Da Silva Tavares, 4 años preso en Panamá, recurrirán a Comisión de DDHH de la OEA

Alicia Bongoll, ex esposa del ex legislador Armando Da Silva Tavares, y el abogado de la familia en Uruguay, Roberto Tomé, denunciaron la persistencia de «irregularidades» en el proceso judicial sustanciado en Panamá, por un presunto delito de «estafa».

Bongoll ha realizado en los últimos tiempos importantes gestiones para lograr la libertad del ex legislador. La ex esposa de Da Silva Tavares clamó por el cumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica y de los derechos humanos básicos, ya que el ex legislador se encuentra privado de libertad hace cuatro años sin sentencia firme.

 

­¿Cómo se sustanció el proceso contra Armando Da Silva Tavares? ¿Por qué fue sometido ante la Justicia de Panamá?

 

Roberto Tomé ­Armando concretamente en Panamá no ha tenido actuación alguna. ¿Por qué motivo decimos esto? Porque ya existe una sentencia de un juez de Panamá, el doctor Olmos, que estableció que la presunta querella que tenía en su contra tenía que ver estrictamente con operaciones comerciales realizadas entre terceras personas fuera del territorio panameño, en Estados Unidos de América (EEUU). El licenciado Olmos, que es un juez de igual rango y categoría que quien dispuso la prisión de Da Silva Tavares, entendió que se estaba utilizando la Justicia Penal panameña a los efectos de obtener un resultado económico de parte de Armando o de las personas que eventualmente hubieran tenido que ver con ese hecho presuntamente delictivo.

 

­¿Qué delitos se le atribuyen a Da Silva Tavares y por qué?

 

RT ­En principio se lo ha denunciado, todavía no se le ha atribuido más que una imputación inicial, que es lo mismo que un auto de procesamiento o mandato de prisión de una presunta «estafa». El punto es que hay un principio de territorialidad de la Ley Penal, que establece que exclusivamente los presuntos crímenes que se cometan deben ser juzgados estrictamente en el territorio que se realizan. La única excepción son los delitos de DDHH, que son transnacionales, que no tienen fronteras y pueden ser juzgados en cualquier lugar donde se halle el presunto criminal. En este caso, estamos hablando de un «affaire» que tiene que ver con un tema económico, en el cual las personas hacen un contrato civil, financiero, en el cual Armando no es en modo alguno ni beneficiario, ni parte. Simplemente es un asesor financiero que había sido requerido a los efectos que diera su opinión o pusiera en contacto, como si fuera una suerte de intermediación. O sea no tiene absolutamente nada que ver, no es arte ni parte con el negocio en sí mismo.

El denunciante es un ciudadano panameño, que, a sabiendas que en EEUU no iba a correr con la suerte del caso para lograr sostener a Armando preso, elaboró una denuncia y la formuló por sí y por interpósitas personas, en un Juzgado de Panamá.

 

­Da Silva Tavares es detenido y privado de libertad cuando arriba a Panamá por la denuncia de este empresario.

 

RT ­Exactamente. No sólo es un empresario, sino que es un abogado panameño muy vinculado a las esferas de poder de Panamá y evidentemente juegan allí muchas cosas en contra de Armando, siendo un ciudadano extranjero, no residente, que no tiene familia en Panamá, que no tiene base ni medios económicos para permanecer allí. Se le hace bastante difícil poder defenderse.

 

­¿Usted dice que la Justicia panameña está siendo presionada?

 

RT ­No lo digo yo, lo dice mi cliente. Lo dice la familia, que ha sido amenazada telefónicamente, porque hay una denuncia formulada por la ex esposa (Alicia Bongoll); se estaría pretendiendo extorsionarla, a los efectos de encontrar una solución económica, que es totalmente ajena y que es imposible porque la solicitud no tiene razón de ser.

 

­Además del arresto y la privación extensiva de la libertad en Panamá cuando el supuesto delito fue cometido en EEUU, ¿cuáles son las irregularidades en el proceso judicial panameño?

 

RT ­Hemos constatado a través de los expedientes certificados que el juicio, por lo menos en el cual se lo sostiene preso preventivamente desde hace casi cuatro años sin dictado de sentencia, habría terminado el 26 de marzo del año 2007. Al menos (en esa fecha) se habría agotado toda la instancia probatoria y estaría en condiciones de haberse dictado una sentencia. Empero, sin haberse dictado sentencia alguna, se dispone en el mes de julio una acumulación de procesos, es decir incluir dentro de esta causa otros procesos a los efectos de enlentecer el dictado de una sentencia o postergarla prácticamente de forma indefinida. Esto es violatorio del artículo 518 del Código del Proceso panameño y al mismo tiempo es violatorio del debido proceso legal, consagrado constitucionalmente en Panamá.

 

­¿Cuáles han sido los caminos legales para recurrir este proceso iniciado ante la Justicia panameña?

 

RT ­Armando ha tenido dos defensores en el transcurso de estos cuatro años, por razones estrictamente económicas, porque no tiene medios para poder hacer frente a esta situación. Los abogados han planteado diversos recursos. Han planteado «habeas corpus», en los cuales, de los tres procesos existentes, se obtuvo la libertad, salvo en el proceso del Juzgado del 4º Circuito Penal de Panamá, del doctor Silveiro Rodríguez. Así también se han planteado distintos recursos de índole procesal a los efectos de evitar que se acumulara un proceso con otro, dilatando en exceso el fin del proceso.

La posición de Armando es: «Yo quiero una sentencia, una sentencia justa, imparcial, que esté desprejuiciada de cualquier contaminación». Si el hecho de no haberse dictado sentencia en tiempo y forma sucediera en el Uruguay, obligaría automáticamente a que el juez que está interviniendo no pudiera intervenir más y sería derivado a otro juez para que dictara sentencia. En Panamá existe algo similar. Tanto es así que incluso cuento con la documentación necesaria para probar la dilatación en exceso del proceso para el dictado de la sentencia, y que se dictó esa acumulación en contra del derecho de defensa del debido proceso. (Durante una visita a Panamá) encontré la receptividad de Maruja Galbis, secretaria del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Dr. Mitchells, acompañada de la directora de la Dirección de Asuntos Penitenciarios ante la CSJ de Panamá, Yaribel del C. Medina, quienes me escucharon muy atentamente todos los tópicos de este proceso, a nuestro juicio con determinadas irregularidades de peso. Finalmente debí elevar por escrito, vía mail, una queja formal de toda esta situación, la cual, al ser puesta en conocimiento del presidente de la CSJ, se dispuso una investigación a cargo de un juez superior respecto de lo que estaba sucediendo en ese Juzgado.

 

­¿Cuándo podría concluir la investigación?

 

RT ­Esto comenzó en octubre, cuando estuve personalmente en la CSJ de Panamá, pero aún no hay respuesta.

 

­¿Existe la posibilidad de recurrir ante organismos internacionales?

 

RT ­Existe. Pero estamos esperando una reacción positiva. Le dije (al juez Silveiro Rodríguez durante un encuentro en Panamá) que pretendíamos evitar llegar a ese punto. Que estábamos allí solo para verificar la situación.

La queja o la demanda ante la CIDH va a ser implantada en la medida que no exista justicia en un plazo razonable, pese a que estamos ya muy pasados en los tiempos.

 

­En el plano familiar, ¿dónde está recluido Da Silva Tavares y cuáles son las condiciones de esa reclusión?

 

Alicia Bongoll ­El está muy bien en donde está, entre comillas. Todo lo relacionado al complejo carcelario «Renacer» es impecable: el
trato que tiene, los funcionarios, todo está muy bien dentro de la situación. Ahora hace cuatro años que no ve a su familia. Todavía tenemos una hija menor de edad que hace cuatro años que no ve a su padre y que me pregunta si lo va a volver a ver. Ella ya está en condiciones de preguntarme qué pasa con los derechos humanos: ¿para unos sí y para otros no? Todo eso es muy complicado de explicar.

Tengo dos hijas, una está becada en EEUU, lo cual no significa que no quiera ver a su padre.

Armando además tiene otros dos hijos de su primer matrimonio, grandes, casados, con hijos, pero todos estamos imposibilitados de hacer nada, porque nadie hace valer el pacto de San José de Costa Rica. Yo tuve que mudarme por las amenazas de uno de los denunciantes, que si yo no pagaba medio millón de dólares, ellos manejaban la Justicia, a tal punto que me llamó el Dr. González Basso (abogado de José Borrell).

Además, la defensa de Armando pidió investigar los fondos de uno de los denunciantes, José Hernández, que dice ser ciudadano panameño y tiene ciudadanía americana, que trabaja en la Embajada norteamericana en Panamá y que todavía ni el Juzgado ni la Fiscalía hicieron nada por la denuncia de lavado de dinero. Nadie hizo nada.

 

RT ­(José Hernández) fue denunciado, incluso, por el licenciado Olmos en su sentencia absolutoria cuando concedió el sobreseimiento total de la causa, y al mismo tiempo fue dispuesto en otro proceso que está acumulado ahora en el Juzgado del licenciado Silveiro Rodríguez. Está dispuesta la investigación sobre los fondos con los cuales presuntamente habría realizado esa operación financiera, y no se ha hecho nada. No hay ningún progreso desde ese punto de vista tampoco.

Si esto ocurriera en Uruguay, estaríamos en condiciones de afirmar que el juez no está dando cumplimiento con lo ordenado, y lo más importante, con el debido proceso legal.

 

AB ­Partamos de la base que Armando fue detenido en Panamá, estando como turista, porque había ido por otros motivos. Sale del hotel, y fue como «Vicio en Miami», diez patrulleros, lo tiraron arriba del capó, lo esposaron como si fuese un terrorista internacional buscado por la Interpol, por el que se pedían millones de dólares por recompensa.

 

­¿Usted piensa que hay un trasfondo político en el caso?

 

AB ­Por supuesto. Hay uno de los denunciantes que es pariente de un alto jerarca del Ministerio del Interior, por ejemplo. Además, uno de los denunciantes y la señora son los dos abogados. La cuñada es miembro de un Tribunal, la amiga de la cuñada, también. O sea hay un peso enorme, por eso me llamaban y me amenazaban. Yo me tuve que mudar.

 

RT ­El denunciante Juan Borrell es abogado y fue miembro de la Fiscalía de Drogas. La esposa de Borrell es abogada. La doctora Eva Cal, cuñada del denunciante, es magistrada en lo Civil. Según mi cliente, hay amistad entre Eva Cal y la magistrada Batista, que tendría que juzgar en Alzada. Evidentemente hay una serie de factores de poder que hacen muy difícil que alguien le ponga fin a esta situación.

No se ha investigado lo del «habeas corpus» y sobre los fondos dispuestos por el juez Olmos.

Tampoco se considera que el denunciante (Borrell) o los demás denunciantes de este proceso, en el que se lo tiene cautivo a Armando, no han iniciado ninguna querella criminal en EEUU.

Resulta muy llamativo. Si estos denunciantes entienden que ha existido una actividad criminal en la cual se desarrolló la firma del contrato con un estudio internacional denominado Sacher-Zelman, una firma consultora de mucho peso en los EEUU y con redes de actuación a nivel mundial, ¿por qué motivo no hicieron la denuncia criminal en EEUU si efectivamente tienen elementos que podrían incriminar a mi cliente? No lo han hecho porque evidentemente no tienen los elementos. Lo único que persiguen es un fin económico a través de un juicio económico. Da Silva Tavares ni siquiera es demandado en el proceso civil realizado por Borrell en EEUU. El juicio en EEUU es sólo contra Sacher-Zelman. Esta claro que los propios denunciantes están reconociendo la incompetencia territorial de Panamá para juzgarlo por ningún motivo. Si existiera competencia, sería en EEUU, pero, como se vio, ni siquiera civilmente se atreven a demandarlo.