"CPP aumentará credibilidad  del sistema procesal penal"

Jorge Chediak asumió el pasado miércoles como ministro de la SCJ. Tras 16 años en un Tribunal de Apelaciones en lo Civil accedió al mayor cargo de la magistratura uruguaya: ministro de la Suprema Corte de Justicia. En diálogo con LA REPUBLICA detalló su visión sobre la actual situación del Poder Judicial y los lineamientos de su futuro trabajo en la Corporación.

 

Satisfacciones

­¿Cuáles son sus principales expectativas al asumir como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)?

­Impulsar o continuar impulsando una mejora en el servicio. Hemos apoyado desde el inicio la selección de los magistrados a través del Centro de Estudios Judiciales (CEJU), es decir, los estudios de capacitación necesarios, los filtros, a través de entrevistas psicológicas, evaluación de currículum y pruebas de conocimiento técnico para que quienes aspiran a ingresar tengan la mejor idoneidad técnica e intelectual y de personalidad posible.

Hemos postulado también la necesidad de una adecuación de las retribuciones de los magistrados a nivel de los titulares de los restantes poderes del Estado, por el notorio hecho de que, quizá, sea el único llamado que se hace en el Estado para cargos públicos que no tiene suficientes aspirantes para llenar los cupos. La realidad en los últimos tiempos es que cada vez es menor el número de aspirantes. En la generación anterior hubo 58 aspirantes para los 30 cargos, de los cuales, luego del proceso de evaluación, quedaron 18. En el último llamado ni siquiera se presentaron 58.

 

­¿Por qué se ha dado ese proceso?

­Hay tres teorías al respecto. Una de ellas señala que puede haber una suerte de «crisis de vocación». La magistratura, quizás igual que el sacerdocio, requiere una fuerte dosis de compromiso personal y de vocación. Es una carrera con mucho sacrificio, donde hay que dejar de lado una cantidad de beneficios personales: uno pierde sus derechos políticos, salvo el voto; y muchas veces sufre una suerte de desarraigo de los amigos y muchas veces de la familia, porque lo designan en el norte del país, y no todos pueden trasladarse.

Hay una segunda hipótesis, en el sentido de que los requisitos para ingreso al CEJU son muy altos. Se requiere una escolaridad de BMB de promedio y no haber perdido más de tres materias en el transcurso de la carrera. Se me ha dicho que hoy el promedio de materias pérdidas por los alumnos que egresan de la Udelar es más de tres y que quizás el problema es que sea muy alto el nivel de exigencia y se ha postulado bajar este nivel. Eso en mi opinión atenta contra la intención de mejorar la calidad del servicio.

Sin embargo, la tercera hipótesis, a mi entender, es la que explica la dificultad de reclutamiento para la magistratura: la retribución inicial que se ofrece y la ulterior no resulta atractiva para los buenos estudiantes, para aquellos que tienen otras opciones no sólo en el sector privado, sino en otros organismos del Estado, organismos del 220 y bancos públicos que tienen abogados que reciben retribuciones muy superiores a las de un juez de Paz, que es el cargo de inicio en la magistratura. En el sector privado, los estudios (jurídicos), cuando reclutan los mejores estudiantes de la Udelar y de las universidades privadas ofrecen buenas retribuciones de ingreso y muy buenas retribuciones en el mediano plazo. El Poder Judicial no compite hoy con esas retribuciones.

 

­¿Cómo puede superarse esa situación en el corto plazo?

­Bueno, los profesores, (NR: Chediak es profesor de Introducción a la Judicatura en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Empresa) tratamos de apelar a las satisfacciones no patrimoniales que el ejercicio de la magistratura da. Es uno de los pocos lugares donde uno puede ser verdaderamente objetivo y esclavo de la Constitución y de la Ley.

El magistrado está en esa situación excepcional de ser la «objetiva voz» de la Constitución y la Ley. Desde los primeros cargos toma decisiones propias, le pone la firma y asume las consecuencias. Eso es muy satisfactorio, más allá de las tensiones, pero se ve que no convencemos al suficiente número de estudiantes para que lo hagan (risas).

 

El nuevo CPP

­¿Cómo percibe la concepción de la generalidad de la población sobre el Poder Judicial?

­Arrastramos esa suerte de «sabiduría popular» de que la Justicia es muy lenta, siendo que los índices objetivos comparativos con otros países no avalan tal lentitud. Es muy difícil obtener una Justicia rápida porque hay que seguir el debido proceso y transitar todas las garantías. Justicias expeditivas no existen y en los índices comparativos la Justicia no penal, o sea toda la regida por el Código General del Proceso (CGP) en Uruguay, está dentro de tiempos razonables que se pueden esperar, aunque son mejorables. Esperamos que se puedan mejorar mucho más con el expediente electrónico, porque con el domicilio electrónico y las intimaciones electrónicas ya se ganan tiempos procesales. Practicar una notificación demandaba dos o tres semanas y hoy se hace en tres o cuatro días.

Además, tenemos un problema de falta de transparencia en el funcionamiento del proceso penal. Una falta de transparencia que no es buscada sino que deriva de que nuestro proceso es inquisitivo, escrito y que el presumario es reservado. La realidad internacional, la realidad iberoamericana, demuestra que nos hemos quedado en la retaguardia. Somos de los últimos países que aún no han adoptado un proceso acusatorio.

 

­En ese sentido se enmarca la reforma del CPP.

­Exactamente. Hacer el juicio oral y público, o sea, dejar de lado toda esta gran reserva, definiendo claramente los roles: quien debe recolectar la prueba para encausar y eventualmente condenar a un ciudadano es el Ministerio Público, porque es el dueño de la acción penal y el representante de la sociedad; el defensor es quien debe defender a ese ciudadano; y el juez, como tercero imparcial, decide si la prueba es o no suficiente para acreditar la culpabilidad del ciudadano. Es un funcionamiento mucho más claro y eso va a transparentar el sistema, y la transparencia genera confianza. Es casi un axioma. Cuando no hay transparencia aumenta la desconfianza, las dudas, no se entiende por qué a un presunto delincuente lo procesan con prisión, a otro sin prisión y otro queda libre.

 

«Independencia íntima»

­¿La «judicialización de la política» puede afectar, de alguna manera, la imagen del Poder Judicial?

­Mi sensación es que no. El fenómeno de la «judicialización de la política» es un fenómeno mundial. Por alguna razón la evolución de la sociedad en las democracias serias ha llevado a que fenómenos que antes se dirimían dentro del sistema político, hoy se diriman en los estrados judiciales. El Poder Judicial y la política deben transitar por carriles separados. Las consideraciones políticas, ramificaciones políticas o los efectos políticos que en principio puedan tener nuestras decisiones nos tienen que ser ajenos. Nuestra labor es simplemente declarar derecho conforme a la Constitución y la Ley. El Poder Judicial debe ceñir su actividad a la Constitución y la Ley, con prescindencia de la importancia política del caso que se le trae o de la jerarquía política de las personas.

 

­¿Los jueces están capacitados para lidiar con la presión del sistema político y de los medios de comunicación?

­En teoría debemos estarlo, porque justamente la evaluación psicológica de ingreso a la magistratura pretende determinar una personalidad con la fuerza interior y la integridad moral suficiente para sobreponerse a cualquier tipo de presiones. Se busca una persona equilibrada, sensata, con el perfi
l adecuado para tomar decisiones aunque las mismas sean impopulares. Las decisiones de los jueces no deben ser populares o impopulares, gratas o ingratas para otros integrantes del sistema político ni para sus propios superiores en el sistema judicial. Deben ser las adecuadas a la Constitución y la Ley. En el ejercicio de la función jurisdiccional, el juez necesariamente debe ser independiente. Hay que ceñirse a la Constitución y la Ley y a las pruebas concretas del caso concreto y tomar la decisión adecuada de acuerdo a nuestra conciencia. Ese es el rol del juez y para eso nos debemos preparar. El juez que lo cumple es un buen juez.