El Estado cumple papel central como constructor

En un documento que se conoció en la víspera, la Lista 1001 sostiene que en un segundo gobierno del Frente Amplio se debe abordar el tema habitacional con una visión integral, vinculando la construcción de viviendas a «un modelo productivo nacional y departamental», contemplando el ordenamiento territorial, el medioambiente y la infraestructura de servicios.

El objetivo concreto que se propone para el quinquenio 2010-2015 es la construcción de 80 mil viviendas y la refacción de otras 70 mil. Eso permitirá solucionar en forma directa el problema del techo para miles de familias, pero también abaratará el resto del mercado inmobiliario y generará unos 15 mil puestos de trabajo por año, además de otra enorme cantidad de puestos indirectos.

Se propone que sea el Estado quien cumpla el papel central como constructor, regulador y financiador del Plan de Vivienda Popular, en articulación con los sectores privados.

Para la construcción se plantean distintos tipos de modalidades, entre las que figuran las viviendas nuevas para trabajadores, vivienda de nueva planta o reciclaje, vivienda de desarrollo progresivo, vivienda nueva por densificación de padrón y utilización de predios baldíos.

También se atiende especialmente a los pasivos, con la construcción de viviendas de acuerdo a las necesidades de este sector, con recursos provenientes de los descuentos que se realizan con destino al Fondo Nacional de Viviendas.

Se plantea además la conformación de la cartera nacional de tierras e inmuebles para vivienda y los planes de acceso a la vivienda para jóvenes.

En el caso de los jóvenes, el plan también abarca las garantías de alquiler por parte del Estado, reciclaje, ayuda mutua y cooperativas de viviendas, así como la construcción de centros de alojamiento para estudiantes, instalados cerca de los lugares de estudio.

Se abordará el problema de los asentamientos con planes de construcción de vivienda «digna y decorosa», atendiendo aspectos jurídicos, urbanísticos y sociales que garanticen el acceso y la permanencia de las familias, así como su inclusión social y el desarrollo productivo social.