Reclaman "seriedad" a oposición
Para el ex subsecretario del Ministerio de Interior, Juan Faroppa, la oposición política del gobierno no ha lanzado, hasta el momento, «propuestas concretas» ni «nada novedoso» para aportar a la agenda sobre inseguridad, tema en el cual «se está en campaña electoral desde hace varios años ya». «Era evidente que iba a suceder esto, como pasa en muchos países del mundo», ya que «los temas de seguridad tienen alta demanda en los discursos políticos porque generan adhesiones electorales», explicó Faroppa a LA REPUBLICA, comentando «no haber visto hasta ahora cosas concretas y novedosas, más allá de algunos temas de alto impacto emocional y comunicacional, como lo son la mano dura y la edad de imputabilidad».
El ex subsecretario, que encabeza el grupo temático de esta área, en el equipo de trabajo del precandidato presidencial Marcos Carámbula, dijo que es «un debate oportuno», pues es uno de los asuntos «que más preocupación genera entre la gente», y por ende «demanda una respuesta por parte del sistema político».
Aunque aclaró que «los actores políticos tienen que encararlo en la justa medida», debiendo ser abordado «con seriedad y con responsabilidad, con propuestas serias sobre las que se pueda debatir, con propuestas técnicas aportando soluciones para discutirlas, y teniendo en cuenta de no llegar al extremo de la situación, de generar un clima de pánico o de alarma pública».
«Si bien han crecido los índices de violencia y delincuencia en el país», dijo, éste «es un fenómeno que se viene dando en forma sostenida desde la recuperación de la democracia hasta ahora», a lo que se suman «situaciones serias y dramáticas en el país».
Según Faroppa, una serie de medidas que se están implementando desde el Ministerio de Interior «tienen que seguir siendo desarrolladas».
No obstante, dijo que, en las cuestiones a mejorar, «hay que estudiar el despliegue territorial de la Policía», «seguir la profundización de los procesos de profesionalización de la Policía». También apuntó que es ineludible «optimizar la infraestructura, al igual que los recursos técnicos», además de «actualizar el marco jurídico». Indicó también que deben «trabajarse con mucho rigor las políticas de prevención primaria, secundaria y terciaria, que requieren destinar fuertes recursos, tanto económicos como humanos, y fuertes asociaciones del Estado con organizaciones de la sociedad civil y con el sector privado».
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