La Justicia procesó al impostor

La jueza especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Graciela Gatti, dispuso el procesamiento con prisión por «estafa» y «falsificación de documento público» del ex agente de Policía Elbio Javier Román, que mediante engaños accedió a un cargo de adscripto en el Directorio de Antel.

El Presidente de la República, Tabaré Vázquez, instruyó ayer al presidente interino de Antel, Beno Ruchansky, a que en forma urgente tome todas las medidas necesarias para facilitar el esclarecimiento de los hechos que se produjeron en el organismo, así como garantizar la transparencia en la gestión.

En hecho desvinculado del antes referido, el mandatario relevó a la contadora Gladys Uranga, vicepresidenta del organismo de las telecomunicaciones, quien también presentó renuncia al cargo, la cual fue aceptada de inmediato por el presidente.

Uranga, una funcionaria de carrera en el ente, fue destituida por Vázquez al constatar que su hijo ingresó por contratación directa durante su gestión con un sueldo de 39.122 pesos. Gladys Uranga violó lo dispuesto en la Ley anticorrupción y el hecho podría eventualmente dar lugar a intervención de la Justicia penal.

En relación al ex agente, la magistrada entendió que este individuo, mediante «estratagemas y engaños artificiosos», con la colaboración de su esposa (también procesada, pero sin prisión), «indujo en error a las jerarquías de Antel (…) logrando ser admitido primero como una suerte de asesor en materia de seguridad y luego ingresado formalmente como adscripto a la Secretaría de la vicepresidenta del Ente», expresa el fallo al cual accedió LA REPUBLICA.

En este sentido, el ex agente de Policía obtuvo «un claro provecho personal e injusto en daño de la administración», así como «falsificó un documento público, creando una falsa hoja membretada de Presidencia de la República y falsificando la firma de Jorge Vázquez», con el fin de acceder a computadoras laptop para desempeñar sus tareas en el Ente, señala la jueza.

Sin embargo, la magistrada rechazó la imputación del delito de «usurpación de funciones» solicitado por la fiscal Mónica Ferrero. El ex agente «fue primero autorizado por el director y luego legalmente designado por el Directorio de Antel para cumplir funciones en el Ente. Y si bien tal designación se motivó en la inducción en error provocada por él, de todas formas no puede negarse que la designación existió y por lo tanto, mal puede hablarse de usurpación», expresa la jueza.

 

Continúa instrucción

«Es evidente que la investigación debe continuar y profundizarse, (…) ya que no puede aceptarse sin más, al menos no sin antes agotar todas las posibilidades probatorias, que Román no haya actuado con la participación de otras personas además de su esposa o que sólo buscara obtener un empleo público. El riesgo parece ser desproporcionado para ese fin», considera el fallo de la jueza Gatti.

En efecto, en julio, aprovechando el sonado caso del ex vicepresidente Gonzalo Perera, el ex agente de Policía se comunicó en forma telefónica con el adscripto Arturo Terradas, haciéndose pasar por el actual prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez.

En la conversación «el falso Vázquez» recomendaba la contratación de Román «para coordinar la custodia de Perera en Antel e investigar las eventuales irregularidades» que el ex vicepresidente del ente «afirmaba estar investigando, asunto por el que habría recibido amenazas», dice el fallo.

Román se presentó el 14 de julio en Antel y «sin exigirle documentos ni nada que lo identificara ni acreditara la derivación efectuada por el supuesto Jorge Vázquez, ni menos aún chequear con el verdadero Jorge Vázquez o su oficina, (se) le franqueó el acceso al despacho de Perera».

Incluso, el ex agente de Policía tuvo acceso a dos laptops propiedad de Antel utilizadas por Perera (ver recuadro), pero cuando el «caso Perera» dejaba la escena pública, nuevamente por intermedio «del falso Vázquez» solicitó su permanencia en el organismo, siendo contratado mediante la modalidad de adscripto.

En los primeros días de agosto, en tanto, Román solicitó una computadora portátil para su uso, para lo cual «creó» una «nota apócrifa», falsificando la firma de Jorge Vázquez. Al no retirar las computadoras la Prosecretaría de la Presidencia, se constató la maniobra. Eso derivó en la presentación de la denuncia penal, con inusitadas derivaciones.

En este sentido, puede determinarse que el ex agente de Policía «montó toda una ‘mise en scène’, aprovechando la situación generada con la situación totalmente anómala en la que se vio involucrado Gonzalo Perera, ex director de Antel, y simulando llamados del prosecretario de la Presidencia se hizo admitir» en el organismo.

«Allí se comportó como si tuviera algunos contactos y conocimiento de los hechos, llegando incluso, según sus dichos, a asesorar a Carvalho sobre las repercusiones del caso Perera en Antel, hasta que logró ser contratado en el Ente como adscripto al Directorio, pasando a revistar como tal desde el 22 de julio hasta su detención el 1º de setiembre de 2009″, concluye el fallo.

El caso retornará ahora a la órbita del juez penal de 21º Turno, Julio Olivera Negrín, pero las dudas persisten. Por esta razón, la actividad desarrollada por el ex agente de Policía durante los cuatro años que residió en la República Argentina es indagada por las autoridades, indicaron fuentes oficiales a LA REPUBLICA.

«Las investigaciones, hasta ahora, no arrojaron ningún vínculo con agencias de inteligencia extranjeras o empresas multinacionales, pero nada se descarta. Debemos seguir indagando sobre el agujero negro que existe en esos cuatro años», afirmaron las fuentes. Asimismo, la jueza Gatti dispuso investigar todas las entradas y salidas de Román desde y hacia la República Argentina, dijeron fuentes judiciales.

 

Descartan vínculo con Perera

El mismo día que ingresó a Antel, el ex agente de Policía Elbio Román y el adscripto Arturo Terradas fueron al Juzgado de Ciudad de la Costa, donde en ese momento se encontraba detenido el ex vicepresidente de Antel, Gonzalo Perera, «oportunidad en que obtuvo información que demostraba que sabía del tema y tenía contactos a nivel policial».

En ese momento el ex agente recogió dos computadoras portátiles propiedad de Antel, «afectadas al uso por parte de Perera y que estaban en su casa», por lo cual tuvo acceso a la información manejada por Perera durante el tiempo en que «asesoró» al ex presidente de Antel, Edgardo Carvalho, sobre la posible repercusión del procesamiento del ex jerarca en la imagen del organismo.

«Debe destacarse que no ha quedado aclarada la vinculación entre Román y Perera, que éste (Perera) negó pero que el primero y su esposa manifestaron que existió, aunque luego en el careo practicado Román variara su versión» y negara conocerlo, dice el fallo judicial.