Sancionado proyecto sobre lavado, terrorismo y crimen organizado

Veamos si lo ocurrido ayer en este lugar se logra entender hoy. Ya se sabe, el tiempo transcurrido hace decantar las cosas y despeja las incógnitas.

Por razones éticas ­se dijo­ la bancada entera del Partido Nacional puso pies en polvorosa y abandonó ayer la sesión y la Cámara funcionó únicamente con los legisladores del Frente Amplio. Eso de por sí ya es llamativo, pero mire todavía lo que sigue. Y los 51 legisladores de la izquierda (faltaba uno y ese era Fernando Longo, diputado de Flores que se retiró de sala) votaron una ley, la más trascendente de la agenda del día, sin que sus integrantes tuvieran demasiado ­por no parecer fundamentalista y decir nulo­ conocimiento sobre su contenido. Eso lleva a investigar los porqués de la tan sui géneris sesión. Se trataba de la ley que envió el Poder Ejecutivo en diciembre del año pasado sobre «prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo», un proyecto que reforma una ley de 2004 y parte de un decreto-ley de 1974. Los senadores la votaron en mayo pasado y ayer hicieron lo suyo los diputados, por lo que ya pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación. Durante la discusión quedó en evidencia que casi nadie conocía a ciencia cierta el contenido de la iniciativa. La Comisión parlamentaria que se creó para su estudio casi no se reunió y ayer por la mañana no fue siquiera aprobada por ese órgano, como debería haber pasado. El diputado del MPP Heber Clavijo reconoció durante la sesión que si el proyecto no era sancionado ayer mismo «las consecuencias financieras internacionales serían nefastas y no sólo para este gobierno sino para el país todo». Más adelante sostuvo que incluso algunas inversiones corrían serio riesgo de perderse. Obvio, se encendió la luz amarilla.

Inmediatamente Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) pidió la palabra; el pánico, que en ese instante hasta se podía tocar con las manos, invadía el recinto todo: «Poco y nada sabemos de este proyecto que vamos a votar; quién más que nosotros quisiera saber de qué se trata esta ley», dijo ante la atónita mirada de propios y extraños. De la encendida luz amarilla se pasó al rojo brasa. Diga que nadie había en las barras, como casi siempre ocurre, porque sino se hubiera producido un suicidio en masa. Jorge Gandini (Alianza Nacional), antes de retirarse de la sala con sus correligionarios, dejó sentada la posición de la bancada del Partido Nacional. «Yo no soy un número más y me niego a aprobar leyes de las que se desconoce su contenido», sostuvo y desafió públicamente a que lo ilustraran sobre los aspectos de la norma. No obstante los nacionalistas dieron su voto afirmativo al proyecto en general pero se ausentaron al momento de votar artículo por artículo, o sea, en particular. La ley de prevención de lavado de activos salió sancionada por 65 votos en 65 legisladores con apoyo de los frentistas, blancos y colorados, y luego aprobada en bloque por la izquierda y por el único voto del diputado colorado Guido Machado (Foro Batllista), algo casi testimonial. La ley buscará mejorar las herramientas jurídicas a los efectos de luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Amplía la cantidad de delitos considerados procedentes del lavado de activos, exonera de responsabilidad a quienes de buena fe reporten operaciones sospechosas, exige declaraciones juradas a movimientos de dinero o metales preciosos en montos superiores a U$S 10.000 y otorga más herramientas para las investigaciones y fortalece las potestades de la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU, entre otros.