Cierra petición ante la CIDH

"Acuerdo amistoso" entre el Estado uruguayo y periodista

En el día de ayer se alcanzó un «acuerdo amistoso» entre el periodista Carlos Dogliani y el Estado uruguayo, que contó con la mediación de la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el cual se daría por concluido el caso presentado ante dicho organismo internacional de protección de los derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos, informó ayer la Cancillería.

Carlos Dogliani fue en su momento sometido a proceso penal y condenado en el marco del Código Penal y la Ley Nº 16.099 de 3 de noviembre de 1989. La denuncia había sido presentada por el ex intendente de Paysandú Alvaro Lamas (Partido Nacional).

El ex jefe comunal había sido involucrado por la refinanciación de una deuda de un estanciero de 300 mil dólares, quien terminó pagando 30 mil. La SCJ condenó a Dogliani a cinco meses de prisión en setiembre de 2006, por el delito de difamación e injurias. La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), representantes legales del periodista Dogliani, llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Estado uruguayo aceptó en el año 2007 que la norma legal que había posibilitado el procesamiento y condena del citado periodista debía ser removida del ordenamiento jurídico interno por ser incompatible con las normas del derecho internacional, al tiempo que aceptó buscar una solución amistosa, según lo sugerido por la Comisión Interamericana.

En ese contexto, el Estado uruguayo adoptó una serie de decisiones, incluida la sanción de la Ley Nº 18.515 de 26 de junio de 2009 que derogó las disposiciones cuestionadas del Código Penal y la Ley Nº 16.099, relativa a delitos de comunicación.

La norma jurídica referida constituyó, de suyo, el pilar del acuerdo amistoso y uno de los mecanismos de reparación al periodista Carlos Dogliani.

En función de ello, Estado y periodista, deciden solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que proceda a cerrar la petición Nº P.228-07.

Esta es la primera vez que el Estado uruguayo concluye un caso planteado ante la Comisión Interamericana a través de la negociación, solución que viene siendo aceptada por la mayoría de Estados latinoamericanos. El Estado aceptó el pago de una indemnización al periodista.

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