Piden reapertura de investigación por muerte en tortura en el Florida

El abogado José Luis González solicitará hoy a la Justicia el desarchivo del proceso penal por el homicidio del militante argentino Gerardo Alter, muerto en las entrañas del Batallón Florida durante una cruenta sesión de tortura a la cual fue sometido.

González comparecerá a las 13.30 horas ante el juez penal de 4º Turno, Oscar Pereyra, y solicitará el desarchivo de las actuaciones al existir nuevos elementos probatorios, por los cuales se podría inferir la participación de civiles en el secuestro del ciudadano argentino.

Alter integraba el PRT-ERP en Argentina, cuando en julio de 1973 decide trasladarse a Uruguay. El joven argentino se vinculó, entonces, al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). La vinculación entre el PRT-ERP y el MLN-T se insertaba en la coordinación y acciones conjuntas en defensa de la clase obrera desarrolladas en los países del Cono Sur.

En ese contexto, el 19 de agosto de 1973 Alter fue detenido por efectivos de la dictadura cívico-militar en el cruce de Camino Carrasco y Veracierto, junto a los también militantes del MLN-T Jorge Selves y Walter Arteche. Los tres detenidos fueron derivados al Batallón Florida de Infantería Nº 1, donde fueron salvajemente torturados. Horas más tarde Alter y Arteche mueren a causa de los castigos recibidos. El joven argentino tenía 27 años.

Nuevos elementos

José Luis González solicitará hoy, en representación de Rosalía Alter, hermana del malogrado militante del PRT-ERP, el desarchivo de las actuaciones tras la «recolección de nuevos elementos de prueba para excluir el caso del amparo de la Ley de Caducidad», explicó el profesional a LA REPUBLICA.

El nuevo escenario «determinó la presunta, y más que posible, participación de civiles en el secuestro» y, eventualmente, en la tortura de los tres militantes del MLN-T, explicó González. En este sentido, el profesional solicitará la presencia ante la sede de Selves, único sobreviviente de esa salvaje sesión de tortura.

El ex militante del MLN «podría brindar una descripción con lujo de detalles del secuestro y la tortura que padeció», así como «describir la forma en que se desarrollaron los acontecimientos y quiénes participaron», señaló González. Asimismo, no se descarta la presencia de otro testigo que podría aportar el nombre de los civiles que participaron en el hecho.

 

Jurisprudencia

El caso por la muerte de Gerardo Alter fue presentado ante la Justicia en 1986, pero el entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, consideró que el hecho se encontraba bajo el amparo de la Ley de Caducidad, lo cual implicó el inmediato archivo de las actuaciones.

Sin embargo, en atención a la reinterpretación de la polémica ley y la prácticamente confirmada participación de civiles en el secuestro, eso implicaría la imposibilidad de circunscribir el caso al amparo de la norma. «Al haber participado civiles el caso no está amparado en la Ley de Caducidad», expresó González.

En este sentido, el caso «pone de manifiesto las consecuencias de la Ley de Caducidad». Los tres militantes del MLN-T «fueron víctimas de sistemáticas formas de agredir a la persona humana», entre ellas la aplicación de magnetos en las extremidades. «No es razonable que la Justicia demore 25 años para perseguir a los responsables de semejantes atrocidades», estimó González.

La solicitud de desarchivo incluye el testimonio de testigos dispuestos a comparecer en la causa, así como elementos de la «Investigación Histórica sobre la Dictadura» desarrollada por la Universidad de la República sobre los hechos.

 

Muertos en tortura

La cruenta sesión de tortura de agosto de 1973 en el Batallón Florida le costó la vida a dos militantes del MLN-T, Gerardo Alter («Pablo») y Walter Arteche («Gustavo»).

En este último caso, la abogada María del Pilar Elhordoy patrocinó un escrito solicitando incorporar «el homicidio político» de Walter Arteche al expediente contra el ex dictador Juan María Bordaberry, por el cual fue procesado como «coautor» de 10 «delitos de homicidio muy especialmente agravados».

La prueba incorporada por Elhordoy comprende documentación desclasificada por el Ministerio de Defensa Nacional y profundizaría los documentos interpuestos oportunamente en la denuncia principal, en base a documentos de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores.