Gobierno apela fallo judicial referido a la eliminación de módulos de acero

Una resolución judicial determinó que el Ministerio del Interior deberá redistribuir a los reclusos para combatir el hacinamiento del sistema carcelario.

Asimismo, en el fallo se expresa que las autoridades deberán alojar en forma independiente a los reclusos procesados de los penados. Otra de las disposiciones judiciales hace referencia a la eliminación, en un plazo de 120 días, de los módulos de acero (vulgarmente conocidos como «latas») del penal de Libertad (ver nota aparte). En tal sentido, el ministro interino del Interior, Víctor Rossi, señaló ayer que la eliminación de los módulos de acero «es un objetivo que tiene planteado el gobierno». Acotó que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, está comprometido con atacar el hacinamiento, «ha dado instrucciones para que se trabaje en ese sentido, y así se está haciendo en la medida en que hay distintas iniciativas y proyectos». Rossi recordó que el gobierno aprobó un decreto por el cual se habilitan recursos para que el Ministerio del Interior realice una contratación directa que no podrá superar los $ 300 millones, con la finalidad de ampliar la capacidad de alojamiento de los establecimientos penitenciarios de Comcar (Santiago Vázquez), Las Rosas (Maldonado) y Libertad (San José).

Así como la construcción de alojamientos de mínima seguridad en el Centro de Reclusión Nº2 y la Tablada, y la instalación de las «casas de medio camino». Sin embargo, Rossi discrepó con el plazo de 120 días que dispone la Justicia en su resolución, para eliminar los módulos metálicos. El jerarca aseguró que el gobierno debe ser «responsable y decir que no se encuentra en condiciones de cumplir con el lapso de 120 días».

«Sabemos que es un asunto de la mayor urgencia, pero para poder concretar el plazo que establece la resolución, necesariamente tenemos que preparar otros lugares que ayuden a modificar la situación», aclaró Rossi. Por tal motivo, aseguró que el gobierno analiza presentar una «apelación» que permita extender el plazo que se determina para la eliminación de los módulos de metal. Aseguró que aún no podía responder por cuánto tiempo se solicitará extender dicho plazo. El gobierno dispone de 72 horas para presentar la apelación. Rossi señaló que «los módulos de lata vienen del gobierno de Jorge Batlle, y en su momento fueron anunciados como maravillas desde el punto de vista de la seguridad y de las condiciones de reclusión, sin embargo, quedó demostrado que todo ello era una gran patraña, porque ni daban seguridad y menos buenas condiciones de vida». «Coincidimos en los objetivos que se definen en la sentencia judicial, como el de cambiar la situación de hacinamiento, separar a los sentenciados de los procesados y eliminar las latas en el tiempo más breve posible, pero para que esto no sea una consigna o un anuncio publicitario, sino una realidad, hay que trabajar seriamente y para eso necesitamos más tiempo», sentenció Rossi.