Una propuesta del extinto Díaz Maynard

La figura del comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario es una propuesta forjada por el extinto diputado del Frente Amplio Daniel Díaz Maynard.

La ley que instituyó el comisionado parlamentario fue sancionada en setiembre de 2003.

En mayo de 2005 la Asamblea General Legislativa procesó, por unanimidad, la elección del ombudsman carcelario. Fue designado Alvaro Garcé y en junio de ese año fue presentado ante el presidente del Patronato de Presos y Liberados, Oscar Ravecca, y ante el ex diputado Daniel Díaz Maynard, autor de la ley por la que se instituyó el cargo.

Alvaro Garcé es abogado, docente grado 3 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y se ha desempeñado como defensor de oficio en materia penal. Tiene más de una decena de publicaciones referidas a derechos humanos y sistemas penitenciarios. También ha trabajado en los estudios Ferrer Lamaison y Pedro P. Berro y Asociados. Durante el gobierno de Jorge Batlle fue director general de Registro, una dependencia del Ministerio de Educación y Cultura. Su cometido es asesorar al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa constitucional, legal o reglamentaria vigente y de los convenios internacionales ratificados por el país referidos a la situación de las personas privadas de libertad en virtud de proceso judicial. Igualmente le compete la supervisión de la actividad de los organismos encargados de la administración de los establecimientos carcelarios y de la reinserción social del recluso o liberado.

Con la aprobación en 2005 de la Ley Nº 17.897 de «humanización y modernización del sistema carcelario», se pretendió superar la política criminal de la última década, que se orientó a implementar reformas legislativas de corte punitivo pero omitió desarrollar una estrategia institucional que controlara la densidad carcelaria y minimizara las consecuencias del encierro. Esa situación provocó el colapso del sistema penitenciario.