Los familiares de Nibia accionaron ante la SCJ

Estela Sabalsagaray, hermana de la militante de la UJC Nibia Sabalsagaray, interpuso un escrito ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) presentándose como “tercero coadyuvante” en la acción de inconstitucionalidad impulsada por la fiscal Mirtha Guianze contra la Ley de Caducidad.

El abogado Juan Errandonea presentó ayer el escrito en base al artículo 334.2 del Código General del Proceso (CGP), por el cual se establece que “el tercero coadyuvante tomará el proceso en el estado en que se encuentre y formará una sola parte con la coadyuvada”. Por esta razón si la Corte accede a la solicitud, la hermana de Nibia Sabalsagaray impugnará la norma considerada inconstitucional, junto a la fiscal Guianze.

La presentación de una “tercería coadyuvante la veníamos pensando desde antes del dictamen del fiscal de Corte (Rafael Ubiría)”, pero el mismo “fue una especie de catalizador” para interponer el recurso “aunque nosotros seguimos pensando que Guianze tiene legitimidad” para presentar la acción ante la SCJ, dijo Errandonea. Incluso el escrito presentado ayer “respalda la legitimidad de Guianze para impugnar” la Ley de Caducidad, recalcó.

La familia no es parte del proceso penal por la muerte de Nibia “pero una vez interpuesta la inconstitucionalidad se inicia un nuevo proceso y podemos comparecer como terceristas”, expresó Errandonea.

El escrito presentado por el abogado consta de “doce carillas” y “se divide en tres partes”. La primera argumenta la legitimación de Estela Sabalsagaray para comparecer como tercerista en la acción; en la segunda se hace “un raconto” de la denuncia y de la investigación judicial; y en la tercera se argumenta por la inconstitucionalidad de la norma, dijo Errandonea.

La investigación presumarial por la muerte de Nibia Sabalsagaray “ingresó en un punto muerto” porque “se descartó la hipótesis de participación de civiles y todo apunta a la responsabilidad de militares”, amparados por la norma cuestionada. Asimismo, se detalla las contradicciones en el testimonio de los militares y el resultado de la Junta Médica del ITF.

La base jurídica argumenta para cuestionar la Ley de Caducidad, en tanto, se basa en las discordias de los ex ministros de la SCJ, Nelson García Otero y Jacinta Balbela, en la sentencia de mayo de 1988, por la cual se consideró constitucional la norma por tres votos a dos. Asimismo se utiliza la postura de la CIDH por la cual se consideró a la ley 15.848 como un escollo para la Justicia uruguaya para indagar las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.