Con votos del FA, el Senado rechazó el inicio de juicio político a De los Santos

El augusto cuerpo legislativo estaba citado para las nueve y media de la mañana, como es habitual desde el año pasado.

Con el Pepe Mujica ocupando el sillón presidencial, en ausencia de Nin Novoa, y luego de la lectura de los asuntos entrados y de las solicitudes de licencia, el líder socialista Reinaldo Gargano, en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, procedió a informar sobre la acusación de violaciones reiteradas de la Constitución por parte del Ejecutivo Comunal de Maldonado.

Antes que nada recalcó que la Comisión había oído a ambas partes, y que había llegado a un pronunciamiento mayoritario con total imparcialidad. Repasó luego una por una las acusaciones, explicando en cada caso a qué hechos se referían. Así nos enteramos de que la acusación consta de ocho ítems, a saber: a) violación del régimen de ajuste salarial; b) violación del principio de igualdad al no otorgar a todos los funcionarios una prima por compensación; c) contrataciones directas eludiendo procedimientos cristalinos competitivos; d) violación del derecho de defensa y del debido proceso para funcionarios objeto de sanciones; e) irregularidades en la disminución de los beneficios tributarios; f) desconocimiento y menoscabo público del control del Tribunal de Cuentas de la República; g) construcción de casetas para guardavidas sin licitación. Y por fin, h) reiteradas asunciones en el cargo de intendente de los suplentes Pérez Morad y Alvaro Luzardo violando la incompatibilidad establecida en el artículo 289 de la Constitución.

Con suma paciencia y claridad expositiva, Gargano rebatió uno a uno los argumentos de la acusación, aclarando, puntualizando, o rectificando las aseveraciones. Recordó que el FA recibió el gobierno de Maldonado con un déficit de 30 millones de dólares, que el temporal de agosto de 2005 obligó al Municipio a tomar decisiones urgentes, que éste procedió del mismo modo que en anteriores convenios de patrocinio llevados adelante por administraciones anteriores desde 1995, que en la administración anterior hubo 19 situaciones idénticas de contratación sin licitación y que ni el TCR ni su contadora delegada objetaron el procedimiento.

Concluyó afirmando categóricamente que del análisis no surgió ningún elemento de juicio que amerite un juicio político ya que no ha habido ni delitos graves ni violaciones de la Constitución. A continuación fue el turno de don Carlos Moreira, encargado de llevar la voz cantante contra la gestión frentista en Maldonado. Toda su elocución se centró en rebatir la argumentación expuesta por Gargano, y confirmar que se había incurrido en violaciones a la Constitución. Aludió a que los recursos presentados ante la Justicia contra decisiones de la IMM habían hallado respuesta positiva condenando al gobierno municipal; que no se había tenido en cuanto el Tocaf y que el TCR había observado los procedimientos; que es preciso dar razones bien fundadas para obviar un llamado a licitación; que todo ello ha redundado en perjuicios muy grandes a la Intendencia de Maldonado, y que ha lugar al juicio político pues ha habido un apartamiento del marco legal vigente.

El aliancista Eduardo Ríos abordó el asunto desde el punto de vista jurídico. Expresó, en ese sentido, que no todo acto antijurídico es necesariamente violatorio de la Constitución, y que no corresponde mezclar la juridicidad de ciertos actos administrativos con la conveniencia o inconveniencia de dichas decisiones. Por otra parte, la Constitución es clara cuando declara que para que haya lugar a juicio político, además de los dos tercios de votos conformes requeridos, debe haber una actitud voluntaria del jerarca de violar la Carta; explicó, también, que los delitos graves son acciones u omisiones castigadas por el Código Penal con pena de penitenciaría (dos años de mínima). Entiende Ríos que ninguno de esos extremos se ha verificado.

Acto seguido, tomó la palabra Enrique Antía, que hasta entonces había observado un prudente silencio, para refutar con vehemencia lo afirmado por el oficialismo y denunciar con renovados bríos a De los Santos y su gestión. Habló de «graves irregularidades» y de «graves violaciones permanentes y continuadas de la Constitución». Aseguró que los ministros frentistas del TCR habían expresado su acuerdo con la mayoría sobre las irregularidades en la Comuna fernandina, y recordó que hubo dos ediles del FA que manifestaron su desacuerdo con la contratación de Satenil. Concluyó su intervención afirmando: «Los blancos trabajamos con cristalinidad en la defensa de la moral pública».

A todo esto, la asambleísta Susana Dalmás expresó su «absoluto respaldo al intendente Oscar De los Santos y a su gestión», y negó enfáticamente una aseveración de los blancos en el sentido de que la bancada oficialista había «encajonado» el expediente tratando de darle largas al asunto con la esperanza de que no saltara en año electoral. Susana refutó tal extremo afirmando que habían sido los blancos quienes demoraron la entrega de la documentación. Su congénere Margarita (Vertiente Artiguista) aportó ciertas cifras significativas: mientras durante la administración anterior hubo poco más de cien llamados a licitación, la actual administración lleva, en cuatro años, 176 licitaciones.

Con su vehemencia habitual y su vozarrón de modulaciones de baja frecuencia pero de altos decibeles, Heber propuso que las sociedades anónimas que contraten con el Estado sean nominativas. «¿Quién está detrás de las sociedades anónimas al portador? ¿Quién es Satenil?», se preguntó el dirigente herrerista, para terminar resaltando la actitud del diputado fernandino Darío Pérez (ex blanco), a quien «no le van a doblegar el brazo». Pero toda la argumentación opositora fue en vano, pues a la hora de votar, los 17 senadores frentistas apoyaron la declaración que vino de Comisión según la cual «no procede la realización del juicio político al señor intendente Municipal Oscar De los Santos promovido por los señores ediles de la Bancada del Partido Nacional de la Junta Departamental de Maldonado».