Gasto social en políticas públicas

El gasto social en políticas públicas vinculadas a derechos humanos registró un aumento del 58,2% durante el período 2004-2007, según se desprende de un informe elaborado por el gobierno que será presentado ante la ONU el 11 de mayo.

El informe, elaborado por la integrante del Cinve (Centro de Investigaciones Económicas) Nora Beretta, expresa que la suma de todas las áreas sobre gasto público en derechos humanos promedio (en valores constantes de 2003) 9,3 mil millones de dólares por año.

El análisis estadístico de la distribución del gasto señala que se produjo un incremento en las tres áreas clave de estudio: un 31% en derechos civiles y políticos; 48% en derechos económicos, sociales y culturales, y 92% en derechos de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Los recursos asignados, sin embargo, no pueden verse como un gasto «sino como una inversión», expresó la directora de la Dirección de Derechos Humanos del MEC, María Elena Martínez. La jerarca recordó que al asumir el actual gobierno se implementaron «políticas sociales focalizadas en atender la situación de los sectores más empobrecidos y los grupos etarios más vulnerables».

Los aumentos del gasto registrados «permiten afirmar que se cumplió con el objetivo del gobierno en el sentido de fortalecer las políticas sociales y focalizarlas hacia los sectores más vulnerables», aunque «aún resta revertir el hecho de que el gasto público social sigue siendo asignado en mayor medida a los sectores de adultos mayores, por sobre los de niños y adolescentes», explicó Martínez.

Esa disparidad etaria en la asignación de recursos «podría modificarse si se procuran más oportunidades para los jóvenes en el mercado laboral y se evita la emigración», señaló Martínez. La lista de «gastos» incluye los recursos asignados en salud, educación, vivienda, medidas promotoras de la igualdad social y la búsqueda de uruguayos detenidos desaparecidos, entre otros.

La jerarca estimó, sin embargo, que «aún quedan cosas por hacer», por lo cual se elabora un informe para entregar a los «presidenciables». Entre los temas pendientes Martínez destacó la ley de reparación de las víctimas de la dictadura, la educación de personas discapacitadas y la lucha contra la discriminación.