Comisionado carcelario presentó balance

Es el penúltimo informe que se conoce de Alvaro Garcé. El que cerrará su gestión será dado a conocer antes del 13 de julio del año que viene, cuando termine su mandato, aunque podría ser reelecto. El comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario hizo llegar ayer a los legisladores de todos los partidos políticos un documento de 50 páginas conteniendo un balance de su labor en el cargo y un relevamiento del sistema carcelario.

«Hubo momentos difíciles. La administración penitenciaria primero debió aceptar, luego comprender y posteriormente asimilar mi función», dijo a este diario el propio Garcé. Agregó: «Trabajé tranquilamente y en los momentos críticos, que los hubo, se me brindaron las garantías necesarias para desenvolverme».

El comisionado dividió el documento en dos planos: un balance personal de su labor y una observación de la situación carcelaria.

«La emergencia penitenciaria se mantiene y en algunos casos se ha agravado ­sostuvo­ por el crecimiento casi constante de internos, que ha llevado a complicar la gestión». Garcé destaca que ese crecimiento en la población carcelaria «sólo se detuvo» en el período 2005-2006, cuando se aplicó la ley de humanización carcelaria por la cual se liberaron anticipadamente 827 personas. De ese número de favorecidos, 151 (el 18%) reincidió en el delito, según cifras oficiales.

Califica como «muy buenas experiencias» las chacras policiales y otras prácticas carcelarias como los «centros de recuperación». Para el futuro inmediato Garcé advierte que habrá de verificarse «un alivio» por las obras de remodelación y ampliación en algunos establecimientos carcelarios.

Como una debilidad del sistema todo, el comisionado parlamentario apunta a la cantidad de personas presas (cerca de 9.000) que hay en la actualidad y advierte que «de no existir una política fuerte de Estado en materia carcelaria podrían sobrevenir complicaciones. Es ­dijo­ una premisa que deberían tener en cuenta tanto los que tengan la responsabilidad en el próximo gobierno como los que vayan a estar en la oposición».

Clamó también por una labor «coordinada» y no superpuesta entre la gestión del comisionado y la futura Institución Nacional de Derechos Humanos.

Garcé sintió que en más de una oportunidad el acceso a las cárceles fue inaccesible para su contralor». Garcé reconoce que tanto él como el resto del espectro político «no sabían a ciencia cierta para qué iba a servir la figura del comisionado y por los prejuicios se ha llegado a escuchar la siguiente pregunta: ¿Por qué el Estado va a gastar plata para el contralor de los presos?».

En su penúltimo informe, Garcé destaca que la emergencia humanitaria en el sistema carcelario, declarada por el propio presidente Tabaré Vázquez en marzo de 2005 en las escalinatas del Palacio Legislativo, «persiste y tenderá a agravarse en el futuro».

Al 30 de agosto pasado hay 7.796 hombres y 607 mujeres presas. Los más graves niveles de hacinamiento corresponden a cárceles situadas en la zona Este del país, como los establecimientos de Las Rosas (301%) y en Rocha (290%). En Montevideo las cárceles de la calle Cabildo y el Comcar han absorbido la mayor cantidad de los nuevos ingresos. Las peores condiciones de hacinamiento se registran en el penal de Libertad, en el departamento de San José. Las mejores en «Casa del Medio Camino», el Centro de Recuperación Nº 2, el Centro Nacional de Rehabilitación, en chacras departamentales y en algunas cárceles departamentales como las que se encuentran en Paysandú, Treinta y Tres y en la ciudad de Trinidad, Flores. Garcé anuncia en su balance que las obras en curso en las cárceles de Rivera y en Punta de Rieles, «conjuntamente con las ampliaciones proyectadas en Las Rosas, Comcar y Libertad, facilitarán una descompresión durante el segundo semestre de 2010″.