En 2008 se presentaron diez denuncias contra el Estado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió diez denuncias contra el Estado uruguayo en 2008, según se desprende del «Informe Anual» de la organización interamericana. La CIDH, sin embargo, aún no determinó la admisibilidad de ninguno de esos casos ni emitió una resolución directa sobre el fondo, así como tampoco se pudo alcanzar una «solución amistosa» entre el Estado y los demandantes.

El informe destaca, entre estas, la «audiencia temática» suscitada en octubre de 2008, ante la demanda interpuesta por la situación de los niños y adolescentes en conflicto con la Ley penal en los países del Mercosur, presentado por cuatro colectivos de defensa de la minoridad, entre ellos el Comité de los Derechos del Niño de Uruguay.

La presentación del informe implicó la visita a Uruguay del relator sobre temas de niñez, Paulo Sergio Pinheiro. El experto expresó entonces la profunda preocupación respecto a las limitaciones de los sistemas democráticos de las Américas para garantizar políticas de protección integral para los niños en conflicto con la Ley.

La memoria anual señala, además, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluó doce denuncias contra el Estado uruguayo durante el pasado año, de las cuales ninguna fue elevada ante la Corte Interamericana, máximo órgano jurisdiccional de la OEA, cuyas resoluciones son «preceptivas», es decir, de cumplimiento obligatorio para los Estados.

En este sentido, la CIDH tramitó una sola petición de informe al Uruguay sobre los temas evaluados en 2008, al tiempo de existir ocho peticiones de años anteriores aún pendientes de respuesta. Entre esos casos se encuentra la denuncia por la desaparición de María Claudia García de Gelman, respecto a la cual se le concedió una prórroga al Estado uruguayo para cumplir las recomendaciones. El plazo vence el 21 de julio.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado dio cumplimiento parcial a las recomendaciones reseñadas por el organismo en la denuncia del general (r) Tomás Eduardo Cirio, militar destituido en dictadura por motivos ideológicos. El Estado revocó, con carácter retroactivo, las resoluciones por las que se «pasó a reforma» al militar y lo resarció otorgándole todos los beneficios inherentes a su grado, detalla el informe.