Con el rechazo de la oposición se votó ley de abreviación de juicios laborales

Todos querían expresar sus felicitaciones a los senadores blancos por su éxito electoral.

A tal punto que, en determinado momento, ante la reiteración de escenas que impedían una correcta audición, Rodolfo Nin propuso ­en broma, por supuesto­ que se emitiera una única declaración de felicitación al P. Nacional.

Entrando al orden del día, Reinaldo Gargano hubo de informar sobre el proyecto de ley por el que se modifican aspectos procesales para los juicios laborales a fin de tornarlos más breves. Explicó Gargano que se trata de un «proyecto histórico en beneficio de los sectores laborales, postergados durante tantos años», que apunta a la igualdad. El proceso laboral ha sido usado por los empresarios para ir difiriendo el pago al trabajador litigante por tres, cuatro o cinco años. Según su informe, la Comisión escuchó la opinión de especialistas en la materia, así como a la Suprema Corte de Justicia, y que esas opiniones fueron tenidas en cuenta para la elaboración del texto surgido de una Comisión Intersectorial. Al terminar su exposición, citó una frase del maestro Eduardo J. Couture: «Quien no puede esperar se siente derrotado de antemano».

Tomó la posta Abreu para señalar su coincidencia en la necesidad de abreviar los juicios laborales, pero lamentó que las sugerencias y aportes realizados en la Comisión por su Partido no fueron tenidos en cuenta. A partir de aquí, el debate se centró en complejas cuestiones jurídicas acerca de la autonomía del Derecho Laboral y otros asuntos por el estilo. Afirmó que la SCJ había sostenido un punto de vista diferente al extremo que había enviado un proyecto diferente que, si bien recogía el espíritu, compatibilizaba la autonomía del Derecho Procesal con las normas del Código General del Proceso. Recordó, asimismo, que el Instituto de Derecho Procesal de la Udelar había calificado el proyecto de desacertado e inconveniente. Advirtió que la falta de celeridad procesal tiene otras causas y que hay demoras internas que no se resuelven con el proyecto de ley; por el contrario, auguró que el mismo tendrá repercusiones negativas para el trabajador. Sostuvo, también, que una norma de este tipo exige mayores consensos, pues sólo se atendió el punto de vista de un grupo (el Instituto de Derecho Laboral de la Facultad) siendo que hay discusiones entre este Instituto y el de Derecho Procesal que revelan posturas casi corporativas.

Eduardo Ríos fue la otra voz de la bancada oficialista. Respondió a don Sergio lanzándose de lleno en disquisiciones jurídicas demasiado sutiles para legos en la materia (no me refiero a usted, amigo lector, sino a mí mismo). Señaló que en América Latina no hay un solo país que no tenga un proceso laboral autónomo en los juicios individuales y enfatizó sobre el carácter alimentario de los reclamos laborales. Reflexionó a propósito de la razón de ser de esa rama del Derecho, afirmando que busca la protección de la parte más débil (el trabajador) al tiempo que ofrece garantías al demandado.

Siguió don Julio María Sanguinetti reconociendo que todos somos partidarios de abreviar los juicios pero que las demoras se deben a la burocracia de la administración. «El problema no está en las leyes sino en la Administración, y es un problema general de todo el Sistema Judicial», sentenció el líder forista, para concluir: «Se está cometiendo un bienintencionado error».

La réplica de Gargano no se hizo esperar. Refutó el argumento de que se había atendido sólo a uno de los puntos de vista recordando que una ministra del Tribunal de Apelaciones en materia laboral había expresado su acuerdo con el proyecto, y que el ministro de la SCJ que compareció ante la Comisión expuso su punto de vista personal.

Carlos Moreira se quejó porque el oficialismo no tuvo en cuenta las objeciones planteadas: «No nos llevaron el apunte», dijo con amargura. Advirtió, también, que el proyecto presupone que todos los empleadores son incumplidores y chicaneros.

En fin, tras una serie de réplicas, don Rodolfo puso el tema a votación con el resultado de 17 votos favorables (toda la bancada frentista) en 25 presentes. El proyecto pasa a la Cámara Baja.