Norma obliga a contratar a los lugareños para obras públicas

Para que el lector se haga una idea de ello, le cuento que de los seis senadores que conforman la bancada del Espacio 609, sólo se hallaban en sala Couriel y Vaillant; las otras bancas estaban ocupadas por Carlos Gamou en lugar de Pepe; Héctor Tajam, por el Ñato; Eduardo Muguruza por Saravia; y Luis Rosadilla por Lucía. En tiendas de Asamblea Uruguay, Antognazza sigue suplantando a Astori, al tiempo que Alianza Progresista estuvo representada por Gustavo Guarino en lugar de Eduardo Ríos y en la banca del Nuevo Espacio se apoltronó Gallichio en remplazo de Michelini.

En el Partido Nacional, Camy ocupaba el sillón de Larrañaga mientras Campanella, el de Julio Lara.

En lo que a la hora previa se refiere, diré que el primer anotado fue Lapaz. A este le siguió Gustavo Guarino, quien pronunció un vibrante discurso cuestionando severamente a los actuales dirigentes de la FRU y al reciente congreso de esa gremial rural en términos similares a los de su artículo publicado ayer en nuestras páginas de opinión. Amaro, Campanella, Penadés y Arana completaron la nómina.

A todo esto las barras fueron poblándose de un nutrido contingente de trabajadores de la construcción. La explicación a dicha presencia radica en que el punto principal del orden del día era el tratamiento del proyecto de ley por el cual se regula la distribución del trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados en obras efectuadas por el Estado o por empresas contratadas o subcontratadas por este. Se trata de un proyecto de ley enviado por la Cámara de Diputados en 2008 y que sufrió varias modificaciones al ser analizado en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Senadores.

En su carácter de presidenta de esta Comisión correspondió a Susana Dalmás informar el punto. La senadora asambleísta expuso el espíritu y los objetivos de la norma y procedió luego a resumir el articulado. Es una norma que apunta a lograr equidad e inclusión laboral y social, al tiempo que propende a la descentralización. La finalidad del proyecto es satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no permanente, peones prácticos y/u obreros no especializados, que el Estado o las empresas que este contrate o subcontrate puedan requerir por un mínimo de siete jornadas de trabajo efectivo en la ejecución de las obras públicas, cuando su personal permanente sea insuficiente. El texto legal prevé el llenado de los puestos laborales mediante sorteo controlado por las Comisiones de Trabajo de cada localidad, comisiones creadas por la propia ley. La ley establece, asimismo, que el 35% de los puestos sea sorteado entre los integrantes de la lista proporcionada por los organismos públicos; un cinco por ciento será para los ex reclusos registrados en la Bolsa de Trabajo del Patronato; y el 60% restante corresponde a los inscriptos en el registro de aspirantes avecindados en el departamento.

Concluido el informe de Susana, Eduardo Lorier se refirió al tema destacando la enorme importancia de la norma, que se inscribe en un conjunto de políticas laborales impulsadas por este gobierno. Resaltó, también, la participación de los propios trabajadores en el impulso al proyecto y señaló que el texto elimina la posibilidad de prácticas clientelísticas.

Todo parecía deslizarse sobre las quietas aguas de la concordia interpartidaria cuando don Isaac Alfie, reconocido por sus posturas liberales, anunció el voto contrario de su Partido y aseveró que la ley generará sobrecostos al Estado y que el sorteo es la peor forma de contratación.

Gustavo Guarino fue terminante en cuanto a que el texto legal combate el clientelismo que se da en pequeñas localidades, donde caudillos locales suelen ser capataces de obra. Y refutó lo afirmado por Alfie asegurando que no habrá sobrecostos de magnitud.

Ahora fue el turno de Francisco Gallinal. Criticó el proyecto diciendo que «algunas loables aspiraciones están lejos de cumplirse con esta ley», advirtiendo que no se adecua a «los desafíos de los tiempos modernos», y señalando que hay otras formas más eficaces de combatir el clientelismo. Víctor Vaillant lamentó que la oposición no acompañe el proyecto y recordó que en la Comisión se introdujeron modificaciones, muchas de las cuales recogen las inquietudes planteadas por los partidos del llano. «Intentamos llegar a acuerdos e hicimos grandes esfuerzos para que la oposición acompañara esta norma», reveló don Víctor visiblemente decepcionado con la actitud de los partidos tradicionales.

Al final, Susana Dalmás retomó la palabra para efectuar algunas precisiones y rectificaciones, e ironizó sobre lo dicho por Gallinal en cuanto a que la ley no se adecua a los tiempos modernos: «Los tiempos modernos, ¿son los del neoliberalismo de los 90 o los de la asistencia estatal a la General Motors?».

Finalmente, el proyecto recibió la sanción del Senado por 17 votos en 25. Ahora debe volver a la Cámara Baja para que los diputados resuelvan sobre las modificaciones introducidas por el Senado.