"Solución  para primer mundo"

La Justicia ordenó al Estado uruguayo eliminar los módulos metálicos del Penal de Libertad (conocidos popularmente como «las latas»), así como impulsar medidas para eliminar el hacinamiento en los centros de reclusión con superpoblación y promover la separación de procesados y condenados.

La resolución de la jueza de lo Contencioso Administrativo de 1er. Turno, María Cristina Cabrera, dispuso un plazo de 120 días al Estado para eliminar «las latas», y de ocho meses para poner fin al hacinamiento carcelario y proceder a la separación de procesados y penados en todos los establecimientos del país.

El fallo de la jueza Cabrera se sustenta en la tesis que los módulos metálicos del Penal de Libertad son un lugar «absolutamente inadecuado para ser habitado», puesto que se instalaron «en una zona apartada de la ciudad y en una sociedad sin los medios tecnológicos debidos a tal fin».

«Se importó una solución habitacional para un país del primer mundo y se colocó en una zona prácticamente rural.

Allí sobrevive un elevadísimo número de personas, sin agua potable suficiente, sin sistema de calefacción en el invierno o de ventilación en el verano, en deplorables condiciones de higiene, entre otras deficiencias», consideró la magistrada.

En tanto, la eliminación del hacinamiento carcelario «deberá efectuarse en el plazo máximo de 8 meses», con un consecuente reacondicionamiento de los locales, la redistribución de prisioneros y la habilitación de nuevos establecimientos penitenciarios, dispuso la jueza Cabrera.

La medida deberá acompañarse de la separación de procesados y condenados, «conforme a las condiciones específicas de cada uno de ellos», dice la jueza.

Agregó que este estado de cosas «no puede ser tolerado en forma indefinida», por lo que «procede disponer medidas inmediatas tendentes a revertirlo y a cumplir con la Constitución, la ley y los Convenios Internacionales, recuperando la dignidad colectiva de un Estado que se precia del respeto a los derechos y libertades de todos sus habitantes», dice la jueza