Argentina examina a Uruguay en DDHH ante la ONU

El Estado uruguayo deberá defender en Ginebra el próximo 11 de mayo el informe cuatrianual sobre derechos humanos que elaboró para su primer Examen Periódico Universal (EPU), establecido en abril de 2006 como una herramienta de contralor del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La compleja instancia resulta de capital importancia para la administración de Tabaré Vázquez, quien desde su asunción en marzo de 2005 ha modificado los polémicos lineamientos que en materia de derechos humanos habían impuesto los gobiernos que le precedieron desde la salida de la dictadura cívico militar en 1985. En su informe ante el EPU, presentado el pasado 3 de marzo, el Estado uruguayo subraya que en el actual gobierno se incrementó 75% el gasto sobre derechos humanos y que se registraron una serie de avances; entre ellos, la nueva interpretación de la Ley de Caducidad que permitió a la Justicia actuar en crímenes de la dictadura. Sin embargo, el propio documento establece una serie de autocríticas y «debes» en la materia, entre las que incluye los niveles de pobreza e indigencia, la situación carcelaria y de la minoridad, la reparación integral de víctimas y la confección de una serie de informes que Uruguay no ha elaborado desde hace años.

El informe EPU, difundido el 16 de marzo, fue elaborado por la Dirección de DDHH que encabeza la doctora María Elena Martínez en el Ministerio de Educación y Cultura, con apoyo de la Comisión de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de la doctora Laura Dupuy. Desde entonces, distintos actores sociales han realizado críticas al informe uruguayo, en particular porque no se habría cumplido con las directrices generales para la elaboración del EPU establecidas en la resolución 6/102 del Consejo de DDHH, por la cual se exige un amplio proceso de consultas con las organizaciones locales y ONG. La Asociación de Ex Presos Políticos Uruguayos (Crysol) emitió una declaración en la que manifiesta su descontento por no haber sido consultados en la elaboración del informe, sobre el que el gobierno tampoco habría escuchado a los Familiares de Desaparecidos, a la asociación de asesinados políticos, ni a la organización Hijos. Crysol subraya que debe existir un serio compromiso en la aprobación de una ley de reparación integral a las víctimas del terrorismo de Estado y defiende el proyecto elaborador por el jurista Oscar López Goldaracena.

 

Logros y «debes»

Entre los logros señalados en el Informe EPU, el gobierno subraya que en los últimos cuatro años el Parlamento sancionó 590 proyectos de ley de los que 114 refieren directamente a derechos humanos, y que se han ratificado prácticamente todos los tratados y convenciones internacionales en la materia. También se destaca la creación de la propia dirección de DDHH del Ministerio de Educación y Cultura, de la Asesoría de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo y de la figura del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, que aunque fue creado en 2003 recién fue designado en 2006 por el actual gobierno. El informe señala que existe hoy una recolección de firmas para plebiscitar la Ley de Caducidad (aunque no se advierte que el gobierno no apoya la iniciativa), a la vez que anota como logros la aprobación de la aún no reglamentada Ley del Sistema Nacional de Archivos y la creación del no designado Instituto Nacional de Derechos Humanos. También destaca avances y compromisos en la participación social, en la libertad de expresión y transparencia pública.

 

Tres ONG

Sólo tres organizaciones no gubernamentales uruguayas y una extranjera alcanzaron a realizar informes urgentes paralelos al presentado por el Estado uruguayo frente al inminente Examen Periódico Universal que Uruguay deberá afrontar en mayo próximo en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. El Alto Comisionado para los DDHH fue el encargado de hacer un resumen de los planteos del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), el Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y el Observatorio de Políticas Públicas de DDHH en el Mercosur. Las ONG critican que no se haya aprobado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la falta de estructuras y prácticas para adecuar al país a la Convención de Derechos del Niño, la discriminación sobre género, la vigencia de la Ley de Caducidad, la falta de una reparación integral a las víctimas de la dictadura, inconstitucionalidades en la ley de procedimientos policiales, la situación carcelaria, la no derogación del delito de desacato, difamación e injurias y la no despenalización del aborto, entre otros temas.