SCJ trasladó a juez de Aduanas tras lapidario fallo de Fiscalía

Pini pasará a desempeñarse en la Unidad Coordinadora del Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial uruguayo, una oficina del máximo órgano del Poder Judicial, según pudo saber LA REPUBLICA. La sustituta de Pini sería la actual jueza Civil, Graciela Pereyra.

La intención del traslado es que el ex juez de Aduanas aporte «como técnico a las transformaciones del Poder Judicial en procura de mejorar la gestión», entre las que se encuentra el nuevo sistema de notificación por software y otros avances técnicos de gestión, indicaron fuentes de la Corporación a LA REPUBLICA. «Para impulsar esas transformaciones se requieren cambios en la normativa y para ello es necesaria la colaboración de operadores judiciales», señalaron. Gustavo Pini se desempeñó durante diez años como juez de Aduanas y solicitó su traslado en diciembre de 2008, «por motivos estrictamente personales». El nombre de Pini, más allá de su amplia trayectoria en la judicatura nacional, se hizo público en los últimos días tras radicar una denuncia penal contra el director Nacional de Aduanas, Ricardo Prato. El traslado del juez pone punto final a un fuerte entredicho con el director de Aduanas Ricardo Prato, a quien Pini denunció penalmente como responsable de ocultar información a la Justicia. El magistrado incluso se había apersonado ante el Ministerio del Interior a reclamar la conducción de Prato por la fuerza policial, lo que generó un grave incidente con abogados de dicha cartera. La denuncia expresa que Prato ocultó que slots del Casino Parque Hotel y del Hotel Casino Carrasco están inmovilizados a disposición del Juzgado y le prohibió a funcionarios aduaneros informar de la existencia de máquinas tragamonedas sin documentación y en presunto contrabando. Prato desmintió la información y presentó un recurso. En el puerto de Montevideo permanecían ayer inmovilizados alrededor de una veintena de contenedores, a la espera de que la Justicia penal autorice a la DNA su inspección. La Fiscalía de Aduanas criticó, en duros términos, una resolución del hasta ayer juez de Aduanas, Gustavo Pini, por la cual se prohibió la apertura de tres contenedores «en tránsito» para determinar si la mercadería depositada en su interior se encontraba en infracción.

La fiscal Laura Llambí consideró que le «asiste razón» a la Dirección Nacional de Aduanas, en cuanto que el juez de Aduanas «no tiene competencia para pronunciarse sobre la forma en que deben desarrollarse las operaciones aduaneras», por lo cual solicitó «revocar la resolución impugnada». El juez Pini «interfirió» en un procedimiento de funcionarios aduaneros sobre tres contenedores «en tránsito» con «perfil de riesgo» impidiendo su apertura, por fuera de su competencia, indica el dictamen de la fiscal Llambí al cual accedió LA REPUBLICA. La operación «resultó frustrada en ese momento y en los sucesivos, porque es presumible que los tres contenedores, tan celosamente protegidos (por la resolución), habrán seguido su camino a través del territorio nacional, sin control de su contenido», asevera la fiscal. La normativa dispone que los Juzgados de Aduanas tienen competencia en «el conocimiento de los asuntos relativos a infracciones aduaneras», sin embargo el magistrado prohibió la apertura de los contenedores, sin que se haya denunciado «ninguna infracción aduanera» que habilite su actuación, expresó la fiscal. Asimismo, se desconoce «el origen de la mercadería, el destino y qué se declaraba en la documentación, de modo que se ignora qué pudo haber invocado el señor despachante de Aduana, para lograr que el propio juez se constituyera en el recinto portuario e impidiera la operativa de los funcionarios aduaneros», dice la fiscal.

Además, «no se conocen antecedentes de que un juez de Aduana se haya constituido en dependencias de la DNA con el propósito de frustrar esos operativos, ni que haya tomado una intervención como la que motivó la comunicación del despachante». Por todos esos motivos, la fiscal solicitó revocar la resolución del juez Pini.