Young: juez recaba antecedentes en oficinas estatales especializadas

La Justicia podría disponer la citación de los máximos jerarcas del Banco Central (BCU), la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, la Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) si en seis días no responden un escrito solicitando información sobre el caso por presunto tráfico de metales preciosos y lavado de activos, sustanciado contra ocho entidades financieras de plaza.

El decreto firmado por el juez Mario Suárez Suñol solicita «con suma urgencia» la remisión de información sobre posibles procesos judiciales por lavado de activos iniciados en otros países, en base a la actuación judicial desarrollada en la ciudad de Young, «con la finalidad de esclarecer la presente causa, con las responsabilidades penales correspondientes».

«Como la instrucción no puede eternizarse y el Tribunal debe evitar que ello ocurra porque va en perjuicio de todo y de todos, es necesario y conveniente recabar información de los organismos especializados y competentes», indica el documento al cual accedió LA REPUBLICA.

Por esta razón, la Secretaría Antilavado de Activos y la DNII deberán informar «si tienen conocimiento» si en los países vecinos u otros «se han diligenciado procesos penales que hayan determinado, al menos preliminarmente, la comisión de ese delito por personas vinculadas a esta investigación».

Asimismo, el decreto interroga a la UIAF del BCU «si recibió información de autoridades competentes (de países extranjeros) alertando sobre maniobras sospechosas de lavado de activos en relación a las personas involucradas en este procedimiento, (…) y si las operaciones que estas ejecutaron en tráfico de metales, cuya operativa se ha puesto al descubierto en esta causa, tienen o han tenido por finalidad el lavado de activos».

La Aduana, por su parte, deberá responder «si se han iniciado procesos de alguna naturaleza contra las personas involucradas en esta investigación». La información de este organismo es fundamental porque hasta ahora es «nula la prueba aportada por la DNA al Juzgado», indicaron fuentes del caso.

El decreto del magistrado fue remitido «bajo apercibimiento», por lo cual, de omitir brindar información, la sede procederá a la citación para interrogatorio «de los jerarcas responsables» de estos cuatro organismos, culmina.

En tanto, el juez Suárez Suñol aguarda la respuesta de estos organismos para proseguir la indagatoria y hacer lugar a la abundante prueba documental y testimonial solicitada por la fiscal Alicia Ghione, al rechazar la solicitud de archivo del caso impulsada por las defensas de los empresarios investigados.

El dictamen de la fiscal Ghione, sin embargo, no sólo rechazó el archivo de las actuaciones, sino que incluso solicitó el cierre de fronteras para los nueve titulares de las casas de cambio investigadas por las presuntas maniobras de lavado de activos. Asimismo, la fiscal rechazó la entrega de los efectos y bienes incautados (oro, dinero y autos) puesto que «son sospechosos de delito de lavado de activos», indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.