Avances y retrocesos en autonomía judicial

«En el Uruguay la independencia del Poder Judicial constituye una tradición nacional que honra al país en el concierto internacional y compromete a quienes ejercen el gobierno de la Institución a su respeto irrestricto», afirmó Leslie Van Rompaey ante los magistrados de la Unasur. «La independencia judicial externa e interna dignifica a quienes desempeñan la función de administrar justicia. (Pero) ello no implica que los jueces uruguayos se encuentren aislados de la realidad social, económica y política que los rodea, y dentro del marco de legalidad su gestión se orienta a contemplar los principios y valores éticos arraigados en la conciencia de la comunidad». Por tanto, «de su autoridad moral dependerá la aceptabilidad social de sus decisiones y en definitiva la propia legitimación democrática del ejercicio del poder, que reclama la libertad, autonomía e independencia del juez respecto de toda influencia extraña a los dictados de su propia conciencia», concluyó el ministro.

 

«La cuestión judicial se ha transformado en los últimos años en asunto de interés público y los medios de comunicación se ocupan de ella habitualmente, especialmente en lo atinente al proceso penal», pero «es frecuente que la información brindada por los medios sea errónea, interesada, mal orientada o deficientemente presentada».

«El juez aparece así coaccionado, sumido en cuestiones complejas que se ventilan, movidas por diferentes intereses legítimos e ilegítimos, a nivel de los medios de comunicación masiva y con una participación más o menos grande de individuos que tratan, aunque sea indirectamente (cuando no directamente) de manipular su voluntad». Sin embargo, el Poder Judicial uruguayo «está buscando su propia fórmula de adaptación, su propia respuesta ante el nuevo orden».

En este sentido, el ministro de la SCJ Leslie Van Rompaey valoró la creación de la División de Comunicación Institucional «para atender los requerimientos» de la prensa y «afianzar la cultura organizacional» de la SCJ. Pero «para encarar este propósito es necesario contar con voceros eficientes». Sin embargo, «no alcanza con investir a un magistrado para que oficie como portavoz». «Es menester preparar a todos los magistrados para que cada uno, llegado el momento de explicar públicamente las razones y fundamentos de sus fallos, pueda trasmitir fielmente a la ciudadanía» los valores «de honestidad, imparcialidad e independencia que tradicionalmente han caracterizado a la Justicia» uruguaya. La capacidad de los jueces de explicar sus fallos y «emitir mensajes confiables» ha posibilitado «mejorar la imagen del Poder Judicial», dijo Van Rompaey.

Asimismo, eso se incrementó mediante la organización de seminarios entre jueces y periodistas como forma de articular «códigos comunes» en beneficio de «ambos sectores». «Los resultados han sido realmente exitosos». «Los periodistas asignados a la cobertura de las cuestiones judiciales están más capacitados para difundir noticias a ellas vinculadas pero con conocimiento de la realidad del funcionamiento del sistema procesal penal, de tal manera que la imagen del Poder Judicial no se ve deteriorada» ante posibles distorsiones, valoró Van Rompaey.

 

Independencia económica

El ministro de la SCJ, sin embargo, consideró que «la independencia del Poder Judicial reclama algún sistema económico que le dé sustento suficiente para su operatividad», porque una forma de «restarle prestigio institucional» a la magistratura y «recortar su autonomía» es «privarla de los medios financieros» para su eficaz funcionamiento.

El Poder Judicial «tiene iniciativa presupuestaria y ejecuta su propio presupuesto (pero) el retaceo de recursos que sistemáticamente proviene del Poder Ejecutivo condiciona la efectividad de este cometido esencial del Estado». En este sentido, «son notables las diferencias de tratamiento presupuestal del Poder Judicial respecto del Poder Legislativo», indicó Van Rompaey.

El Parlamento, «en régimen de autarquía, aprueba su propio presupuesto y lo comunica al Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo ejecuta el 1,5% del Presupuesto Nacional mientras el Poder Judicial lo hace sólo en un magro 1,3% siendo que resultan ostensibles las enormes diferencias en cuanto a números de funcionarios e infraestructura locativa que ambos poderes deben atender», señaló.

El ministro, en este sentido, destacó que «por primera vez en la historia» el actual presidente de la República, Tabaré Vázquez, y «destacados integrantes» del gobierno se manifestaron sobre «la necesidad de asegurar la autonomía del Poder Judicial». Sin embargo, en diálogo con LA REPUBLICA Van Rompaey aclaró que «lamentablemente» poco se pudo avanzar en este sentido.

Dr. Van Rompaey. Ministro de la SCJ.