Hechos del 9 de febrero de 1973 vuelven al tapete en la Justicia

La defensa de Lebel bregará por la nulidad del acta utilizada en la denuncia y la prescripción del ilícito.

Las declaraciones del contralmirante (r) Oscar Lebel sobre los hechos del 9 de febrero de 1973, en las cuales consideró que dentro de la Armada existieron «30 traidores», volverán hoy al tapete a raíz de una nueva denuncia penal entablada por el hijo de uno de los marinos aludidos.

El capitán de navío Jorge Alejandro Jaunsolo, hijo de Jorge Jaunsolo Soto (hoy fallecido), entabló la denuncia contra Lebel en base al artículo 337 del Código Penal, por sus declaraciones efectuadas en audiencia sobre la existencia de «‘topos’ golpistas infiltrados en las filas legales».

Lebel compareció en marzo de 2008 ante el juez penal de 18º Turno, Alvaro Beyhaut, en el marco de la denuncia por «difamación e injurias» entablada por el capitán Jaunsolo por la reproducción en el diario LA REPUBLICA de una entrevista publicada en el libro «Comunicados 4 y 7: Treinta y tres años después», del periodista Santiago Tricánico. Lebel y Tricánico fueron interrogados como indagados. Sin embargo, un nuevo estudio de la denuncia implicó la clausura y nulidad de las actuaciones contra Lebel y Tricánico, y el inicio del proceso contra el director responsable del diario LA REPUBLICA, Federico Fasano Mertens, el cual culminó con el archivo de las actuaciones.

Sin embargo, el abogado Carlos Dubra, representante de Jaunsolo, solicitó aclarar la resolución para determinar que «la nulidad no alcanza a los dichos» recogidos en audiencia, en los que Lebel ratificó las apreciaciones vertidas en el libro.

Beyhaut accedió al pedido de Dubra, lo que generó la rápida respuesta del representante del contralmirante Lebel, doctor Juan Fagúndez, al considerar que «la nulidad es absoluta», y por tanto el acta de la audiencia anterior «no existe».

 

«Topos golpistas»

El contralmirante Oscar Lebel consideró que en febrero de 1973 «el Ejército y la Fuerza Aérea (FAU) se levantaron en armas contra las instituciones», mientras la Armada bajo las órdenes del comandante Juan Zorrilla «mantuvo lealtad republicana» y levantó «una barrera de vehículos que, de mar a mar, ocupaba la calle Juan Carlos Gómez». Además, se ubicó «al destructor ‘Artigas’ en la Rinconada del Puerto», ante la presunción de un posible ataque, expresó Lebel.

Detrás de la barrera «estaba la legalidad encarnada en Zorrilla y la Armada», y todos los marinos siguieron a su comandante «con excepción de una treintena de oficiales que se plegó al ‘Cuartelazo'», entre ellos dos oficiales del «Artigas», el capitán Capo y el teniente de navío Jaunsolo.

Capo y Jaunsolo «eran los ‘topos’ golpistas infiltrados en las filas legales». Los blindados no ingresaron al puerto, pero el «destructor ‘Artigas’ fue copado», por lo que «ambos oficiales están incursos por el art. 330 de la Constitución: ‘reos de lesa Nación por Atentado a la Constitución'», señaló el contralmirante.

Los 30 oficiales de la Marina violaron la Constitución y el Código Penal Militar, redactado por el extinto coronel Néstor Bollentini, «golpista y dos veces perjuro: negó la Constitución como militar y como abogado», al cometer el delito de «rebelión» y atentar contra la Constitución, dijo Lebel. En ese momento «a la inversa, el Ejército decía que toda la Marina eran traidores con la excepción de los 30 que se plegaron al ‘Cuartelazo'», señaló el marino.