Decreto sobre el BPS no contará con la firma del ministro Alonso

Asimismo, trascendió que el ministro Alvaro Alonso (MTSS), al compartir la postura del Partido Nacional, refrendada el pasado lunes en su Directorio, decidió no acompañar con su firma el polémico decreto.

En su lugar lo haría el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, acompañando la rúbrica del mandatario, según una fórmula política acordada el pasado miércoles. Fuentes del Edificio Libertad confiaron a LA REPUBLICA que este acuerdo fue producto de una «compleja negociación» durante la reunión que Alonso mantuvo con el presidente Jorge Batlle, y en la cual «participó activamente y por vía telefónica el presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle».

El pasado miércoles, el Poder Ejecutivo resolvió que no habrá elecciones para definir el representante de los empresarios contribuyentes al BPS, lo que provocó cuestionamientos desde sectores empresariales, del Encuentro Progresista y, en particular, del Partido Nacional, que rechazó el planteo en forma enérgica.

El senador herrerista Francisco Gallinal afirmó ayer que el ministro Alvaro Alonso defendió enfáticamente la postura del Partido Nacional favorable a la realización de elecciones en el orden empresarial, «al punto tal que la decisión que va a significar que la designación directa de un representante de las empresas contribuyentes muy probablemente no cuente con la firma del ministro».

Gallinal manifestó que «el Partido Nacional agotó todas las instancias políticas» sobre este asunto, y cuestionó ásperamente la posibilidad que el Encuentro Progresista promueva un llamado a sala a los ministros. «Hoy, lamentablemente, lo que advertimos es que hay una responsabilidad compartida del Poder Ejecutivo y del Frente Amplio en que hoy no solamente se esté violando la ley sino que se esté prescindiendo de un mecanismo democrático que le aseguraba a todas las organizaciones una legítima representatividad en el BPS».

La resolución del Poder Ejecutivo, que aún no se tradujo en un decreto, otorgará la representatividad de los empresarios a la lista que patrocina el Consejo Superior Empresarial (Cosupem), que responde a las grandes y tradicionales gremiales del sector.

Esta decisión va en detrimento de la lista de pequeños y medianos empresarios, cooperativistas y productores agropecuarios impulsada por la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU).

El gobierno se basa en un decreto en el que se arrogó la posibilidad de decidir qué lista es «la más representativa» de cada sector. Según el EP-FA, el Partido Nacional y el CEDU, este decreto y esta decisión violentan el espíritu de la ley sobre la designación de los representantes sociales en el Directorio del BPS recientemente votada. Esa ley establece que en caso de no haber acuerdo de una o más «organizaciones» en un sector dado deben realizarse elecciones.

Jorge Artagaveytia, representante de Cudecoop, confederación de cooperativas que nuclea a quince gremiales, integrada al CEDU, se mostró sorprendido con la «demora» del gobierno en resolver el tema y agregó que si se «hubiera aplicado la ley, el tema se hubiera resuelto rápidamente».

El diputado Daniel Díaz Maynard (Alianza Progresista) señaló que, según declaraciones del senador nacionalista Francisco Gallinal, «el ministro Alonso no firmaría este decreto, lo que agregaría, por lo menos, extrañeza al asunto, al no firmarlo el ministro del ramo y aparecer un subrogante que sería el ministro de Economía, y nos veríamos obligados a llamar a ambos».

Díaz Maynard consideró: «No es la mejor conducta decir: yo no firmo, que firme otro, y decir yo me lavo las manos y sigo en el cargo. Hay omisión de sus deberes y si él está en contra de la decisión del Poder Ejecutivo la conducta que debe asumir es renunciar». Por su parte, el senador socialista Manuel Núñez señaló a LA REPUBLICA que la decisión presidencial de no convocar a elecciones entre los empresarios, para designar el representante ante el BPS, constituye un hecho muy grave y un mal precedente ante las negociaciones en curso sobre el tema de Ancel. «Esto no genera el mejor clima para dialogar, ni es el mejor camino para la relación entre la oposición y el gobierno», advirtió el senador.

 

Un poco de historia

El proyecto de ley que fue denominado «Núñez-Atchugarry» en virtud de un acuerdo entre el Encuentro Progresista y el Partido Colorado promovió que «la elección de los representantes de los afiliados activos y de las empresas contribuyentes en el Directorio del BPS podrá realizarse por las organizaciones gremiales que los agrupan». No obstante, «si en alguno de los órdenes mencionados existiera multiplicidad de organizaciones gremiales y no resultara posible formular una lista de acuerdo, se aplicará el artículo 1º de la ley Nº 16.241 del 9 de enero de 1992″. Desde el Partido Nacional se expresó que constitucionalmente correspondía que las elecciones se llevasen a cabo en forma directa, y el senador encuentrista Alberto Couriel dijo que en el caso que las organizaciones de pequeños empresarios no compartiesen esta iniciativa, él era de los primeros en reivindicar la necesidad de promover las elecciones en ese orden.

Cuando el asunto fue analizado en el plenario de Diputados, los legisladores nacionalistas (a excepción de Sebastián Da Silva, de Desafío Nacional) y el diputado Daniel Díaz Maynard (Encuentro Progresista) se pronunciaron en contra del emprendimiento. No obstante, los diputados Ramón Legnani (Partido Socialista) y José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) no ingresaron a Sala, y Guillermo Chifflet (Partido Socialista) se encontraba en Chile, aunque en una nota en este matutino había expresado su posición de rechazo a la iniciativa. Díaz Maynard dijo a LA REPUBLICA que la ley 16.741 «es la que dice que habrá elecciones» y señaló que «frente a un texto tan claro pensar que el Poder Ejecutivo se inclina por quien representa a las grandes empresas e impide ir a la elección a la candidata que ha juntado a decenas de organizaciones empresariales, pequeña y mediana empresa, sectores rurales, de servicio, de producción, de comercio, realmente, no podemos entenderlo y no hay ningún motivo».

Para Díaz Maynard «esta ley es inconstitucional –voté en contra–, pero hasta que no se declare su inconstitucionalidad, debemos ceñirnos todos los orientales y mucho más quienes están en el Poder Ejecutivo».

Recordó que el senador Atchugarry, perteneciente al sector del presidente Batlle, «fue el motor de esta ley» pero el Poder Ejecutivo «no tiene el menor empacho en violarla inmediatamente». Ante esta situación, Díaz Maynard le solicitó al coordinador de bancada, Víctor Rossi, que realice las consultas pertinentes sobre la eventualidad de un llamado a Sala al ministro correspondiente, y «el ambiente fue favorable». La bancada del EP está a la espera formal de decreto del Poder Ejecutivo, se pronunciará definitivamente el próximo lunes, y en caso de hacerlo en forma favorable, se presentará la moción de llamado a Sala, en la sesión del próximo martes 13.

Ese día, en el Senado, el senador Astori interpelará al ministro Alberto Bensión (Economía y Finanzas) como consecuencia del aumento en el precio de los combustibles.