determinados faltas de entendimiento –porque en este caso muchos pensaban que ahí se trataba el presupuesto– pasan estas cosas». La explicación de que las comisiones funcionan en forma cerrada «fue entendida. Todos nos comprometimos a hacer los mayores esfuerzos para seguir trabajando en un relacionamiento futuro porque la Junta es un eslabón muy importante para destrabar situaciones conflictivas. Para nosotros, el tema quedó saldado».

Enfrentamiento negado

La dirigencia sindical se reunirá hoy con la Departamental del Partido Nacional, que la recibirá en la sede del sector. El edil Osvaldo Abi Saab informará a la Departamental sobre la preocupación de la bancada de ediles ante un relacionamiento que consideran «malo» entre Adeom y la administración municipal. El curul opina que los diversos enfrentamientos «podrían desembocar en medidas de fuerza donde la población quede otra vez de rehén de una lucha política y sindical que tiene sus culpables».

Esta postura no es compartida por la administración donde la directora de Recursos Humanos, Hyara Rodríguez, quien aclaró a LA REPUBLICA que «el diálogo con Adeom siempre ha sido fluido pese a la sensación que se pueda tener como consecuencia de algunas manifestaciones». Rodríguez indicó que ayer mismo recibió una llamada telefónica del presidente del sindicato, Aníbal Varela, quien le informó que la dirigencia del gremio está aplicando «a rajatabla» el control de las horas gremiales, tema que la semana pasada provocó el último enfrentamiento entre ambas partes. Varela comunicó a la jerarca que el uso de las horas está siendo comunicado a la IMM 24 horas antes de su utilización y cuando son requeridas «de urgencia» se informa en el transcurso de las 24 horas siguientes a la falta del funcionario.

Acuerdo con firma

Por otra parte, la Intendencia de Montevideo (IMM) propondrá en breve a Adeom la firma de un convenio donde se establezcan las normas de utilización de las horas gremiales. Dicho acuerdo será planteado después de las elecciones sindicales del 27 de abril para respetar los términos de la negociación alcanzada el lunes con la mediación del PIT-CNT.

Hasta ese momento continuará vigente al acuerdo alcanzado por la administración y los trabajadores en 1995, cuando se estableció la existencia de nueve mil horas gremiales a distribuir entre los dirigentes que las necesiten con la condición de avisar previamente a la IMM sobre su destino. Rodríguez dijo a LA REPUBLICA que después de las elecciones del 27 de abril la administración negociará con Adeom para «firmar un convenio que regule el uso de las horas». Este planteo fue hecho en la reunión del lunes con el PIT-CNT, cuyos delegados sugirieron que sería positivo tener un convenio firmado, ya que el acuerdo de 1995 fue «un pacto de caballeros». El único documento escrito sobre la negociación vigente es una comunicación a todos los servicios del entonces director de Recursos Humanos, Ernesto de los Campos, explicando el sistema de ingreso de las horas gremiales. De cualquier manera, Rodríguez no descartó que los términos del acuerdo firmado sean similares al adoptado «de palabra» a fines de la administración Vázquez.