Gregorio Alvarez y Gavazzo  sufren "amnesia selectiva"

Javier Barrios Bove, abogado patrocinante en la denuncia por el homicidio de Cecilia Fontana de Heber, en setiembre de 1978 con vino envenenado, dijo ayer que los militares Gregorio «Goyo» Alvarez y José Nino Gavazzo sufren de «amnesia selectiva» al momento de declarar ante la Justicia.

Alvarez y Gavazzo «sufren de amnesia selectiva, no se acuerdan de nada o se acuerdan de algunas cosas», dijo Barrios Bove tras culminar la extensa sesión de interrogatorio liderada por la jueza Penal de 9º Turno, Gabriela Merialdo, a la cual fueron sometidos los dos militares, en calidad de testigos.

Alvarez y Gavazzo «no manejaron nombres» y se limitaron «exclusivamente» a contestar las preguntas sobre el caso «vinos envenenados», aunque de sus declaraciones «no pudo extraerse información de mayor relevancia», explicó Barrios Bove.

Sin embargo, la semana de interrogatorios, que se inició el pasado lunes con la comparecencia de los periodistas Roger Rodríguez y Alvaro Alfonzo, continuó el martes con la declaración de las víctimas del atentado, Luis Alberto Lacalle, Carlos Julio Pereyra y Luis Alberto Heber; y se extendió los días sucesivos con el testimonio del ex juez Juan Carlos Larrieux, el ex fiscal Martín Salaverry, el ex director de Homicidios, Yamandú Castro, y ex funcionarios de la DNII, «sirvió de mucho», consideró el abogado. Los testimonios recabados permitieron «confirmar y descartar» hipótesis sobre el crimen, sus responsables y el móvil por el cual fue perpetrado, resaltó Barrios Bove. Sin embargo, «habrá que contrastar las declaraciones (vertidas ante la Sede) con los documentos» para determinar los futuros pasos a seguir en el expediente, señaló el abogado. En función de ese trabajo se podrán determinar nuevas citaciones y la introducción de nuevas medidas probatorias, estimó.

La comparecencia de Alvarez y Gavazzo ante la jueza Merialdo se inserta dentro de la situación de interna de las Fuerzas Armadas en 1978.

La lucha de poder interna dentro de las FFAA implicó que el entonces director del SID, general Amaury Prantl, y el jefe del Departamento III del SID, mayor José Nino Gavazzo, editaran una publicación clandestina denominada «El Talero», donde acusaban al «Goyo» Alvarez de «traidor» por mantener contactos con Ferreira Aldunate en procura de una reapertura democrática.

Ambos militares fueron sancionados por las afirmaciones de la publicación. La disputa interna en las FFAA y la oposición de grupos de ultraderecha nacionalista a cualquier intento de negociación en procura de una reapertura democrática, continúan siendo las principales hipótesis del caso. Las sucesivas investigaciones revelaron algunos pormenores del atentado y apuntan a una posible acción de policías y civiles ultranacionalistas fomentados por la Embajada de EEUU.