Estudio. Aparece en una recopilación de la Facultad de Derecho bajo el título "Transparencia y probidad pública"

La Universidad de Chile cita el caso BPA como un modelo de "alta corrupción"

“El caso Banco Pan de Azúcar (BPA) se refiere a la compleja y cuestionada venta de un banco privado que, por su insolvencia, fue comprado y saneado por el Estado para luego enajenarlo a privados, provocando en Uruguay conmociones políticas y jurídicas inusitadas”.

El abogado de Ielsur, Martín Prats, efectuó de esta manera un análisis académico sobre el proceso de venta del BPA durante el mandato del hoy candidato a la Presidencia Luis Alberto Lacalle, publicado por la Universidad de Chile durante un curso de políticas contra la corrupción, en 2008.

El estudio “Venta del Banco Pan de Azúcar en Uruguay: un caso de corrupción en las altas esferas”, se publicó en la recopilación desarrollada por la Facultad de Derecho de la universidad chilena sobre casos de corrupción bajo el título “Transparencia y probidad pública. Estudio de casos en América Latina”.

 

Caso interesante

El artículo elaborado por Prats consideró importante el análisis del “caso BPA” porque “no sólo tuvo serias consecuencias penales, sino que se trató, sobre todo, de un hecho eminentemente político”. Agregó que los procesamientos de altos funcionarios de gobierno, por este y otros casos de corrupción, empañaron” el gobierno de Lacalle, “colocándolo bajo un manto general de sospecha”.

Además, “el caso alimentó de forma significativa los debates ideológicos sobre políticas financieras estatales, privatizaciones, el rol del capital privado y la inversión extranjera”, al tiempo que “los fuertes cuestionamientos políticos a los fallos judiciales, vertidos por los principales afectados y sus seguidores, avivaron como nunca en el país el problema de la politización de la Justicia y su contracara, la judicialización de la política”, expresa Prats.

Asimismo, “quedaron en entredicho la efectividad de los mecanismos legales de control y transparencia; la capacidad del Poder Judicial para resolver cuestiones de tal magnitud; y el papel de los partidos políticos, la prensa y la opinión pública en la resolución de los problemas relativos a la integridad en el manejo del patrimonio público”, dice el autor.

 

¿Corrupción?

El artículo analiza la venta del BPA, la cobertura mediática del proceso judicial, el trámite de la Comisión Investigadora del Parlamento y, en particular, las falencias de la legislación uruguaya para enfrentar casos de corrupción dentro del sistema financiero o en el cual estuvieran involucrados altos cargos del gobierno.

“Hasta entonces, la corrupción estuvo casi ausente en la agenda política y muchos señalaban orgullosamente que en el Uruguay no existían problemas de corrupción, diferenciando así al país de otros de la región”. El “caso del BPA” fue “el primer gran caso de ‘alta corrupción’ ventilado luego de restablecida la democracia y, como tal, tuvo sus obstáculos y dejó sus enseñanzas”, expresa el autor.

“El problema de la corrupción logró captar el interés de partidos políticos, sindicatos, prensa y opinión pública. La eventual presencia de corrupción en el manejo del sistema financiero no sólo podría significar un alto costo político y responsabilidad penal para sus protagonistas, sino que también ponía en tela de juicio la política económica del gobierno, tanto en sus bases filosóficas como en su operativa práctica e institucional”.

Sin embargo, “las denuncias de corrupción en las altas esferas de poder, al ser impulsadas por sectores contrarios al gobierno de Lacalle, se politizaron rápidamente y esto, más allá de los procesos judiciales llevados adelante, obstaculizó la formación de una racional y ecuánime opinión sobre lo sucedido (…) Tanto en la denuncia como en la defensa se intuye la intencionalidad política, relegando el interés público a salvaguardar”, aseguró el autor.

“El Poder Judicial mostró además falta de fortaleza política para poder afrontar las críticas a su falta de independencia frente a la injerencia política. Si bien los fallos fueron confirmados en los respectivos tribunales de alzada, no hubo una debida comunicación a la opinión pública de sus fundamentos”.

Para Prats, “la gran enseñanza del ‘caso BPA’ fue constatar la falta de debidos controles estatales a las actividades financieras de la banca privada, la insuficiente transparencia en los procedimientos de privatización y ventas públicas, y la ausencia del debido ejercicio por parte del BCU de sus potestades regulatorias”.

“Todo este episodio reveló una excesiva discrecionalidad política en los procesos de toma de decisiones que afectan a la economía nacional. Lamentablemente el sistema político no tomó nota de esta ausencia de controles y regulación del sistema financiero, lo que en definitiva constituyó una de las principales causas de la gravísima crisis financiera que tuvo el país en 2002″, estimó Prats.

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