Batlle decidió ayer que no habrá elección entre los empresarios

La decisión del Presidente impactó en primer lugar al propio ministro Alonso, que se retiró del acuerdo semanal en el Edificio Libertad sin efectuar declaraciones. Una misma actitud tuvo el secretario de Estado durante el almuerzo realizado ayer en Punta Cala por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas en el que estuvo presente el presidente Batlle. Hasta el momento, la resolución presidencial no ha sido decretada pero su posición fue dada a conocer ayer por fuentes del Edificio Libertad que confirmaron a LA REPUBLICA que «la decisión está tomada pero aún no fue redactada».

Para el Ejecutivo, la Lista 102 del Consejo Superior Empresarial (Cosupem) encabezada por Roberto Acle es la más representativa del sector empresarial y por lo tanto no es necesario una elección. Esta resolución que aún no se concretó en un decreto deja por el camino a la Lista 101, encabezada por Elvira Domínguez, que representa a la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) y nuclea a decenas de agremiaciones empresariales, cooperativas de consumo, pequeños y medianos empresarios y productores agropecuarios.

El planteo fue severamente cuestionado por el Encuentro Progresista (EP), por el senador herrerista Francisco Gallinal y el diputado socialista José Luis Blassina, así como por varios integrantes de la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU).

La Ley 17.294 establece la posibilidad de que se llegue a acuerdos entre las organizaciones representativas de los distintos sectores que la Constitución establece que tienen representación en el Directorio del BPS: trabajadores, jubilados y empresarios.

La Ley establece también que en caso de que una o más «organizaciones» no lleguen a acuerdo en ese sector se «deben realizar elecciones». Posteriormente a la aprobación de la Ley el Poder Ejecutivo emitió un polémico decreto en el cual se arroga el derecho de determinar cuáles son las organizaciones o listas «más representativas» en cada sector.

Fuentes empresariales señalaron que «el Poder Ejecutivo en el caso de los empresarios no puede decidir por decreto lo que la ley dice que deben decidir las urnas».

 

Por respeto al Parlamento

Blassina, quien presidió la comisión parlamentaria que elaboró la ley que estableció los criterios para las elecciones en el BPS, manifestó que «el Presidente de la República tiene que apegarse a la ley». El diputado socialista se mostró «esperanzado» porque Batlle aún no ha firmado el decreto. En ese sentido, espera que «prevalezca en el Presidente de la República el estricto apego a lo que determina la legislación».

La Ley Nº 17.294, que fue aprobada el 31 de enero pasado, establece que en caso de no llegar a acuerdo en la formulación de una lista única que represente a todas las gremiales en el sector que sea, se deberá llamar a elecciones. Para Blassina, es «evidente que esta es la situación. Entonces, si se adopta una determinación que no respete la norma se configuraría una situación extremadamente grave». El legislador se manifestó «preocupado» porque si no se realizan elecciones entre los empresarios «se estaría desconociendo un sector importantísimo cuantitativa y cualitativamente de organizaciones empresariales. Son sectores cuyos derechos no pueden ser equiparados de ninguna manera con su poder económico, aspecto escencial de la democracia».

Aunque no quiso adelantar las medidas a adoptar, indicó que en caso de emitirse un decreto presidencial suspendiendo la elección «se distorsionarían los poderes del Estado y el Parlamento, por respeto a sí mismo, no podría permanecer indiferente».

 

Llamado de atención

En una marcada ofensiva del Partido Nacional, el senador Francisco Gallinal realizó «un llamado de atención» a la resolución del Poder Ejecutivo sobre las elecciones de los representantes sociales en el BPS y reclamó la convocatoria de los comicios entre los empresarios «cuanto antes».

Al hablar en la hora previa del Senado, Gallinal recordó que a comienzos de este año se presentó ante el Poder Ejecutivo «una lista de consenso integrada por un titular y cinco suplentes que representan a una parte de las organizaciones gremiales que están en condiciones de participar en la elección». Sin embargo, puntualizó que «no reúne la unanimidad de voluntades que a juicio del Partido Nacional se requiere para dejar sin efecto el acto eleccionario».

El senador herrerista cuestionó «el concepto que introduce el Poder Ejecutivo en el decreto reglamentario diciendo que deben ser las organizaciones gremiales más representantivas. ¿Qué se considera más representativo? ¿Lo es simplemente por el hecho de tener en su personería jurídica mayor cantidad de socios o de afiliados?».

El lunes, el Directorio del Partido Nacional reclamó que el Poder Ejecutivo habilitara las elecciones en el sector empresarial.

 

Corte en espera

La principal crítica de la dirigencia de la CEDU apuntó a la demora de la Corte Electoral en incluir al sector empresarial en la convocatoria del 25 de marzo, que en principio apuntará únicamente a los jubilados. Ling Cardozo, asesor de la Confederación, comentó que «la Corte Electoral no puede guiarse por versiones de prensa sobre lo que supuestamente va a decidir el presidente Batlle. Tiene que seguir preparando las elecciones del 25 de marzo porque el Presidente hasta ahora no ha firmado ningún decreto». Gerardo Lorbeer, presidente de la Asociación de Ferreteros e integrante de la lista cuya principal candidata es Elvira Domínguez, enfatizó que «no hay razón para que la Corte no esté trabajando. Nosotros presentamos la lista antes del plazo del 5 de febrero y todo en regla. No entendemos, que vencidos los plazos la Corte postergue el llamado a elecciones por trascendidos en los medios». Lorbeer dijo a LA REPUBLICA que hay «un cambio en las reglas del juego» porque «se está violentando nuestro derecho ciudadano al no respetar el hecho de que nos presentamos en tiempo y forma». Desde su punto de vista, «también se viola el derecho del votante porque se le niega la posibilidad de contar para informarse con los treinta días reglamentarios anteriores a una elección». El ministro de la Corte Electoral Wilfredo Penco aclaró que el llamado para las elecciones entre empresarios no se ha realizado porque «estamos esperando la comunicación del Poder Ejecutivo sobre si hubo una lista de acuerdo». Aunque es públicamente conocido que ese acuerdo no existió, la ley no estableció plazos para que el Poder Ejecutivo se expida al respecto.