DGI presentó nueve denuncias ante juzgados especializados

La Dirección General Impositiva (DGI) radicó «nueve denuncias penales por defraudación tributaria» ante los nuevos Juzgados Especializados en Crimen Organizado, durante el año 2009, por «diversos montos y modalidades» de evasión contra empresarios de distintas ramas de actividad.

Sin embargo, apenas cuatro meses después de instalados, la creación de los nuevos Juzgados ya comenzó a brindar resultados «positivos» en el combate contra la evasión: los jueces Jorge Díaz y Graciela Gatti ya determinaron el procesamiento de tres empresarios por las denuncias interpuestas por el fisco, según confirmó el director de Rentas, Nelson Hernández a LA REPUBLICA. Asimismo, existen otras causas con pedido de procesamiento por parte de la Fiscalía, a estudio de ambos jueces.

La DGI comprobó «en estos primeros meses del año 2009, que el inicio de la actividad de los nuevos Juzgados derivó en una mayor celeridad en el trámite de todos los expedientes sobre denuncias de defraudación tributaria», por lo cual existe «conformidad» en el organismo, dijo Hernández.

La celeridad de los nuevos Juzgados Especializados se pauta por «una rápida citación (de los indagados) y diligenciamiento de prueba, incluso en menos de una semana» desde radicada la denuncia. Los jueces especializados «llegaron a citar personas de una semana a otra, y citar indagados el mismo día de la ratificación de la denuncia» por parte de la DGI, agregó.

Las denuncias penales por defraudación tributaria son exclusivas de la DGI y se insertan dentro del artículo 110 del Código Tributario: «el que, directamente o por interpuesta persona, procediera con engaño con el fin de obtener, para sí o para un tercero, un provecho indebido a expensas de los derechos del Estado a la percepción de sus tributos, será castigado con seis meses de prisión a seis años de penitenciaria».

 

Actividad fiscalizadora

La presentación de una denuncia penal supone un análisis exhaustivo «de los montos y la modalidad de la evasión», dijo Hernández. «Muchas veces pueden no ser relevantes los montos, pero la conducta (del contribuyente) puede tener elementos de mayor elaboración de la maniobra defraudatoria, lo cual implica una peligrosidad muy grande», señaló.

La DGI radicó, desde 2007 a la fecha, unas 70 denuncias por «defraudación», de las cuales más de 50 «están en curso» sin resolución judicial. Sin embargo, la mayoría de las denuncias con sentencia de Primera Instancia se resolvió «con el procesamiento de los imputados o encausados, con o sin prisión», explicó Hernández.

Los casos de defraudación tributaria «en muchas oportunidades, pueden ser derivados o estar vinculados con la falsificación de documentación o la presentación de documentación apócrifa», e incluso con «la falsa prestación de servicios o enajenación de bienes», señaló el director de Rentas.

La falsa prestación de servicios «es una de las modalidades de evasión más difícil de comprobar (por la administración), porque, por su naturaleza, los servicios son bienes intangibles, aunque siempre hay una manera», indicó.

 

Atención pública

La actuación fiscalizadora de la DGI durante los últimos años provocó casos de alta repercusión mediática. La DGI denunció, en los últimos años, al empresario Francisco «Paco» Casal, a la cadena de supermercados «Tienda Inglesa», a los empresarios radiales Berch y Aram Rupenián y tres empresarios vinculados con el tráfico ilegal de oro y plata.

Los procesos penales en estos casos derivaron en los procesamientos de los hermanos Rupenián y del propietario de Cambio Lugano, Enrique Giordano Penadés, por la creación de una operativa de tráfico ilegal de metales por la cual se pretendía ocultar «operaciones de compras y/o ventas de metales con no residentes».

La denuncia contra Casal aún se tramita en la órbita penal y se promovió el embargo genérico de bienes en la Justicia Civil, al tiempo que Tienda Inglesa fue absuelta por la Justicia al entenderse que no existieron elementos para tipificar el delito denunciado.